La visita real
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Miriam González

En versión liberal

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La visita real

La visita de los Reyes podría haber sido la oportunidad perfecta para poner a Madrid y Barcelona entre las posibles grandes ciudades de destino de las empresas afectadas por el Brexit

placeholder Foto: El rey Felipe VI preside un encuentro empresarial de cooperación bilateral en Mansion House, Londres. (EFE)
El rey Felipe VI preside un encuentro empresarial de cooperación bilateral en Mansion House, Londres. (EFE)

La semana pasada tuvo lugar la segunda visita de Estado al Reino Unido de nuestra democracia, y la primera del rey Felipe VI. Tres días de discursos, boato y actos institucionales del más alto nivel. Un éxito, no solo por el elenco de imágenes que quedan para la posteridad sino sobre todo porque no se cometió un solo error, ni siquiera al tratar el espinoso asunto de Gibraltar.

Aunque el viaje se había pospuesto dos veces, el azar ha querido que tuviera lugar en uno de los momentos más complicados de la historia reciente del Reino Unido. Los Reyes de España se encontraron con un país sumido en un proceso de declive acelerado en el que, un año después del voto sobre el Brexit, el caos político y económico se han convertido en el pan nuestro de cada día y los británicos ya vislumbran con claridad su más que probable humillación internacional.

A la primera ministra, Theresa May, se la conoce como ‘la primera ministra zombi’. El gabinete de ministros está tan dividido como la oposición, que a su vez está tan dividida como el propio país. Y es que al negarse el partido del Gobierno conservador a abrir la mano en la austeridad a medida que se iniciaba la recuperación económica, muchas familias llevan nada menos que siete años en una especie de ‘rueda de hámster’, trabajando sin respiro pero sin mejorar su poder adquisitivo. El Gobierno estuvo a punto de tener que dimitir por el desastre del incendio de la Torre Grenfell (en el cual a día de hoy el número final de víctimas todavía es incierto) y está ‘a un solo desastre más’ de la dimisión. El hartazgo es tal, que en un país que es profundamente conservador un 40% del electorado está dispuesto a apoyar a un neocomunista, Jeremy Corbyn.

Así las cosas, las empresas se enfrentan a un difícil dilema. Si el partido conservador sigue en el poder, habrá un Brexit que sacará al Reino Unido del Mercado Único y la Unión Aduanera con el resto de Europa. Esto implica tener que pagar derechos de aduana y tarifas, afrontar burocracia y retrasos en las fronteras y tener que cumplir con dos sistemas reglamentarios: el británico y el europeo. Pero si se para el Brexit, como quieren la mayoría de las empresas del país, el Reino Unido acabaría en manos del Partido Laborista con Corbyn como primer ministro, quien dispararía el gasto público y renacionalizaría nada menos que la energía, el transporte, el agua y correos, como ya ha prometido. Es difícil decidir qué es peor. Tal y como uno de los empresarios españoles me comentaba acertadamente en la reciente cena oficial en el Palacio de Buckingham: “Lo peor no es que las dos opciones sean malas, sino el tener que convivir con tal incertidumbre”.

Los efectos de esta situación en las empresas no se han hecho esperar: muchas ya han puesto el freno a sus planes de inversión y han empezado a preparar su desplazamiento a otros países europeos o su reestructuración: Easyjet establecerá un centro de operaciones en Austria. Se rumorea que Goldman Sachs moverá 1.000 personas a Fráncfort y HSBC a París. Fujitsu ha recortado en 1.800 personas su platilla británica. Daiwa abrirá sucursal en Fráncfort y Nomura posiblemente también. Standard Charter y Barclays están considerando reforzar su presencia en Dublín y JP Morgan ha comprado un nuevo edificio de oficinas allí... Como las oportunidades son muchas, la presencia de ministros europeos (franceses, alemanes, irlandeses y holandeses) en Londres está a la orden del día.

Hace falta haber empezado a trabajar las cosas desde mucho antes como parte de una gran estrategia liderada directamente por el presidente

En el caso de España, la visita de los Reyes podría haber sido la oportunidad perfecta para poner a Madrid y Barcelona entre las posibles grandes ciudades de destino de las empresas de servicios financieros afectadas por el Brexit, pero también para poner en el mapa al resto de las ciudades españolas como posible destino para empresas farmacéuticas, aeroespaciales, de automóvil y tecnología.

En esta ocasión no ha podido ser. Y no porque el rey Felipe VI no sea un emisario de primera fila, con su imagen moderna, su aplomo y su perfecto dominio del inglés. Sino porque, para tomar este tipo de iniciativa, el Gobierno no se puede centrar exclusivamente en una visita puntual, aunque sea al más alto nivel, sino que hace falta haber empezado a trabajar las cosas desde mucho antes como parte de una gran estrategia financiera y empresarial liderada directa e intensamente por el presidente del Gobierno. Una estrategia desarrollada con fuerza y con imaginación, para poder dar respuestas a la pregunta que sin duda se harán en los consejos de administración de cualquier empresa antes de considerar desplazarse a España: ¿por qué España?

Ese tipo de estrategia consiste en desarrollar todo un programa coherente y creíble de incentivos y de reformas reglamentarias concretas

Ese tipo de estrategia no consiste en lanzar una campaña de 'marketing' para vender la calidad de vida de ciudades como Madrid, sino en desarrollar todo un programa coherente y creíble de incentivos y de reformas reglamentarias concretas. Ello requiere trabajo técnico, reuniones, viajes, acuerdos con otros partidos políticos… Pero sobre todo requiere amplitud de miras. La amplitud de miras que surge de la ambición de querer colocar a nuestro país al menos un par de peldaños más arriba en el escalafón mundial y de estar convencidos de que España puede y debe ser —junto con Alemania y Francia— un líder, al menos de contrapunto, entre los países europeos.

Pero esa estrategia también requiere por parte del Gobierno mano mucho más dura en la lucha contra el fraude y la corrupción. Porque una pregunta evidente por parte de cualquier empresa que este considerando desplazarse a España para tener la seguridad jurídica y credibilidad reglamentaria que van a perder con el Brexit es: ¿y cómo me garantizan la credibilidad reglamentaria cuando la cúpula de Supervisión del Banco de España y la CNMV han sido imputados y han dimitido hace solo unos meses? Ya nos gustaría a los españoles oír la respuesta del Gobierno.

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