La negación de la Transición no ha empezado con Sánchez

El posible intento de utilización de la amnistía por parte de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder no marca el inicio de la negación de la Transición. Desde que se aprobó la Constitución, todos los partidos políticos españoles que han tenido poder han participado en el proceso de degradación del régimen del 78. Lo que está haciendo ahora Sánchez no es el inicio de ese proceso, sino su corolario.

Yo fui una niña de la Transición. Tuve la enorme suerte de que los primeros años de mi vida ocurrieran durante ese periodo tan optimista e ilusionante de la historia de España. Los que hemos vivido en el extranjero sabemos bien que tenemos que estar agradecidos, porque la movilidad social que experimentamos durante la Transición es algo que muchos otros países no han experimentado nunca. Ver la admiración que todavía hay internacionalmente por la Transición española es un motivo de orgullo.

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Estar orgullosos de la Transición no quiere decir que haya que comulgar con todo lo que se hizo en ella. Como en todo periodo histórico, durante la Transición se hicieron algunas cosas buenas, algunas malas y muchas mejorables. El ambiguo uso de los términos nacionalidades y regiones, que tantos quebraderos de cabeza nos ha dado, o la ausencia de límites a la inviolabilidad del Rey son tan solo dos ejemplos de cosas que se deberían haber hecho mejor. Pero de todo lo que se hizo mal, lo peor, sin duda, fue no establecer en nuestro sistema constitucional una red básica de controles y garantías al poder político. En toda democracia, es indispensable tener controles y garantías básicos. En la Constitución española del 78, falta todo ese capítulo.

Es comprensible que los que pilotaron el proceso democrático no quisieran limitar su poder en ese momento, porque la prioridad era que nada se descarrilara. Pero si el espíritu de la Transición no se hubiese dilapidado en cuanto se aprobó la Constitución, los políticos de la época y de épocas subsiguientes habrían puesto en marcha esos sistemas de control a medida que se iba estabilizando la democracia. Lo que hicieron fue justo lo contrario: aprovechar esa ausencia de controles y garantías de la Constitución para acaparar cada vez más poder, comenzando así un proceso gradual de erosión del sistema democrático que empezó ya en los ochenta y que continúa ahora.

Lo peor, sin duda, fue no establecer en nuestro sistema constitucional una red básica de controles y garantías al poder político

Antes casi de que se secase la tinta de la Constitución, los políticos españoles empezaron a intentar controlarlo todo. Al poder judicial, colonizando el CGPJ con la ley orgánica del 85. A la Administración, a través de nombramientos, promociones y remociones a dedo. A los medios de comunicación, a través de procesos de licencias audiovisuales sin suficientes garantías y a través de la publicidad institucional. A las empresas, a través de una desproporcionada burocracia y sobrerreglamentación que a menudo no cumple más objetivo que el hacer depender la actividad empresarial de sus decisiones. A una parte de la sociedad civil, a través de subvenciones otorgadas sin meritocracia. A otra gran parte de la sociedad, a través de contratos creados con fines clientelares. Y suma y sigue: han politizado organismos supervisores, la televisión pública, muchas televisiones autonómicas, el Boletín Oficial del Estado, el servicio diplomático, los servicios de inteligencia, el organismo de encuestas, ¡han politizado hasta las fuerzas armadas! Casi todos los partidos que han tenido poder en España han intentado poner al servicio de sus intereses políticos prácticamente todo lo que ha caído en sus manos.

Ahora, algunos políticos de épocas pasadas se hacen cruces de que Pedro Sánchez use una figura como la amnistía (que solo debería utilizarse en el interés del Estado) para beneficiarse a sí mismo y a su partido político. Pero de esos barros, estos lodos. El uso partidista de la amnistía y hasta de la organización territorial del Estado no es más que el incremento natural de lo que ellos empezaron. Cuando la politización del sistema es tan abrumadora, politizar una amnistía es tan solo un paso más.

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Hay que agradecerles a esos políticos que al menos ahora se hayan pronunciado a favor de que se vuelva a políticas de interés de Estado. Pero ni se le puede echar la culpa del deterioro solo a Sánchez, ni se puede pretender que el deterioro se va a acabar simplemente evitando poner sobre la mesa una amnistía. Cualquier político español con un mínimo de visión de Estado (y los políticos que se han manifestado la tienen) sabe que la única manera de terminar el deterioro de nuestro régimen constitucional es abriendo un proceso de modernización para explorar los controles y garantías que se utilizan con éxito en otras democracias y adaptarlos a la nuestra, eliminando así ese gran agujero negro del régimen del 78. De momento, ninguno de esos políticos ha tenido la valentía de plantearlo. Ojalá el intento de Sánchez de dar un paso más en el deterioro constitucional sirva para que ahora lo hagan.