La libertad de prensa en España, un paraíso legal de poco alcance

Poca libertad de prensa hay que celebrar en este 2017. Esto de acuerdo con los índices más recientes de Reporteros sin Fronteras y Freedom House. Pero la cosa en España, según estos mismos informes, no parece estar tan mal. Algunos medios españoles calificaban de “satisfactorio” el estado de la libertad de prensa en nuestro país al analizar la semana pasada el puesto que ocupa España en estos índices. Es un grado de complacencia que no se corresponde con una realidad donde la censura, la autocensura, las presiones y el clientelismo son el pan nuestro de cada día en muchos de nuestros medios. La solución para cambiar esta realidad pasa por introducir mecanismos de transparencia e integridad en las empresas informativas, pero sobre todo pasa por la convicción general de que para erigirnos realmente en una sociedad libre, necesitamos una prensa libre e incorruptible. Algo tan sencillo. Algo tan difícil.

Es ya tradición que la histórica fundación norteamericana, Freedom House, y la parisina ONG Reporteros sin fronteras (RSF), hagan públicos sus índices anuales sobre el estado de la libertad de expresión en 199 y 180 países respectivamente en la última semana de abril. Unos días antes del 3 de mayo, día elegido por las Naciones Unidas como día internacional de la libertad de prensa. Este año la cosa está que arde.

La libertad de prensa siguió retrocediendo en 2016 hasta su punto más bajo en 13 años, según el informe de Freedom House. Y ésta ha empeorado en dos de cada tres de los 180 países analizados por RSF, registrando todos los estados miembros de la Unión Europea -excepto dos- menos libertad de prensa en 2016 que en 2013. Las tendencias más destacadas por los dos informes son que el derecho fundamental más vinculado a la salud democrática se ha debilitado significativamente en las democracias occidentales, y que los países que hasta ahora habían sido el modelo a seguir en cuanto a ejercicio de buen periodismo se refiere, como Estados Unidos y Reino Unido, han descendido dramáticamente en ambos índices.

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España ocupa el puesto 28 en Freedom y el 29 en RSF. En el primero estamos por debajo de Francia (26), Reino Unido (25), Estados Unidos (23) y Alemania (20). En el segundo estamos curiosamente muy por encima de los dos países anglosajones, donde Estados Unidos ocupa el puesto (43) y Reino Unido el (40). También estamos muy por encima de Francia (39). Habría que hacer un buen análisis metodológico de ambos ejercicios, pero 'a priori' me parece que tiene más fundamento el índice de Freedom. A simple vista en ambos informes se incluyen variables relacionadas con el contexto legal de la libertad de prensa, el nivel de protección que reciben los periodistas, el nivel de pluralismo y el nivel de independencia de los medios.

Si aterrizamos la primera variable al caso español, superamos la prueba con creces. “El sistema constitucional español diseñó un verdadero paraíso para los medios,” escribió en 2015 el periodista y exdirector de 'ABC' José Antonio Zarzalejos en su libro 'Mañana será tarde'. Una reflexión con la que estamos todos de acuerdo. Pero luego en la práctica fallamos. Normal. Ya lo advertía la gran adalid de la prensa norteamericana Hannah Arendt, “sólo una prensa verdaderamente libre puede convertirse en cuarto poder. Que la primera enmienda sea suficiente para proteger esta libertad política esencial es otra cuestión.”

"Sólo una prensa verdaderamente libre puede convertirse en cuarto poder"

Así que ese paraíso legal de los medios, en parte gracias al cual salimos “satisfactoriamente” bien en los 'rankings' internacionales mencionados, no nos sirve en la práctica. En la misma semana en que se hacían públicos estos 'rankings', los medios españoles nos informaban de los detalles de la operación Lezo y la involucración del presidente y director de 'La Razón' en el caso. Un buen ejemplo que pone de manifiesto el margen de mejora práctica del entramado mediático español. Por un lado hemos comprobado cómo habían permanecido en estricta opacidad las partidas de publicidad institucional provenientes de una empresa pública hacia un medio de comunicación. Por otro queda patente que el consejero de la editora de un medio privado es a su vez el presidente de un ente público. Son dos circunstancias que el público, los lectores, tienen derecho a saber, “have the right to know”, como ciudadanos en general y como lectores de 'La Razón' en particular. Así pues, requerimos un mayor grado de transparencia, ya sea voluntaria o legal en la relación entre anunciantes, propietarios y editoras.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) está demandando dicha transparencia hoy, en el día de la libertad de prensa, y Ciudadanos comenzó a trabajar en una ley de transparenciaen la comunicación institucional en la Asamblea de Madrid el año pasado. Estas buenas iniciativas no fructificarán hasta que la sociedad española en su conjunto (incluyendo aquí a ciudadanía, gobiernos y empresas) no interiorice la importancia de una verdadera cultura mediática, que tenga como misión fundamental llegar a la verdad de los hechos, y como activo inquebrantable la credibilidad.