De cómo las 'fake news' salvarán el periodismo

María Ramírez escribió la semana pasada un acertado artículo en el 'Washington Post' sobre las causas de la victoria de Vox en Andalucía. Mencionaba tres, que a mi modo de ver se pueden resumir en dos: la difusión de narrativas emocionales en torno a contenidos de riesgo (nacionalismo, feminismo, inmigración y religión) que polarizan la opinión pública y la falta de contrapesos de unos medios de comunicación débiles.

Muchos predicen la muerte definitiva del David de los medios frente al Goliat de las redes. No les falta razón. Si uno sigue los resultados de las investigaciones que se están llevando a cabo por parte de fiscales, académicos, legisladores y periodistas de investigación a ambos lados del Atlántico desde que en noviembre de 2016 Donald Trump ganara las elecciones a la Casa Blanca, llega a la conclusión de que el periodismo, la piedra angular de nuestra democracia, es la historia de una muerte anunciada.

Opinión

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¿Cómo competir con el estoicismo de la verdad racional de los medios de comunicación contra las narrativas emocionales de las redes que explotan las fricciones históricas de una sociedad? ¿Cómo frenar el impacto de una cuenta falsa de Instagram llamada @army_of_jesus_ first creada para difundir 'memes' que asocian a Trump con Jesucristo y a Hillary Clinton con el diablo? ¿Cómo impedir la proliferación de páginas web falsas dirigidas a exaltar el odio racial?

La evidencia de cómo determinadas organizaciones vinculadas a intereses políticos han venido utilizando estrategias de 'marketing' y de manipulación ilícita de datos para influir en la opinión pública y en los votantes nos alerta del peligro que supone para la democracia la desinformación descontrolada. Este fenómeno se describe con todo tipo de detalles en los últimos dos informes encargados por el Senado de los Estados Unidos a expertos en ciberseguridad y datos, que han visto la luz estos días. Ambos informes confirman la intención del Kremlin de influir en los procesos electorales norteamericanos a favor de Trump a través de la compañía Internet Research Authority o IRA. Como aseguró ayer al 'New York Times' una de las autoras de uno de los dos estudios, Renee DiResta: “Tensiones raciales y sentimientos de alienación existen en América y han existido desde hace décadas. El IRA no las crea, sino que las explota”.

Concluimos por tanto que la propaganda política e institucional campa a sus anchas en internet y que lo hace de la misma manera y con la misma sistemática en todo Occidente. En primer lugar, los entramados son totalmente opacos. En la primavera de 2018 se desveló que Cambridge Analytica, una empresa de análisis de datos financiada por el norteamericano Robert Mercer y dirigida por Steve Bannon, exjefe de campaña de Trump, había logrado acceder ilícitamente a los datos personales de 50 millones de usuarios de Facebook para diseñar anuncios customizados de gran sesgo político (originando procesos de desinformación, 'fake news', etc.) en el referéndum británico y en las presidenciales norteamericanas.

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El mismo Mercer hizo aportaciones a la web Leave.eu durante el Brexit, pero no hay constancia de las mismas en ningún registro. En segundo lugar, no hay un sistema que compruebe un mínimo de veracidad de los anuncios políticos que se difunden en las redes. En este escenario, de poco sirven medidas aisladas, como los límites que las leyes electorales establecen a las aportaciones que los partidos políticos locales pueden hacer a los medios de comunicación en periodos de campaña para evitar la manipulación de la opinión pública. Tampoco sirven de mucho los esfuerzos de los medios, con independencia de su grado de independencia, integridad y credibilidad (es decir, en este sentido, da igual que sea el 'Diario de Sevilla' o el 'New York Times'), en publicar la verdad de los hechos.

Pero sí que podemos llegar a ver la luz al final del túnel si continuamos avanzando en los varios frentes estratégicos: que los estados continúen con las investigaciones que evidencian el fenómeno de la desinformación en redes, sobre todo en ciclos electorales, y que lleven a cabo campañas de pedagogía sobre lo que es desinformación y es noticia entre la ciudadanía; que las leyes electorales establezcan límites a la publicidad que los partidos políticos destinan a redes sociales en periodos de campaña, al igual que ocurre con los límites que se exigen a la publicidad destinada a prensa y radio; que se llegue a un consenso a ambos lados del Atlántico sobre cómo han de regularse y autorregularse las plataformas tecnológicas; que los medios alcancen modelos de negocio sostenibles y que apuesten por recuperar su credibilidad ofreciendo información no solo veraz, sino también atractiva.

Por ello, frente a los que vaticinan la muerte de los medios como su único destino posible, yo estoy del lado de los que opinan que todo este fenómeno de la desinformación y de las llamadas 'fake news' salvará en última instancia al periodismo.