Una exsecretaria de Fórum, una multa de 221 M y la subasta de un piso en Boadilla

La Audiencia Nacional le reclama 221 millones de euros "en concepto de responsabilidad civil" y 12.000 euros más "en concepto de multa". Y para intentar recuperar una pequeña parte de esa cantidad, el juez ha ordenado la subasta de una vivienda de 130 metros en Boadilla del Monte por 383.114 euros.

El inmueble en cuestión es propiedad de Belén Gómez Carballo, exsecretaria de dirección de Fórum Filatélico, que llegó a ser la compañía más grande dedicada a la compraventa de España, y que vendía sellos a sus clientes asegurándoles rentabilidades muy elevadas.

Fue la mayor estafa piramidal de la historia de nuestro país, por la que fueron condenadas, además de su presidente, Francisco Briones, 19 personas con penas desde los seis meses hasta los 12 años de cárcel. Así como al pago de cuantiosas multas. Entre los condenados, Belén Gómez Carballo, acusada de haber sido cómplice de delito continuado de estafa agravada y condenada a una pena de tres años y seis meses. Además de la consiguiente multa.

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Para poder cobrar los importes de estas condenas, es habitual que los jueces insten la subasta judicial de las propiedades de los condenados. Ya sean bienes muebles, inmuebles, acciones... Lo que sea. De hecho, cada año, la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa) celebra una subasta de inmuebles o propiedades embargados a condenados por el tráfico de drogas.

En esta ocasión, el objeto de la subasta es una vivienda, situada en una de las zonas más atractivas de la Comunidad de Madrid, Boadilla del Monte, donde los precios han experimentado una espectacular subida en los últimos cinco años, y la condenada, una de las responsables de una de las mayores estafas de nuestro país. Pero no ha sido la única en sufrir el embargo de sus propiedades.

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Hace justamente un año, la Audiencia Nacional convocaba la subasta de un Jaguar, modelo Sovereing V12, propiedad de Joaquín José Abajo Quintana, uno de los abogados del Estado que tenían concedida la compatibilidad, y trabajaba a la vez defendiendo al Estado y como secretario del consejo de Afinsa, compañía que, junto a Fórum, fue intervenida judicialmente en mayo de 2006. Al igual que sucedió en Fórum, sus responsables fueron acusados de estafa y condenados hasta a 12 años de cárcel y a cuantiosas multas.

En su caso, la multa fue millonaria. Más si cabe, ya que fue condenado a pagar 2.500 millones de euros —y otra de 78.000 euros— que debía devolver junto con el resto de directivos a los 190.022 inversores estafados. Aquel Jaguar fue valorado a efectos de subasta en 4.000 euros, si bien, alguien llegó a poner sobre la mesa 5.520 euros.