La falacia del 'más Estado'

Una cosa es que de manera coyuntural levantemos los limites al Estado durante esta emergencia y otra que los políticos se aprovechen de una desgracia para intentar ampliar su poder

Foto: Pedro Sánchez, durante su comparecencia del pasado sábado ante los medios. (EFE)
Pedro Sánchez, durante su comparecencia del pasado sábado ante los medios. (EFE)
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Parece increíble, pero es cierto. Mientras estamos sumidos en la peor crisis humanitaria que ha padecido nuestro país desde la posguerra y los muertos ya pasan de 20.000, el Gobierno ha sacado tiempo para librar una batalla distinta a la del coronavirus: la de la ampliación de su propia esfera de poder. No contentos con el enorme poder que tiene la clase política en España, ahora quieren más: más control sobre los ciudadanos y más control sobre las empresas. ‘Más Estado’ es su nuevo lema. El que lo ha descrito de manera más clara ha sido Borrell: "Aumentará la presencia del Estado. Será de forma permanente". E Iglesias nos ha recordado que el Gobierno puede pedir "sacrificios a particulares" por el "interés general". Amparado por la amplísima cobertura que le otorga el estado de alarma, el Gobierno impone medidas intervencionistas tanto en lo económico como en lo social, sin garantizar que sean medidas excepcionales y limitadas a la actual situación de emergencia. Hay cosas que solo puede (y además solo debe) hacer el Estado, pero la acción del Estado siempre ha de estar sometida a los criterios de necesidad y proporcionalidad. Una cosa es que de manera coyuntural levantemos los limites al Estado durante esta emergencia y otra que los políticos se aprovechen de una desgracia para intentar ampliar su poder más allá de esta crisis.

La situación es todavía más inaceptable por cuanto la desgracia que hoy sufren los ciudadanos, las familias, los trabajadores, emprendedores y empresarios no es solo fruto de algo fortuito y sobrevenido, una pandemia, sino que esa desgracia se ha acrecentado por la actuación negligente (tardía, insuficiente e ineficaz) del Gobierno. Si el Gobierno hubiese hecho acopio de material cuando se lo indicó la OMS, hubiese tomado medidas como han hecho otros desde el mismo día en que se produjo la primera muerte por coronavirus y hubiese puesto en marcha un equipo competente para gestionar esta crisis con medidas ágiles y sin mentiras, la desgracia que ahora sufre la sociedad española sería menor. Cuando se produce un temporal y el capitán del barco no solo no logra capearlo sino que contribuye con su negligencia y escasa capacidad de gestión a que el barco se vaya a pique, lo menos que se espera es que no aproveche la desgracia para intentar tomar indebidamente el control de toda la naviera.

Este Gobierno sobrevive gracias a que no se le aplican los baremos de actuación que se exigen a las empresas. En una crisis con 20.000 muertos, a una empresa no se le hubiese permitido intentar justificar los fallos de su gestión escudándose en que la crisis no tiene precedentes. Como bien decía Tony Blair cuando era primer ministro, no es que gestionar crisis sin precedentes forme parte del trabajo del Gobierno, es que es precisamente en lo que consiste ‘el trabajo’ del Gobierno. Ni tampoco se le hubiese permitido a una empresa intentar escaquearse de su responsabilidad echando balones fuera, como está intentando hacer el Gobierno con la Unión Europea; necesitamos más solidaridad en Europa, claro que sí, pero parte de la dificultad para obtener tal solidaridad procede del propio Gobierno: es mucho más legítimo pedir solidaridad cuando has hecho nada menos que 91 reformas, como ha hecho Macron en Francia, que cuando no has hecho ninguna y encima intentas derogar la reforma laboral, como ha hecho Pedro Sánchez; eso sin mencionar los flirteos con la renta mínima permanente: si los alemanes no pagan una renta mínima permanente a sus propios ciudadanos, ¿cómo puede este Gobierno pretender que se la vayan a costear ‘solidariamente’ a ellos?

Amparado por la cobertura que le otorga el estado de alarma, el Gobierno impone medidas sin garantizar que sean excepcionales y limitadas

A una empresa no se le aceptaría iniciar un proceso general de remodelación en plena crisis para desviar la atención mientras los cadáveres están de cuerpo presente, como está intentando hacer el Gobierno con la propuesta de los nuevos Pactos de la Moncloa: España necesita consensuar una reforma económica, política y jurídica, por supuesto; pero lo mínimo que se merecen los españoles, tras años de abuso por parte de los políticos, es que esa remodelación sea seria; y sobre todo los españoles tenemos derecho a poder decidir qué tipo de país queremos con el escrutinio parlamentario debido y no solo a través de la patronal, sindicatos y partidos políticos, sino con una participación social plena: esa negociación ha de ser amplia y serena, y no medio a escondidas, entre unos pocos, mientras la población permanece atrincherada en sus casas y seguimos acumulando muertos.

Muchas empresas están dado lecciones magistrales a los gobiernos sobre cómo se gestionan las crisis. A nivel internacional, la fundación de Bill Gates ha anunciado más fondos para la OMS, a pesar de que ya es el segundo mayor donante por encima de todos los países europeos. Empresas tecnológicas, químicas y farmacéuticas han abandonado sus rivalidades y están cooperando intensamente en la búsqueda de medicinas, vacunas y mecanismos digitales de rastreo de contagios, mientras los gobiernos ni siquiera han hecho intentos de cooperar para atajar la crisis de manera global. A nivel nacional, empresas como Inditex han suplido con creces las deficiencias del Gobierno gestionando el suministro y transporte de material de protección; Mercadona ha garantizado el abastecimiento alimentario de casi la mitad de la población española; las redes españolas han resistido la explosión de demanda provocada por el coronavirus por la inversión de Telefónica en fibra óptica, y hay muchísimos más ejemplos de empresas como estas que han gestionado la crisis sin fallos, aunque para el sector privado esta es también una crisis sin precedentes.

La semana pasada, la encuesta del CIS reveló que prácticamente la mitad de los españoles desconfía de la gestión del Gobierno, a pesar de que en momentos críticos como este los ciudadanos tienden a hacer piña con sus líderes. Quizás el CIS debería preguntar si los españoles tendrían más confianza en un equipo de gestión de la crisis que no estuviese liderado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, sino por personas como Pablo Isla, José María Álvarez-Pallete, Ana Botín o Juan Roig. Casi mejor que Tezanos no plantee la pregunta, porque lo mismo se colapsa el barómetro del CIS. En vez de intentar obtener más control sobre las empresas, más le valdría a este Gobierno aprender más de ellas.

En versión liberal
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