Carta abierta de un abogado del Estado

Soy abogado del Estado en servicio activo desde hace más de 20 años. Escribo esto a título exclusivamente particular, y no doy mi nombre porque no quiero que se me identifique.

Los abogados del Estado no somos un órgano judicial independiente. Somos funcionarios públicos y abogados, sin que pueda decirles qué aspecto de estos dos prevalece más a la hora de realizar nuestro trabajo. Con pleno respeto a la Constitución y a la ley, tanto si partimos de la condición de funcionarios como de la condición de abogados, se llega al mismo punto: nuestra responsabilidad es el cumplimiento de nuestras obligaciones desde la lealtad, lealtad a nuestra función, al servicio público y a nuestro cliente, que en este caso es la Administración pública.

Estamos insertos en una organización administrativa cuyo máximo órgano de gobierno es el Consejo de Ministros. Son los directivos de esta organización quienes deciden cuál es el mensaje. Y nosotros asesoramos si el mensaje se ajusta o no a la legalidad, y trasladamos ese mensaje. Pero no somos más que el mensajero. Si el mensaje no les gusta, no maten al mensajero.

En el cumplimiento de nuestro trabajo, podemos encontrarnos con el político de turno que quiere, en ejecución de su programa, llegar a un resultado

En el cumplimiento de nuestro trabajo, podemos encontrarnos muchos entresijos: el político de turno quiere, en ejecución de su programa político, llegar a un resultado. Lo primero será ver si el resultado es o no ajustado a la legalidad. Si se ajusta a la legalidad, puede darse el caso de que el camino propuesto para llegar a ese resultado no encuentre encaje legal, en cuyo caso se puede plantear la búsqueda de otro camino que sí sea legal para llegar a aquel resultado. Esto se informa desde nuestro leal saber y entender, y partiendo siempre de que el derecho y la interpretación de las leyes no es una ciencia exacta, sino que admite diversas interpretaciones. Y no es infrecuente que aun habiendo informado lo que se consideraba ajustado a derecho para conseguir el resultado que perseguía el Sr. Político, nos encontremos 'a posteriori' con que los tribunales le quitan la razón a la Administración, en la labor de fiscalización que corresponde a los tribunales de Justicia con respecto a la actuación de la Administración.

Todos los funcionarios públicos tienen la obligación de trabajar en la consecución de los fines que persigue la Administración pública, y de obediencia en el cumplimiento de tales obligaciones, siempre que las órdenes sean legítimas, procedan del órgano competente y no sean contrarias a la Constitución. Y todo abogado tiene el deber de defender a su cliente.

"A lo largo de mi carrera profesional, me he encontrado con situaciones que me tocaba defender y que no me gustaban"

A lo largo de mi carrera profesional, me he encontrado con situaciones que me tocaba defender y que no me gustaban, porque a lo mejor no compartía la razón última que inspiraba esas decisiones. Pero como funcionario público no me corresponde decidir si las decisiones son o no acertadas, sino cumplirlas. La ideología de cada cual se tiene que quedar en casa si eres funcionario público, porque se sirve a la Administración pública con objetividad.

Es injusto atacar a ciertos abogados del Estado por el solo hecho de estar cumpliendo con su trabajo y su obligación como funcionarios públicos. Y se les ataca por motivos única y exclusivamente políticos, cuando en el desempeño de nuestro trabajo, día a día, tenemos que ser apolíticos. Y en ocasiones compartiremos la ideología de quien en un momento determinado dirige la Administración, y en otras ocasiones no la compartiremos. Pero da igual, porque tenemos que seguir cumpliendo con nuestro deber de funcionarios públicos y de abogados: asesorar en derecho y defender a nuestro cliente. Como hemos hecho desde hace 135 años.

TE PUEDE INTERESAR

El abogado del TJUE avisa: prohibir el paro a las empleadas del hogar es discriminatorio

Irene Cortés

Y todo esto incluso respecto de una Administración pública que a veces más que madre es madrastra. Aunque esa Administración pública te trate injustamente, no reconozca tus méritos y no se porte contigo con la misma lealtad que uno, en el día a día, pone en el cumplimiento de sus responsabilidades. Porque en más de una ocasión, a lo largo de tu vida profesional, la Administración te pasa por encima.

Pero sigo en activo por vocación de servicio público, porque creo en lo que hago, y porque creo que sirvo a mi país, no a las personas que eventual y circunstancialmente dirigen la Administración.