La financiación local: miles de municipios en apuros

Comentaba en el pasado artículo que para mejorar el Gobierno local hay que avanzar por dos caminos. Por el primero, los Ayuntamientos deben cumplir con las normas de régimen local vigentes, dando ejemplo de transparencia, y el legislador aprobar normas más eficaces, dando ejemplo de oportunidad. Y, por el segundo, hay que conseguir una financiación local que proporcione suficiencia financiera a los Ayuntamientos.

Respecto al primero, algo se ha avanzado. El Consejo de Ministros del pasado 14 de noviembre ha iniciado la reforma del Código Penal de 1995, aplazada en la pasada Legislatura. Entre otras modificaciones, introduce cambios sustanciales en el ámbito de los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo. Es totalmente necesario. En el texto actual hay mucha confusión entre ambos tipos delictivos -que no ha resuelto la escasa jurisprudencia sobre los mismos-. Existen acciones impunes en este ámbito y penas de multa cuya escasa cuantía hace atractiva la comisión del delito con el que se obtienen enormes beneficios. Probablemente en este ámbito la reforma se queda corta. De hecho, por ejemplo, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo propone una excelente iniciativa: tipificar como delito el incumplimiento de la obligación de reserva del 30% del suelo público municipal para VPO. Se tipificaría como un tipo de malversación.

Pero queda todavía avanzar por el camino de la financiación local. El art. 142 de la Constitución española dispone que las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de sus funciones y que se nutrirán de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. Aunque la financiación de los municipios es una asignatura pendiente de nuestra democracia, un déficit estructural, es cierto que en los últimos años los municipios han gozado de buena situación económica. Sus ingresos han crecido por los impuestos (bienes inmuebles, vehículos, licencias de obras y otras tasas) y porque el Estado tenía superávit. Sin embargo, en la actualidad la situación es distinta y peor. Algunos municipios gastan más que ingresan. Otros muchos están endeudados hasta las cejas (si la deuda acumulada de los Ayuntamientos ronda los 24.000 millones de euros, el 2,3% del PIB, el de Madrid, con más de 6.300 millones, supone casi el 30% del total de la deuda y el de Barcelona presenta una deuda de 755 millones de euros). Y otros están al borde de la bancarrota. La situación se ha acentuado por la crisis económica. La caída de ingresos por la construcción ha sido impresionante para todas las Administraciones Públicas, incluidos los Ayuntamientos. El frenazo en la actividad urbanística ha disminuido la recaudación. Los promotores, al no construir vivienda, no piden licencias. Al caer la venta de vivienda no hay recaudación por plusvalías. Las subastas de suelo -ilegales en su mayoría- quedan desiertas.

Hay que tener en cuenta que los Ayuntamientos, por ser la Administración más próxima al ciudadano, prestan algunos servicios que no son de su competencia, sino de las CCAA, y por los que no perciben recursos por parte de estas últimas. Los municipios reclaman unos 7.000 millones de euros por estos servicios que se deberían repartir entre el Estado, las CCAA y los municipios de forma equitativa en una negociación vinculada y paralela. No quieren negociar de forma separada la financiación local de la autonómica. Y tienen razón.

Aunque hay Alcaldes que consideran que están haciendo las tareas de las CCAA y plantean una delimitación competencial que hoy no existe en la práctica, todos, sin excepción, con la FEMP a la cabeza, piden más recursos porque no quieren renunciar a ofrecer unos servicios que siempre han prestado y que los ciudadanos les piden. Muy al contrario, consideran con base en el principio de subsidiariedad, que son la Administración más capacitada y más preparada para prestarlos. Y este es un argumento de fondo, no el único, utilizado por los Gobiernos locales para reclamar una mejor financiación.

