El riesgo de ser el primero en moverse

Carles Puigdemont necesita que Mariano Rajoy aplique este sábado el 155 antes de hacer aprobar la DUI (declaración unilateral de independencia) en el Parlament, y Mariano Rajoy necesita que Carles Puigdemont apruebe la DUI antes de aplicar el 155 en el Senado. Por el orden que se quiera, pero llegados a este punto, los dos necesitan el paso previo y paralelo del otro para justificar y legitimar el suyo.

Y así estamos, una vez llegados hasta el borde del abismo, solo nos queda dar un paso al frente. Queda pendiente la discusión sobre quién fue el primero en llevarnos hasta aquí, sobre quién da el próximo y definitivo paso y, luego, ya discutiremos desde el fondo del barranco, si eso fuera posible.

En este punto, los dos además tienen un problema de efectividad, es decir, de cómo hacer eficaz esas medidas tan extremas, y la solución está en la acción previa del otro. La DUI no será eficaz porque no tendrá reconocimiento internacional, porque creará graves problemas económicos, porque justificaría el 155 y porque, además, su solo planteamiento provocará que el Tribunal Constitucional anule el pleno del Parlament y suspenda a Puigdemont de sus funciones aplicando el artículo 92, lo que, a su vez, podría alterar todo. Así lo admiten voces del PDeCAT. En todo caso, será relevado cuando la próxima semana el Senado apruebe aplicar el 155 y no acabará la semana como presidente de la Generalitat y quizás la acabe en prisión.

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La salida deseada por Rajoy, la de las elecciones convocadas por Puigdemont, se cierra, porque el presidente de la Generalitat necesita el incentivo victimista del 155 previo.

Y el 155 no será eficaz si Soraya Sáenz de Santamaría no logra el control efectivo de los Mossos y de toda la Administración catalana, y no lo será si supone crear un problema político aún más grave para el futuro porque sea visto en Cataluña como una especie de Gobierno de colaboracionistas como el del régimen de Vichy. Y, sobre todo, no será eficaz si provoca tanto daño que aumente el porcentaje de independentistas, si se percibe como algo que legitima la secesión y hace insalvable la brecha. Así lo admiten voces del PP y, sobre todo, del PSOE. Será más eficaz políticamente si antes de votarse en el Senado hay una solemne declaración de independencia que hasta Podemos rechaza.

En esa jugada, paradójicamente coincidente, ambos llevan el escenario al terreno de la hermenéutica o arte de la interpretación de los textos (sagrados). Si Puigdemont no ha declarado la independencia, como es obvio que no ha hecho, podría explicitarlo claramente en sus retóricas cartas, pero no lo hace. Y Rajoy, que sabe que no ha habido declaración de independencia, podría apreciar que los dos últimos párrafos de la última epístola de Puigdemont admiten implícitamente que no ha habido DUI, pero tampoco lo hace. A lo más que llega el presidente del Gobierno es a imponer su ritmo legendario, con la idea de que no hay ningún acontecimiento que requiera un 155 rápido y a la espera de una DUI previa que le ayude a dar apariencia de necesidad ineludible. Para él lo más urgente siempre es esperar.

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“Los de una parte y los de la otra han sido poco directos”, según ha expresado en el Congreso el portavoz del PNV, Aitor Esteban, tan cargado de sentido común como de manifiesto enfado por el bucle.

En el PSOE, destacados diputados aseguran no entender que sin haber DUI se aplique el 155. Y menos que sea con su apoyo y con el riesgo de un desgaste notable, tras una apariencia de recuperación, aunque sea con la ficción de la "intervención limitada", como si fuera posible una operación indolora. "Es un paso del que este país tardará varias generaciones en recuperarse", según una diputada socialista catalana.

¿Qué pasará? El sábado, el Consejo de Ministros aprobará el plan detallado de aplicación del 155, incluyendo un compromiso de elecciones en unos tres meses; Puigdemont podrá mandar alegaciones y decidirá si pospone la DUI; el Senado lo aprobará con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos; el Gobierno intentará hacerse con los mandos de la Administración autonómica; el presidente catalán podría ser apartado del cargo por el Constitucional o con toda seguridad tras el 155, y la política catalana tendrá una realidad institucional intervenida y otra paralela con asamblea de electos, poder social y con presencia en la calle.

En teoría, hasta que vote el pleno del Senado la próxima semana o la siguiente hay tiempo para retirar el 155, pero todo parece indicar que se avanza inevitablemente en la consolidación de esas dos realidades paralelas, como si vivieran en dos universos sin conexión alguna.

Quedamos a la espera de la próxima carta y de su interpretación.