Los inspectores del BdE

No era ningún secreto que los inspectores del Banco de España llevaban años quejándose de la injerencia política, por parte de los máximos responsables, a la hora de llevar a cabo su labor de inspección y supervisión de las entidades financieras, especialmente las cajas, y particularmente durante el proceso de fusiones frías, denominadas SIP. La semana pasada, en este mismo blog, expliqué cuáles -a mi juicio- eran las responsabilidades de Rodrigo Rato en la salida a bolsa de Bankia. A Rato se le está sentenciando desde algunos medios de comunicación antes, siquiera, de haberse sentado en un banquillo como procesado. Muy típico de este país: hacer leña del supuesto árbol caído. ¡Qué barato sale en España mentir, inventar, contar medias verdades y buscar cabezas de turco!

Rato ha sido el hacedor del denominado milagro económico español (1996-2004) como vicepresidente y ministro de Economía de Aznar. Efectivamente, tras no ser nombrado sucesor, fue elegido director gerente del FMI, puesto que abandonó pensando -aseguran sus más íntimos amigos- en ayudar a Rajoy en la noble pelea de la oposición y la búsqueda de salidas para una España que tomaba la derivada de la quiebra con el Gobierno del presidente Zapatero. Sin embargo, Rajoy nunca le pidió consejo, ni ayuda, según cuentan sus allegados. Fue entonces Esperanza Aguirre quien le encumbró a la presidencia de Caja Madrid. Desde la entidad financiera, Rato entraba a formar parte del club de los banqueros, aunque años después el presidente Aznar aseguraba que “Rato es un extraordinario político, pero que nunca fue financiero”. 

Desde Caja Madrid, Rato lidió con el Gobierno de Zapatero y con el Banco de España de Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Pero también bregó con el abandono de su compañero de Gabinete, de Congreso, con el abandono del presidente Rajoy y de su “pupilo” Luis de Guindos. Esta historia de desencuentros tiene todo tipo de rumorología popular, y hay decenas de versiones al respecto -que yo no me atrevo a valorar- dependiendo del interlocutor. El caso es que hubo un primer momento, cuando a Rato se le obligó desde el Banco de España a fusionarse en la famosa SIP con otras seis cajas de ahorros, en que se pudo plantar (él sabía que, sobre todo la CAM, era una patata caliente).

Los inspectores del BdE denuncian ahora lo que era evidente: era imposible, literalmente, que el sistema financiero español fuera un oasis dentro del colapso financiero crediticio mundial, con una economía fuertemente endeudada, con perspectivas de recesión global y con crecimiento masivo del desempleo en EspañaPero por aquellos días primaban dos cosas: el mantener el ficticio “mejor sistema financiero del mundo” (PSOE), y el crear una gran caja que uniera las comunidades de Madrid y Valencia (PP). La operación, diseñada por el Banco de España junto con el Ministerio de Economía de Salgado, tuvo además el visto bueno del PP de Rajoy, y de Camps y Aguirre. Rodrigo Rato tuvo una segunda oportunidad de plantarse ante lo que sabía que era un error: la salida a bolsa de Bankia, inducida primero, y obligada después (según él mismo ha declarado en la Audiencia Nacional), por el Banco de España. En esta segunda ocasión, en el ajo ya no estaba solamente la élite política, estaban también la auditora Deloitte, uno de los bufetes de abogados más “respetables” de Madrid y los asesores de dos firmas de análisis de inversión y financieros también conocidos por todos, y que a la hora de cobrar sus dietas argumentaban llegar de la mano del Banco de España. Además, la salida a bolsa de Bankia tenía el respaldo de los bancos colocadores y de la CNMV de Segura. En fin, estaban todos los que, se suponía, mandaban en el país. 

Si, cuando desde el Banco de España le conminaron a salir a bolsa, Rato se hubiera negado, su historia sería otra. En aquellos meses, los inspectores del Banco de España estaban más que cabreados ante la “activa pasividad” de los máximos responsables de la institución en los “apaños” para fusionar cajas “a dedo”, por intereses políticos, y con “enormes deficiencias de solvencia”, tal y como el diario El País descubre ahora. Dicen los que conocen a Rato que no se negó a la salida a bolsa por “responsabilidad con el sistema financiero y España”.  Efectivamente, eso fue un error. Un error que ahora todos vemos, pero que, entonces, sabían y conocían todos (absolutamente todos) los estamentos del Estado, y continuaron adelante con la operación.

Las constantes quejas de los inspectores del Banco de España caían en saco roto, por miedo incluso a represalias de MAFO, de su subgobernador y de los directores generales de la Institución, según denuncian. El tándem MAFO -exsecretario de Estado de Economía de Solbes en el Gobierno del presidente Zapatero- y Javier Aríztegui fue el primer caso en democracia en el que no se pactaba el nombre del subgobernador del BdE con la oposición.

Y ahora que el país sobrevive entre la miseria, ya no hay secretos de estado que guardar, porque estamos en el “sálvese quien pueda”. La misma operación de salvamento con dinero público (vía FROB) de Bankia se ha realizado con el Banco de Valencia, con Banca Cívica para absorber la andaluza Cajasol, con NovaCaixaGalicia, con Cataluña Caixa, con Unim, Caja Mediterráneo, Caja Astur, Caja Extremadura, Caja Cantabria, con Caja Castilla-La-Mancha, etc. El 29 de junio de 2010, el 60% de las cajas habían recibido dinero del FROB para fusionarse. Todos los presidentes ejecutivos de esas entidades tienen nombres y apellidos, en sus Consejos de Administración estaban representantes políticos del PP, del PSOE, de IU, de CIU y de los sindicatos CCOO, UGT, impositores… Y todos votaron a favor de las operaciones de fusión con mayor o menor acierto. En algunas de esas cajas, sus presidentes no tenían sueldo; en otras tenían sueldos millonarios, al igual que sus consejeros; y en todas, sus directores generales tenían contratos extraordinarios. El Banco de España conocía los sueldos de quienes los tenían y las retribuciones de quien tocaba. Y no se hizo nada, pese a que el sistema colapsaba.

En julio de 2011, según Miguel Ángel Fernández Ordóñez, las entidades financieras españolas (incluida Bankia) eran solventes; solo suspendían Banco Pastor, Caja 3, Unim, CataluñaCaixa y la Caja de Ahorros del Mediterráneo, entidades para las que no pedía “medidas adicionales” porque en los test de estrés no se habían computado “ni las provisiones genéricas, ni las obligaciones convertibles necesariamente en acciones”. Es decir, que el Banco de España dio por buenas todas las acciones de recapitalización y por finiquitado el proceso de reestructuración de la parte del sistema financiero de las cajas. Los inspectores del Banco de España denuncian ahora, una vez más, lo que era evidente: era imposible, literalmente, que el sistema financiero español fuera un oasis dentro del colapso financiero crediticio mundial, con una economía fuertemente endeudada -en lo público y en lo privado- , con perspectivas de recesión mundial y con crecimiento masivo del desempleo en España. Era imposible que esas entidades, que habían vivido del crédito exterior para financiar el extraordinario consumo interno, no tuvieran problemas de solvencia. Y era evidente, que, al final, la verdad saldría a la luz.