Un Estado complicado y bloqueado por la tensión territorial

Los estados complejos o compuestos son los que tienen un cierto nivel de descentralización territorial, pero con los años, la España diseñada por la Constitución de 1978 ha terminado por ser un Estado complicado, por haber acumulado los problemas de diseño sin resolver ninguno y por haber actuado a golpe de conveniencia para completar mayorías parlamentarias.

Tanto que el eje territorial, el debate sobre esa complicación o complejidad, es el que ha terminado por condicionar la agenda política española en casi todo el periodo constitucional.

Ni la agenda social, ni el debate sobre la izquierda y la derecha, ni la disputa ideológica han dominado la política, y casi todo lo ha tapado la tensión territorial, condicionada por la aritmética parlamentaria. Más que sobre la izquierda y la derecha, se ha debatido sobre el norte y el sur, sobre regiones e identidades, sobre aportaciones y fondos. El bipartidismo en España era teóricamente entre derecha e izquierda, pero casi siempre acababan decidiendo los partidos nacionalistas, soberanistas o independentistas, según se los quiera denominar.

En eso estamos estos días, discutiendo de nuevo sobre financiación autonómica y el cupo vasco, como hace 10 años y como hace 20 años. Y, probablemente, como se hará dentro de 20.

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En el Congreso todo está parado en una legislatura fallida so pretexto de esa complejidad o complicación: Presupuestos, leyes de regeneración, reforma de la Justicia, medidas contra la violencia machista, reforma laboral… No está claro si es una excusa o una realidad, pero no se espera nada de este Parlamento y de la política hasta dentro de unos meses, en el mejor de los casos.

Durante un año, vivimos el espejismo de pensar que los partidos nacionalistas no decidían en la política nacional y que el marco de debate era entre derecha e izquierda o entre el inmovilismo de vieja política y novedad o regeneración. Pero no, duró poco y de nuevo un partido nacionalista como el PNV es el que decide la continuidad de un Gobierno, y el debate territorial y la complejidad del Estado es el asunto que más tiempo ocupa en el Congreso y la vida política.

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Esa complejidad, trasladada a aritmética parlamentaria, es la que hace que, por ejemplo, sean imposibles mayorías alternativas en el Congreso o que alguien pueda plantear una moción de censura contra Mariano Rajoy. A los partidos de izquierdas los separan Cataluña y la política territorial, y la posibilidad de conformar una mayoría diferente se frena por discrepancias como el derecho a decidir o el estigma de pactar con ERC o con PDeCAT. Es decir, mayorías de izquierdas como la de Portugal son imposibles por el debate territorial que todo lo inunda. Deciden los partidos nacionalistas, no el modelo social o económico.

Solo el modelo territorial impidió en 1978 el consenso completo, AP se abstuvo en el título VIII de la Constitución y el debate territorial condicionó hasta el sistema electoral que sigue vigente. Se sigue arrastrando ese asunto pendiente.

En los años noventa, Felipe González eligió pactar con los nacionalistas antes que con Izquierda Unida y José María Aznar lo hizo en 1996 para completar su mayoría. José Luis Rodríguez Zapatero salvó sus gobiernos en minoría con los nacionalistas y Mariano Rajoy, tras eludir el apoyo nacionalista en su investidura en 2016 gracias a la abstención del PSOE, ha alcanzado su estabilidad con el PNV. Y hasta echó mano del PDeCAT, cuando ya estaba subido al proceso independentista, para salvar el decreto de estibadores, una de las muy escasas iniciativas normativas de la legislatura fallida.

La de Rajoy fue la primera investidura sin mayoría absoluta en la que los nacionalistas no tuvieron papel, pero ahora hemos vuelto a la espiral. Por eso, este jueves el pleno vota en lectura única y en trámite exprés la renovación del cupo vasco. Estamos como otras veces: el PNV aprovecha la inestabilidad y el Gobierno concede para sacar adelante los Presupuestos. El repaso de las frases de Rajoy en la oposición, criticando a Zapatero por "comprar" el apoyo de los nacionalistas vascos es elocuente estos días.

No se impulsan medidas contra pobreza energética o dependencia o exclusión infantil en las comunidades autónomas porque se recurren desde el Gobierno central al Tribunal Constitucional y se suspenden.

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No se reforma la Constitución por temor previo a la fuerza centrípeta y a la centrífuga, sin que se dé siquiera opción a escuchar las propuestas de cada uno. Se pone en marcha una comisión sobre el Estado autonómico, con pretensión de ponencia constitucional, sin presencia de los partidos nacionalistas e independentistas, que prefieren excluirse.

Se habla de cumplir la ley como mantra político mientras no se cumple la que señala que hace varios años que caducó el sistema de financiación autonómico y había que haber pactado otro hace tiempo. Se reprocha a los anteriores responsables de la Generalitat que no acudieran en enero a la Conferencia de Presidentes y se omite el acuerdo de aquel encuentro para aprobar ya un nuevo modelo de financiación. Y el Gobierno toma como rehenes a las comunidades y sobre todo a sus ciudadanos para no impulsar esa reforma aplazada e incumplida y para intentar forzar al PSOE a apoyar los Presupuestos con el arma de la financiación en el cuello.

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Y mientras, hay partidos como Ciudadanos que se suben al eje territorial para engordar en las encuestas; el PP no tiene nada que perder en algunas comunidades porque nada tiene, y a otros como el PSOE y Podemos los divide y destroza internamente. Ninguno de esos partidos puede abrirse paso en ese debate para formular propuestas y hacer política.

Así seguiremos, como Estado complicado que somos, y con la perspectiva de mantener el bloqueo unos cuantos meses, posponiendo todo hasta que se aclare el panorama en Cataluña. El nacionalismo (el español y el periférico) no descansa y, mezclado con las tácticas a corto plazo de cada uno, lo tapa todo en forma de bloqueo político e institucional.