El independentismo asume la estrategia del 'marianismo'

Hasta el presente, eran unos los que lo fiaban todo a la expectativa de que llegaría un momento en el que el 'soufflé' catalán empezaría a bajar; ahora los otros esperan que el paso del tiempo lo haga subir

Foto: Esteladas en un acto de campaña de Junts per Catalunya. (Reuters)
Esteladas en un acto de campaña de Junts per Catalunya. (Reuters)

Entretenidos como andábamos en adivinar qué imaginativa fórmula acabaría discurriendo Carles Puigdemont para conseguir ser investido 'president' de la Generalitat sin que ello comportara necesariamente acabar dando con sus huesos en la cárcel, terminamos por olvidar la cuestión que más debería habernos preocupado desde el principio, que no es otra que cuál es la hoja de ruta (o el programa, o los planes, o de cualquier otra forma con la que quiera designar sus propuestas de futuro) que tiene pensado materializar el Govern independentista de Cataluña en la próxima legislatura.

Lo primero que hay que decir es que los representantes de los partidos que componen el bloque independentista no le han puesto fácil a la ciudadanía catalana conocer dicha hoja. Durante la reciente campaña electoral, tanto ERC como Junts per Catalunya no parecían tener más objetivo en el supuesto de que gobernaran que, por utilizar sus propias palabras, restablecer el Govern cesado por Rajoy, sin especificar para qué propósito (a no ser que "reparar los estragos del 155" se considere una especificación). Pero en todo caso, y a pesar de que quienes deberían informar de todo ello permanezcan en silencio al respecto, alguna cosa podríamos aventurar, echando mano de la lógica y de la experiencia acumulada.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira. (EFE)
La secretaria general de ERC, Marta Rovira. (EFE)

Por lo pronto, hay algo que debe quedar descartado, y es lo que podríamos llamar una reconciliación con la realidad o, si se prefiere, alguna variante de la afirmación con la que José Luis Rodríguez Zapatero inició el discurso con el que ganó la Secretaría General del PSOE en julio de 2000, aquella célebre "pues no estamos tan mal". Una afirmación de semejante estilo —como en el fondo implicaría el regreso a una cierta normalidad política en el marco de la legalidad vigente— sería leída con toda seguridad como una autoenmienda a la totalidad por parte de quienes han llevado a Cataluña al borde del abismo. A fin de cuentas, estos lo hicieron con el argumento de que peor que con la autonomía no se podía estar.

Pero si, tras haber persuadido durante estos últimos cinco años a la mitad de la ciudadanía catalana de que la situación era literalmente insoportable, a continuación sucediera que, sirviéndose de las herramientas de las que ya se disponía con anterioridad (o, como mucho, mejorándolas en algunos aspectos como el de la financiación, el blindaje de competencias, el reconocimiento de las singularidades de Cataluña, etc.), los problemas pendientes se van pudiendo solucionar, la magnitud del engaño perpetrado alcanzaría dimensiones colosales, incluso para el más incondicional de los independentistas.

El independentismo no puede hacer como si no hubiera mostrado sus cartas, como si nadie supiera que sus reclamaciones tienen doble fondo

Pero que esta vía esté cegada no implica que, necesariamente, el nuevo gobierno independentista persevere y reincida en los procedimientos y vías que intentó en el pasado reciente, con los desastrosos resultados sobradamente constatados, pero sí que continúe en la estrategia de mantener un clima social de permanente crispación a base de buscar la confrontación continuada con el gobierno central en cuestiones sensibles (para unos o para otros). Un anuncio, tal vez no importante pero sí significativo, de dicha intención lo proporcionaba este mismo diario hace algunos días al informar del proyecto del futuro Govern de incautar la sede de la Policía Nacional de Vía Laietana.

Otra variante, tal vez más importante, de esta misma estrategia de crispación es la ya ensayada, con notable éxito publicístico (hasta el punto de que fue un argumento recurrente del independentismo en la última campaña electoral), durante la anterior legislatura con leyes como la de pobreza energética entre otras, planteadas técnicamente de tal manera que estuviera casi asegurado el recurso por parte del gobierno central ante el Tribunal Constitucional y su consecuente suspensión cautelar.

La estrategia —por no decir estratagema— le resultaba ciertamente rentable al Govern de la Generalitat desde el punto de vista político al alcanzar un triple objetivo: en primer lugar, se esquivaba, a base de presentar leyes y propuestas que de antemano se sabían inconstitucionales (por invadir competencias estatales o por cualquier otra razón), la responsabilidad de gobernar y de tener que adoptar decisiones impopulares o costosas desde el punto de vista presupuestario; en segundo, se podía presentar a la carta y sin el menor coste la imagen política que el Govern deseara en cada momento (por ejemplo, muy a la izquierda —a pesar del conservadurismo en lo social del PDeCAT— si ello le convenía para obtener apoyos como los de la CUP) y, por último, se proporcionaba a los afines el necesario combustible para mantener viva la llama del victimismo.

