Mucho plan y poca acción

¿En qué han quedado las amenazas de Pedro Sánchez a los jueces y la prensa? A juzgar por la rueda de prensa del Consejo de Ministros de ayer, en poco. Político ladrador, poco mordedor, sobre todo si su mayoría es minúscula y se siente observado internacionalmente. Si algo llama la atención en el ‘Plan de Acción por la Democracia’ de Sánchez, es que hay mucho ‘plan’ y poca ‘acción’. Desde que el presidente puso sobre la mesa la idea del plan de acción hace ya dos meses, el progreso ha sido mínimo. Vale que uno de esos meses ha sido agosto, pero honestamente, ¡qué suerte tienen el presidente y los ministros de que les paguen por puesto y no por resultados!

A pesar de las terribles y numerosísimas acusaciones de ‘lawfare’ por parte del Gobierno durante todo este año, el plan ni siquiera hace referencia a reformas en el poder judicial. Y con respecto a la prensa, el Gobierno se limita a anunciar una serie de iniciativas de carácter general que se encuadran en el Reglamento Europeo de Libertad de Medios. Es tal el nivel de generalidad, que es imposible discernir si lo que tiene en mente el Gobierno es repetir al pie de la letra lo que dice ese reglamento europeo o meterle mano a la libertad de prensa. El Gobierno ha dejado todas esas cuestiones para ‘mañana, mañana’.

Si el Gobierno de Coalición con la extrema izquierda no se ha atrevido a tocar a los jueces, es porque la prensa internacional anda olisqueando. La opinión pública internacional es como la nacional: hay un momento en el que suena un clic y esa imagen ya se queda en el imaginario colectivo para siempre. La referencia al ‘lawfare’ en el pacto de investidura entre el PSOE y Junts produjo ese clic. Así que ahora están todos mirando a nuestro gobierno detenidamente. Sánchez ha sido prudente dando un paso atrás sobre el lawfare mientras se siente tan observado.

Con respecto a los medios, el Gobierno no ha dado un paso atrás, pero tampoco un paso adelante. A día de hoy, Sánchez no se ha atrevido a delimitar la definición de lo que es un ‘medio de comunicación’ más allá de la definición del reglamento europeo, ni ha ligado el acceso a la publicidad institucional al número de lectores de los medios, como había dejado intuir. Todo sigue en una nebulosa de la que no se conocen detalles ni, crucialmente, plazos, más allá de que lo harán dentro de los ‘próximos tres años’. Hay asuntos (como la transparencia en la propiedad de los medios o en la publicidad institucional) que tienen que ponerse en marcha sí o sí, porque son parte del reglamento europeo. Pero sobre lo que no está en el reglamento (que es lo verdaderamente peligroso), al Gobierno le viene bien mantener la ambigüedad. Es una forma fácil de poner bajo amenaza a los medios sin tener que sufrir el látigo de Bruselas (y posibles acciones judiciales ante la justicia europea) o las críticas de la prensa internacional.

Opinión

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Lo único que está claro es que este plan de acción es un mecanismo para desviar la atención de las áreas en las que el presidente debería sentirse obligado a hacer cambios reglamentarios o autorreglamentarios. Un presidente que ha tenido un caso de conflicto de interés (al menos aparente), que ha tenido un asesor de un ministro en su Gobierno que nunca tenía que haberlo sido, y que ha tenido un ministro que ha incluido en las delegaciones de sus viajes a una persona que nunca tuvo que haber estado en esas delegaciones, se está yendo de rositas. Y lo está haciendo con una burda pirueta: poniendo el foco no sobre esas irregularidades, sino sobre la prensa. Sánchez sabe dónde da, porque obviamente es muy difícil para los periodistas resistir la tentación de dedicar toda su atención a posibles medidas que les pueden afectar directamente a ellos. La rueda de prensa tras el Consejo de Ministros fue buena prueba de esto: hubo solo una pregunta, una sola, sobre conflictos de interés, todas las demás fueron sobre ese plan de no-acción’ sobre la prensa.

Lograr que el presidente deje de desviar la atención y se centre en reforzar las normas en los tres asuntos (conflictos de interés, asesores y delegaciones) que le competen directamente a él, va a requerir un esfuerzo ingente. Pero cada vez que hay una irregularidad, lo mínimo -¡lo mínimo! - es que se refuercen las normas para que esa irregularidad no se vuelva a producir. Desde la sociedad civil estamos haciendo todo lo que podemos para que Sánchez se centre en reforzar esas normas: hemos puesto sobre la mesa un Código Ético del Gobierno, se lo hemos mandado a todos los políticos posibles (incluido el presidente ¡que ni siquiera se ha dignado a contestar!) y hemos empezado una ruta por toda España para conseguir implantarlo. Pero esto no se puede conseguir solo desde la sociedad civil. Es indispensable que la prensa no caiga en la maniobra de despiste del presidente.