Con legitimidad democrática, sin legitimidad moral

Sánchez se ha quejado en innumerables ocasiones de que algunos no le reconocen la legitimidad democrática. Desafortunadamente, negar esa legitimidad es algo cada vez más recurrente en regímenes democráticos polarizados. Se la negó Hillary Clinton a Trump cuando, en vez de asumir personalmente su derrota, echó la culpa a la máquina propagandística rusa. Lo hizo después Trump con Biden al acusarle de fraude electoral. Y a Pedro Sánchez se lo han hecho miembros de la oposición, tanto después de la moción de censura a Rajoy, como en esta legislatura. Todas esas acusaciones son inaceptables. Pedro Sánchez es el legítimo presidente de España.

Ahora, ¿puede un presidente del Gobierno democráticamente electo hacer lo que quiera, siempre que no se salga del marco de la legalidad? La teoría política democrática dilucidó esta cuestión hace ya 335 años, que es cuando Locke publicó sus Dos Tratados sobre el Gobierno Civil, la base intelectual de la democracia tal y como la conocemos ahora. El gobierno legítimo surge no solo de alcanzar una mayoría suficiente de votos (legitimidad democrática formal), sino del consentimiento de los gobernados (la 'legitimidad moral'). La democracia no es un interruptor que se mueve simplemente entre el off y el on y lo autoriza todo. Es un rango que implica una valoración del mandato social de los gobernantes para cada decisión que toman, especialmente las importantes de largo alcance. Ese mandato depende de la fuerza de su mayoría, de ser capaz de poner sobre la mesa y liderar un debate social, de solicitar y obtener un mandato electoral específico durante el periodo electoral, etc. Hay un contrato social entre gobernantes y gobernados que es el pegamento invisible que une a toda sociedad democrática. Cuando los gobernantes utilizan su poder formal para abusar los límites morales de su capacidad de actuación, ese contrato invisible se rompe.

Opinión

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Hay muchas maneras de gobernar sin legitimidad moral, aunque se mantenga la legitimidad democrática formal. Gobernantes como Orbán lo hacen recurrentemente y de forma extrema. Otras veces ocurre de manera más camuflada: ¿tenía por ejemplo Boris Johnson legitimidad para optar por la forma más dura posible del Brexit, separando al Reino Unido totalmente de Europa, cuando el referéndum del Brexit se ganó solo por un margen mínimo y con el 85% de los jóvenes británicos en contra? Formalmente sí, pero moralmente no. ¿Tenía Trump, después de haber ganado las elecciones de 2016 pero perdido el voto popular, legitimidad moral para alterar la composición ideológica del Tribunal Supremo americano y provocar una vuelta atrás en derechos reproductivos? Claramente no. ¿Tiene Biden, después de haber ganado por la mínima, legitimidad moral para cambiar los términos de elección de los jueces del Supremo y la inmunidad presidencial? Obviamente, tampoco (que es por lo que está dando marcha atrás). Aunque los gobernantes tengan legitimidad democrática, cuando actúan sin legitimidad moral se produce una grieta en la confianza social. El precio de esa grieta no es solo la polarización, es el desencanto y desapego hacia el sistema democrático. A menudo se tardan décadas en reparar ese daño.

El pacto entre el PSOE y ERC para la elección de Illa en Cataluña incluye una modificación de los principios de financiación de Cataluña que supone un cambio del modelo de Estado. Si Pedro Sánchez reúne los votos parlamentarios necesarios para hacer las modificaciones legislativas pertinentes, tendrá legitimidad democrática formal para aprobar ese cambio. Pero lo que no tiene es legitimidad moral para hacerlo. Su mayoría es ínfima. Está cosida con alfileres con algunos partidos que quieren destruir el Estado. No ha hecho el más mínimo intento de involucrar a la oposición. No ha puesto un debate social, ni amplio ni específico, sobre la mesa. No ha pedido un mandato electoral (ese gran desconocido en la política española) al respecto —al revés, su programa electoral hablaba de un sistema de financiación autonómica que garantizara la igualdad, la solidaridad y la lealtad institucional—. Y ni siquiera ha planteado el debate de frente: ha creado confusión, dejando que sus ministros den mensajes contradictorios mientras él se parapeta bajo el silencio, algo que ha llamado la atención hasta de la prensa internacional.

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Imagino que el presidente y los que le apoyan hallan alivio en que la sociedad no se está levantado en señal de protesta. Quizás incluso interpreten que ese silencio social es sinónimo de aquiescencia. En una sociedad ultradependiente del poder público, es normal que la gente sea reacia a manifestar su desacuerdo abiertamente. Pero eso no quiere decir que la desazón no se esté generalizando.

La sociedad española está muy acostumbrada a dejarse hacer. Hemos visto a casi todos los presidentes de la democracia interferir políticamente en las instituciones —e incluso tolerar la corrupción de sus partidos— sin que ocurra nada. Pero Sánchez está llevando las cosas a otro nivel: está horadando el contrato social que sirve de soporte a todo el sistema. Ningún país prospera cuando el contrato social se rompe.