La bendita inocencia del comisario Reynders

El comisario Reynders, que es un defensor de la transparencia en el Estado de derecho, debería haber hecho la reunión de Bruselas con el PSOE y el PP en abierto. Así habríamos visto todos cómo los dos partidos que llevan 38 años cediéndose turnos en los intentos de politización de la Justicia española le bailan el agua. El papel que ha aceptado Reynders tiene muchos riesgos: la Comisión está asumiendo un rol de árbitro y moderador del sistema constitucional español que en principio formalmente le corresponde a la jefatura del Estado. Y se está posicionando casi como juez y parte del Mecanismo del Estado de Derecho europeo.

En cuestiones de Estado de derecho, la misión de la Comisión Europea es meridianamente clara: defender los estándares europeos del Estado de derecho. Esos estándares dicen blanco sobre negro que si en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hay vocales que son jueces, a esos jueces los tienen que elegir los jueces. Es decir, que con los estándares europeos en la mano, la única opción de Reynders es declarar que el sistema que se aplica en España, por el cual los políticos eligen a esos vocales jueces del CGPJ, y que data de antes de que España entrase en la Unión Europea, no cumple los estándares europeos. Punto pelota.

El problema se produce porque el bloqueo (de ya cinco años) en la renovación del CGPJ ha dado lugar a un atasco considerable en el nombramiento de jueces en el Supremo y otras instancias. Reynders debería ser consciente de que, como consecuencia de ese atasco, el próximo CGPJ va a ser el más poderoso de toda la historia de la democracia española. Es crucial, por tanto, que ese nuevo CGPJ se elija cumpliendo los estándares de independencia judicial europeos.

Pero, en lugar de ello, a Reynders le han vendido la película de que el atasco de nombramientos solo se puede solucionar si el CGPJ se renueva primero con el deficiente sistema actual (para hacer los nombramientos sin más dilación) y se reforma solo "inmediatamente después". Ello supone que se vuelva a elegir un CGPJ en el que los políticos votan a los jueces, infringiendo así los estándares europeos, pero esta vez con el beneplácito (temporal, eso sí, aunque no se sabe cómo de temporal) de Reynders.

Lo que no le han contado al comisario Reynders es que el atasco en el nombramiento de jueces se puede solucionar sin tener que hacer esa pirula. Y además de forma rapidísima: haciendo los nombramientos de jueces que hagan falta "en comisión de servicio" con relevación de funciones. Así se solucionaría el atasco con esa medida temporal, mientras se reforma con urgencia el CGPJ sin que nadie tenga que incumplir una vez más los estándares europeos de independencia judicial.

Solucionar el atasco con el nombramiento de jueces en comisiones de servicios no es solo algo fácil, sino que abriría los nombramientos definitivos a la competencia de más candidatos. Y eso sería beneficioso para todos, porque a mayor competencia, mayor calidad de la Justicia. Es decir, que aunque luego esos jueces en comisión de servicio no fuesen los de los nombramientos definitivos, seguro que subirían el listón meritocrático, que es algo que le debería agradar a Bruselas. Pero esa posibilidad les haría la pascua al PP y al PSOE, porque desbarataría el pastel de candidatos que supuestamente (todo supuestamente) pudieran tener en mente.

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Al equipo de Reynders se le ha pasado por alto esa posibilidad de hacer comisiones de servicio que se recoge en los artículos 216 bis, bis 2, bis 3, bis 4 y 350 de la Ley Orgánica del Poder judicial. Y es raro que no lo hayan visto, porque el comisario tiene a españoles en su equipo. La más alta funcionaria al servicio de Reynders, por ejemplo, es una española. Aterrizó en la Comisión nombrada directamente en noviembre de 2021 como directora general de la DG Justicia tras trabajar unos años en el Ministerio de Justicia español, entre otros.

Hasta julio de 2021, Reynders le pedía a España simple y acertadamente que reformara el sistema de elección del CGPJ para adecuarlo a los estándares europeos (vean, por ejemplo, el Informe del Estado de derecho del 20 de julio de 2021). Sin embargo, en julio de 2022 eso cambió: en la comunicación de 2022 sobre el Informe del Estado de derecho, la Comisión Europea empezó a pedir primero una renovación del CGPJ (con el sistema actual que no cumple los estándares europeos) y, solo después, "inmediatamente", una reforma. ¿Qué fue lo que ocurrió entre julio de 2021 y julio de 2022 para que la Comisión modificara tan radicalmente su postura? En España no cambió nada significativo, porque la última modificación de la ley orgánica del Poder Judicial data de antes de julio de 2021. ¿Por qué cambió de postura la Comisión en ese periodo de tiempo? ¿Fue ese un cambio de postura consciente por parte de Reynders? Y si fue consciente, ¿sobre qué base jurídica se apoyó la Comisión para hacer tal cambio?

La buena voluntad de Reynders está fuera de dudas. Pero no hay que ser un lince para darse cuenta de que, en politización de la Justicia, el PSOE y el PP se las saben todas. Así que más vale que Reynders espabile y empiece a cuestionar las cosas que le cuentan.