Otra medida de gracia para los ayuntamientos

El pasado mes de agosto comparecía la Vicepresidenta económica, Elena Salgado, en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados para informar sobre el nuevo sistema de financiación autonómica. En contra de lo que se esperaba, los titulares de prensa correspondientes recogieron que las Comunidades Autónomas debían a las arcas del Estado la nada despreciable cifra de 6.000 millones de euros.

¿Por qué? Pues sencillamente porque la recaudación de impuestos en el Estado en 2008 se había reducido mucho y los anticipos pagados a cuenta de los ingresos que corresponden a las Comunidades por su participación porcentual en los tributos estatales habían sido superiores a lo realmente recaudado, ya que los anticipos se efectúan en función de los ingresos tributarios presupuestados –muy optimistas en los últimos años- y no sobre los realmente recaudados.

Y en 2008 –también en 2007- los ingresos presupuestados habían sido menores que los recaudados. Y así seguirá siendo en el 2009. En el 2010, ya veremos, pero se prevé una caída drástica que podría afectar al funcionamiento ordinario y al número y calidad de los servicios básicos que se prestan a los ciudadanos. Sí adelantó la Vicepresidenta que las Comunidades podrían devolver esa cantidad a la Hacienda estatal en cómodos plazos: cuatro años a partir de 2011.

En 2010 se prevé una caída drástica de los ingresos presupuestados que podría afectar a la calidad de los servicios a los ciudadanos

Difícil papeleta para las autonomías, pero los Ayuntamientos no están en mejor situación. También deben al Estado 1.500 millones de euros como consecuencia de unos anticipos a cuenta superiores a lo recaudado por la Hacienda estatal en 2008. Además, los ingresos directos de los Ayuntamientos, como los de las Comunidades, se han desplomado –se habla de una reducción de un 40% de ingresos- y los costes de personal son muy elevados, suponiendo el 17% del total del gasto -en algunos municipios, más del 80% del presupuesto municipal se dedica a nóminas-.

No ha quedado más remedio. Algunos de los 8112 Ayuntamientos de nuestro país, además de reducir servicios, tienen problemas para pagar las nóminas de sus trabajadores y han recurrido ya a los expedientes de regulación de empleo despidiendo a parte de sus plantillas. Así ha pasado en municipios de Cataluña, Andalucía y Canarias, por poner sólo algunos ejemplos. De los 630.000 trabajadores de las entidades locales, casi 214.000 son funcionarios (un 34%), 371.331 son laborales y el resto (un 7%) funcionarios interinos y personal de confianza.

Esto es, en el ámbito local, excepcionando a los funcionarios de carrera y a los interinos, hay casi 400.000 empleados que pueden ver amenazados sus puestos de trabajo. Resultará paradójico comprobar cómo los Ayuntamientos por un lado crean empleo con el Plan E y por otro lo destruyen. ¿Hasta cuándo? En mi opinión, hasta que en nuestro país se apruebe un sistema de financiación local que dé autonomía financiera a los municipios para el ejercicio de las competencias que les son propias.

Pero, desafortunadamente, no se camina en esa dirección. Sin minusvalorar el Fondo de Inversión Local de 8.000 millones de euros que ha conseguido generar o mantener más de 400.000 puestos de trabajo -algo más de 170.000 nuevos- al tiempo que ha permitido reforzar las dotaciones físicas de todos los Ayuntamientos españoles, no se conoce la efectividad de estas medidas para nuestra economía más allá de esa creación de empleo de forma temporal y la supervivencia durante este año de varias miles de PYMES, 14.000 aproximadamente, que han podido continuar con su actividad.

Para algunos estas medidas son el chocolate del loro o el pan para hoy y hambre para mañana. Afortunadamente, un nuevo Fondo Local, dotado con 5.000 millones de euros, complementará el anterior y se destinará a proyectos de capitalización tecnológica en el ámbito local. Y por si esto no fuera suficiente, el Presidente Rodríguez Zapatero ha anunciado en el Comité Federal de Partido Socialista nuevas medidas de gracia.

Como los Ayuntamientos en este momento atraviesan una situación difícil, en primer lugar, el Gobierno les va a aplazar un año el pago de la deuda de más de 1.500 millones de euros que tienen con el Estado y que devolverán en cuatro cómodos años. La segunda medida permitirá que del Fondo de Inversión Local de 5.000 millones de Euros, un 15%, 750 millones de euros, se destinen, en materia de educación, a gastos corrientes y a inversiones.

Esto es insuficiente si se tiene en cuenta que los gastos corrientes representan casi el 73% del total del presupuesto de gastos de los Ayuntamientos. Ya han salido algunos alcaldes y concejales pidiendo que se destinen a gastos corrientes de todos los sectores. Y yo les pregunto. ¿también en aquellos que han despilfarrado o gestionado mal? ¿Y por qué no plantean una subida de los impuestos municipales como ha propuesto el Alcalde Ruiz Gallardón en Madrid? Eso, sí, empezando porque en el IBI, la contribución urbana, el valor catastral sea el valor de mercado.

Y olvidando, por un lado, la propuesta demagógica de suprimir el ICIO ahora que no se construye y, por otro, de subir el impuesto del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, la plusvalía municipal, ahora que hay mucho inmueble que vender … En definitiva, en nuestro país estamos muy lejos de conseguir una financiación local que ponga orden en el ámbito municipal a la vez que dote a los Ayuntamientos de autonomía financiera. Después de 30 años de democracia local y de tanto oír hablar de gastos impropios y de participación en los ingresos de las Comunidades Autónomas ¿alquien quiere un sistema de financiación local? Probablemente sí, ahora que los Ayuntamientos están sin blanca porque no hay vivienda que construir ni suelo que recalificar.