Y mientras ésta llega, hay que obtener más ingresos, buscando recursos adicionales. Algunos municipios han subido impuestos (el IAE, el IBI, el ICIO y el de Vehículos), han reducido los servicios básicos (la limpieza pública ha sido recortada, las obras se aplazan, las remodelaciones de entornos urbanos y rehabilitación de viviendas se eternizan; en definitiva, los planes de pensiones y los programas sociales se recortan) y han empezado a  cobrar multas, impuestos y pagos atrasados. Madrid, incluso, ha rescatado la tasa a las basuras. Pero también han optado por un plan de saneamiento (sobre todo, refinanciación de la deuda) y han aprobado planes de ahorro (el PSOE recomendó a sus Alcaldes congelar sueldos y dietas para el 2009, así como los gastos corrientes), recortando gastos y aprobando unos presupuestos austeros y restrictivos. Incurrir en déficit, cubierto con recurso a la deuda,  podría ser un derecho de los Ayuntamientos en estos momentos de crisis, aunque el Gobierno se compromete a aplicar la Ley de Estabilidad “con la flexibilidad que ésta [nos] permita, en línea con lo [que hemos] hecho con las Comunidades Autónomas”.

Pero estos planes dan para lo que dan y lo que se necesita es un nuevo modelo de financiación local. Y la polémica ha aparecido otra vez. Los Alcaldes no están contentos. El Alcalde de una localidad granadina inició en agosto una huelga de hambre exigiendo una reforma urgente de la ley de haciendas locales para incrementar el presupuesto municipal. También se produjo una reunión de las grandes ciudades, no exenta de polémica, que finalizó con la reunión del Alcalde de Zaragoza con los concejales de Madrid y Málaga. No asistieron Barcelona, Sevilla y Valencia. Los pequeños municipios, con menos de 5.000 habitantes, pero representando el 85% de los municipios españoles y con seis millones de personas viviendo en ellos, también plantean nuevas fórmulas de asociacionismo municipal para hacer frente a sus problemas. Incluso los vecinos están creando plataformas ciudadanas luchando contra la subida de impuestos y exigiendo mejores servicios públicos.

Las Cortes Generales también se han pronunciado sobre esta cuestión. La moción consensuada en el Senado por todas las fuerzas políticas al aprobar una enmienda transaccional en la que se insta al Gobierno a mejorar la financiación de los Gobiernos locales cerró otra iniciativa más controvertida en las que el PP llegó a plantear la desvinculación de las dos financiaciones, la local y la autonómica, y la creación de un Consejo de Política Financiera Local.

En el ámbito de los partidos políticos, mientras el PP amenaza con movilizaciones de los Alcaldes si el Gobierno de España no resuelve la financiación municipal, considerando a los PGE para el 2009 “los más antimunicipales de la historia de la democracia” y exige un plan de rescate para los Ayuntamientos similar al de la banca, el PSOE ha pedido a los Ayuntamientos que aprueben pactos locales por el empleo, contengan el gasto público y mejoren las prestaciones sociales.

La propuesta de revisión del modelo de financiación que el Gobierno de España presentó el pasado verano fue valorada por los Ayuntamientos como un paso importante pero insuficiente. No contenía ninguna cifra y sólo recogía los principios que debían inspirar el nuevo sistema: suficiencia global, autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal, fondos de financiación incondicionada, lealtad institucional, transparencia y mejora de la gestión tributaria. Pero, esta semana, el Presidente del Gobierno recibirá a la Comisión Ejecutiva de la FEMP, que acudirá a la cita para “exponer las justas y legítimas exigencias de alcanzar un nuevo modelo de financiación local suficiente, equitativo y estable que permita ejercer las competencias y funciones que la Constitución encomienda a los Gobiernos locales y de elaborar cuanto antes un nuevo Estatuto del Gobierno Local”

Se necesita con urgencia una reforma de las bases del régimen local, un nuevo Estatuto del Gobierno Local y se necesita cerrar un acuerdo de financiación local cuanto antes que dé suficiencia financiera y delimite con claridad el ámbito competencial de los Gobiernos locales.

Esperamos de esta reunión una buena noticia. Los Ayuntamientos tienen derecho.

María Antonia Trujillo.