Campaña informativa (I)

Ya que parece que a lo más granado de nuestra casta política se le ocurren pocas cosas para sacarnos de la crisis, podrían al menos haber pensado en estimular la participación en las elecciones al Parlamento Europeo, esa cifra que viene menguando sistemáticamente. Las quejas no son sólo del público en general sino incluso de los mismos europarlamentarios.

Ante las escandalosamente bajas cifras de participación se ha llegado a contradicciones conceptuales, auténticas aberraciones jurídicas como las del voto obligatorio que rige en Grecia, Chipre, Bélgica y Luxemburgo. Hilando más fino, un país de tan impresionante tradición jurídica como es Italia decidió que llamaría a la obligación de acudir a las urnas “obligación civil”: pero no nos engañemos: el absurdo de que se obligue a quien es soberano a tener que necesariamente pronunciarse, subsiste. La inversión de términos es inequívoca: ¿quién es al final el soberano? Pues aunque es indudable que el mandato parlamentario en su estructura jurídica se funda en el mandato romano de derecho privado es evidente que le acompaña un plus. Y ese plus no es otro que el de que la relación no se da entre dos sujetos de Derecho privado, ambos en un plano de igualdad por mucho que el dueño del negocio sea el mandante; es que en el caso del mandato parlamentario se da una relación entre un soberano, que es el pueblo, y quienes le están subordinados, sus representantes parlamentarios. Esto es así y no debe dejar de serlo.

A quien escribe se le comentaba el otro día que “nadie compra el discurso de los principios”. Pero también se llegó a la conclusión de que pese a la debacle moral en que parece haber entrado la nación, aún hay muchas personas que creen en unos valores irrenunciables. Dejar de dar el discurso de los principios es callar, consentir, otorgar: y en suma, dar la batalla por perdida. Darlo es una manera de recordar que somos aún muchos quienes creemos en un recto orden moral, ese que está escrito en el corazón de todos los hombres y que en virtud de un proceso de abstracción se plasma en una serie de principios que el orden jurídico debe, imperativamente reflejar, si no quiere convertirse en un exponente de la peor aberración de que es capaz el ser humano; de la bestialidad y la perversión última de la civilización.

Volviendo a las elecciones europeas, una manera de estimular el voto, habría sido la de informar acerca de por qué el Parlamento Europeo es una institución relevante. El mayor interés del público por esta cámara acabará haciendo que sus competencias sean cada vez mayores, lo que introducirá, en cada Estado, un parlamento concurrente con el nacional. Es de esperar que en la limitada competencia que hay en la situación duopolística que se cree, algo se aminoren los abusos del monopolio de la representación nacional que ostentan, hoy por hoy, tantos parlamentos, muchas veces tan poco estimulantes como el propio… y aún peores, como alguno ajeno.

Sin embargo la información acerca del funcionamiento de las instituciones no es el mejor aliado de los políticos. Cuanto más informado esté el ciudadano más crítico, y con razones indiscutibles, puede llegar a ser. El mejor aliado electoral es la polarización: a eso juegan nuestros políticos, al “y tú más”, con el único e innoble fin de exacerbar sentimientos y pasiones primarias. Pero esto en nada le es útil al ciudadano: sólo sirve a quien tiene por objetivo, en algunos casos único objetivo, el maximizar su cuota de poder. Y ese es el político profesional, categoría a la cual pertenecen la mayoría de nuestros actuales representantes.

Esta pequeña serie de artículos que se inicia hoy, buscará dar una información somera pero correcta, acerca del papel institucional de, entre otras instituciones, la del Parlamento europeo. Y se dice entre otras porque no es posible comprender una institución fuera del engranaje de las demás que la rodean. Desde esta columna que se pretende de divulgación jurídica general, se buscará explicar por qué las instituciones europeas son tan extraordinariamente importantes aunque a primera vista, por su lejanía de los ciudadanos, lejanía incluso geográfica, se sientan a veces como algo ajeno al torbellino político diario. Pero no lo son en absoluto y deberíamos ser los propios ciudadanos españoles, y en general europeos, los primeros interesados en poner en concurrencia a nuestras instituciones nacionales con las europeas; en comparar sus resultados en términos de eficacia; en comunicarnos con nuestras instituciones europeas y pensar que son tan nuestras como el ayuntamiento de nuestro pueblo y que a nuestro servicio último están.

Aforismos como “con la Comisión no se juega” no se han ido decantando con el tiempo simplemente porque sí. La Comisión europea cuyos funcionarios, por contrato, están disponibles 24 horas al día, siete días a la semana, es un ejemplo de eficacia en el servicio público. Se estima que la administración nacional media tendría entre ocho y doce veces el número de funcionarios que sirven en la Comisión para el desempeño de un conjunto de tareas equivalentes. Y aunque entre el personal político de la Comisión haya habido casos escandalosos de corrupción flagrante, éstos se han ventilado enseguida. Y sépase que las primeras voces de alarma vinieron del propio personal funcionario que sintió como simplemente inadmisibles ciertas prácticas y así lo puso de manifiesto sin remilgos ni medias tintas e invocando con claridad las normas jurídicas y los principios éticos que se estaban vulnerando.

Pocas veces ha ocurrido esto en España… o en otros países. Ya se sabe: “quien se mueve, no sale en la foto”. Y qué verdad es: cuántos funcionarios no han sido expedientados por nimiedades, trasladados forzosamente so pretexto de alguna extravagancia absurda, tan sólo porque pretendían dar la voz de alarma sobre cuestiones de rampante corrupción, empezando por la municipal. Usted, amable lector, es altamente probable que conozca algún caso… o dos o tres.

Hacer nuestras las instituciones europeas, exigirles estándares de eficacia, eficiencia, solvencia y transparencia es en nuestro interés. Además, no cabe duda que entenderlas como nuestras y como un estándar exigible será un punto de apoyo fundamental para iniciar un camino de regeneración democrática, simplemente urgente en nuestro país y en general, en las naciones del Viejo Continente. Sirva este espacio de divulgación jurídica a dicho fin, bajo la bandera de la libertad, la justicia y la información completa, solvente y veraz que es este diario, ejemplo de lo que debe ser, y nunca debe dejar de ser, el llamado cuarto poder en una democracia: los medios de comunicación.

Las semanas anteriores me comentaron que esta columna más que leerla había que estudiarla. Espero que estos días que estamos de puente haya resultado más sencilla. Pero no se relajen… aunque también es cierto, y con ello se cuenta, que los señores lectores de El Confidencial son los mejores y además, los más listos.