El expresidente catalán, Carles Puigdemont. (EFE)
El expresidente catalán, Carles Puigdemont. (EFE)

Ahora bien, el empeño en buscar a toda costa la prohibición, empeño supuestamente de baja intensidad, sobre todo si se le compara con la DUI y similares, es de consumo exclusivamente interno (ya solo cabe seguir engañando a los previamente autoengañados), pero no está claro que carezca de contraindicaciones, del mismo modo que no queda garantizado que no vaya a dar lugar a efectos no previstos.

La situación actual ya no es la del pujolismo, ni siquiera la del primer post-pujolismo. El independentismo no puede hacer como si no hubiera mostrado sus cartas, como si todavía apenas nadie se hubiera dado cuenta de que sus reclamaciones tienen prácticamente siempre doble fondo o, enunciado a la inversa, como si la atribución de determinadas intenciones secesionistas fuera solo cosa de unos pocos recelosos españolistas mal pensados, o de recalcitrantes centralistas incapaces de asumir con normalidad las demandas de más autogobierno por parte de las comunidades autónomas. Definitivamente, ya no estamos ahí. Y no lo estamos porque el vínculo de la confianza, si no se ha quebrado por completo, ha quedado severamente dañado. No cabe minimizar, mirar hacia otro lado o cambiar de conversación ante un caso de deslealtad tan flagrante como el perpetrado por el independentismo en los últimos meses, y menos cuando dicha deslealtad fue objeto de una rotunda y explícita denuncia por parte del jefe del Estado en su intervención televisiva del pasado 3 de octubre.

Se han alzado algunas voces desde las filas del independentismo reclamando una legislatura larga

Pero, además, ya no estamos en ese lugar mental también por otra razón, si cabe más importante. El independentismo sigue actuando como si la mitad de la ciudadanía catalana no independentista fuera el enemigo a batir o, en su defecto, a ignorar. Continúa planteando las cosas como si Cataluña constituyera una unidad de destino en lo universal, enfrentada a otra unidad simétrica, que sería España. Olvida, o se empeña en desconocer, que esa mitad de la ciudadanía catalana, en sí misma heterogénea y plural, que no desea la secesión, ha abandonado la actitud pasiva y silenciosa que venía manteniendo hasta el presente y, una vez que los independentistas han enseñado la patita de sus auténticas pretensiones (renunciando por completo al gradualismo reformista de antaño), ha pasado a manifestarse molesta, cuando no directamente ofendida, por todas las invectivas, desdenes o incluso insultos que aquellos no dejan de dirigir al presunto enemigo español.

Tampoco debería extrañar la reacción airada: esa otra Cataluña nunca sintió a España como algo ajeno, sino más bien al contrario, como algo entrañable. Sin olvidar, a efectos de refuerzo de toda la parte de la sociedad catalana excluida por el independentismo, que uno de los aspectos más destacables de la mencionada intervención real fue, precisamente, la insistencia en que la jefatura del Estado no iba a dejar a esos catalanes abandonados a su suerte.

Manifestación convocada por Societat Civil Catalana bajo el lema 'Todos somos Cataluña'. (EFE)
Manifestación convocada por Societat Civil Catalana bajo el lema 'Todos somos Cataluña'. (EFE)

De ser cierto todo lo anterior, una consecuencia que se desprendería de que el futuro Govern de la Generalitat mantuviera la estrategia de la provocación permanente (con el inequívoco objetivo de que no decayera el voltaje de la crispación en el seno de la sociedad catalana) sería que la fractura social, a estas alturas no puesta en cuestión ya por nadie, se ahondaría más aún. Probablemente sea a este dejar que la situación continúe deteriorándose, a la espera de que el adversario cometa algún error que lo desgaste (tipo actuación policial el 1 de octubre), a lo que algunos independentistas denominan "ensanchar la base social".

Analizada la cosa con perspectiva, no deja de ser curioso constatar la deriva que han terminado por adoptar los acontecimientos. En estos días se han alzado algunas voces desde las filas del independentismo reclamando una legislatura larga. No sé hasta qué punto son las mismas voces que durante estos últimos años repetían con insistencia el eslogan de signo contrario "tenim pressa" [tenemos prisa]. Pero lo más curioso del caso es que, mientras que hasta el presente eran unos los que lo fiaban todo a la expectativa de que llegaría un momento en el que el 'soufflé' empezaría a bajar, ahora son los otros los que parecen esperar que sea también el paso del tiempo el que lo haga subir de nuevo. Quién nos iba a decir que acabaríamos asistiendo al espectáculo de ver a nuestros independentistas convertidos en los más aventajados discípulos de Mariano Rajoy.

Filósofo de Guardia

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