¿Pondrá fin el Tribunal Constitucional al circo del CGPJ?

Para enterarse de lo que de verdad ocurre con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hay que desconfiar de todo lo que se dice, porque detrás de cada posición hay una historia de contradicciones.

En el PP están defendiendo que a los vocales jueces del CGPJ los elijan los jueces, pero cuando estaban en el Gobierno decían lo contrario. Y eso que en su programa electoral del 2011 pidieron por escrito que la elección se hiciese por los jueces. Podrían haberlo logrado fácilmente porque obtuvieron una mayoría absoluta histórica. Pero una vez que llegaron al poder cambiaron de opinión (que lo de ‘cambiar de opinión’ no lo ha inventado Sánchez).

En el PSOE las contradicciones son también épicas. Aunque hablan de ‘regeneración democrática’, ya ni pretenden esconder que pasan olímpicamente de los estándares europeos en independencia judicial. Aunque la Comisión de Venecia y el grupo GRECO del Consejo de Europa (o incluso la Carta Magna de Jueces) nos han dicho que en el CGPJ debe haber una mayoría de jueces y que a esos jueces les tienen que elegir los jueces, en el Partido Socialista eso les entra por un oído y les sale por el otro. Tienen además en sus filas al presidente que desencadenó este lío, Felipe González, que abrió las puertas de par en par a la politización de la justicia con la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 (y de paso provocó un tsunami de aforamientos).

Los españoles estamos tan acostumbrados a los envites políticos a la Justicia que ya ni nos inmutamos. Algún día deberíamos grabar la cara de asombro de otros europeos cuando les explicas que los presidentes del Congreso y el Senado llevan seis años sin convocar la elección para la renovación del CGPJ porque el PSOE y el PP no tienen acuerdo sobre el chanchullo habitual de intercambiarse cromos sobre la lista de los candidatos, pero que lo que nos parece inconstitucional no es que los presidentes de las cámaras no convoquen la elección, ¡sino que no se haga el chanchullo! Claro, que también hay que ver la cara que ponen cuando les cuentas que en España tenemos asociaciones de jueces ¡progresistas y conservadoras! y que participan en la designación de candidatos. O que tenemos abogados ¡en ejercicio! en el CGPJ sin que a nadie se le mueva un pelo.

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El penúltimo capítulo de esta absurda saga es el haber pedido ayuda a Bruselas para que medie entre el PP y el PSOE. Es increíble que estemos consintiendo que un asunto constitucional que concierne a todos los españoles se esté negociando entre la Comisión Europea (a quien no ha elegido ningún español) y tan solo dos partidos políticos españoles. El PP y el PSOE se lo guisan y el PP y el PSOE se lo comen. ¿Para qué van a involucrar al Parlamento, al resto de los partidos políticos o a los propios jueces? Y ya ni hablemos de involucrar a la sociedad civil española, ¡vade retro!

Aunque mucho más alucinante todavía es que la negociación se esté haciendo a puerta cerrada, sin que nadie sepa ni las posiciones negociadoras de cada partido, ni qué se está negociando en cada reunión, ni el procedimiento de negociación, ni las áreas de acuerdo o de desacuerdo, etc. Un estándar de transparencia más propio del Vaticano que de la Unión Europea. Dudo muchísimo que la Comisión Europea se hubiera atrevido a inmiscuirse en un asunto constitucional con tal vergonzosa falta de transparencia si en vez de tratarse de España se tratase de Alemania o incluso de Francia. Saquen ustedes sus conclusiones.

¿Para qué van a involucrar al Parlamento, al resto de los partidos políticos o a los propios jueces?

Es inevitable preguntarse qué pensarán los miembros del Tribunal Constitucional (los de ahora y los del pasado) cuando ven todo este despropósito. ¿Se sentirán responsables de haber aceptado en su sentencia de 1986 que la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85 cambiase el sistema de elección del CGPJ previsto en la Constitución?, ¿Se justificarán a sí mismos diciendo que ya alertaron ellos en su sentencia de que este sistema podría dar lugar a que se ‘distribuye(sen) los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de estos, en cuyo caso el sistema de designación de los vocales sería contrario al espíritu de la Constitución’?, ¿Y se van a manifestar en algún momento confirmando que lo que ellos alertaron ha ocurrido y que por tanto la interpretación que los partidos políticos españoles están dando al sistema de elección del CGPJ es contrario al espíritu de la Constitución?, ¿O qué más necesitan para manifestarse y terminar con este circo?