En urbanismo, lo segundo, no reinventar la rueda (II)

Por fin, el viernes 13 de noviembre, en la habitual rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Ministros, la Vicepresidenta Primera del Gobierno,

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    Por fin, el viernes 13 de noviembre, en la habitual rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Ministros, la Vicepresidenta Primera del Gobierno, Fernández de la Vega, informó sobre la remisión al Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Más allá de unas palabras de la Vicepresidenta Primera del Gobierno, o de las del Ministro de Justicia, Sr. Caamaño, sobre los tipos penales relativos a la ordenación del territorio y del urbanismo, la rueda de prensa pasó sin pena ni gloria en relación con estas cuestiones, eclipsada, otra vez más, por el caso Alakrana.

     

    Aún así, lo importante es que el Gobierno ha cumplido sus compromisos y en unos días aparecerá publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el Proyecto de Ley de reforma del Código Penal, en el cual aparecen nuevos delitos como el cohecho entre particulares y el acoso inmobiliario o algunas modificaciones de tipos ya regulados, como por ejemplo, un especial endurecimiento de las penas en los delitos por corrupción, cohecho, delito fiscal, urbanístico y contra el medio ambiente.

     

    En relación con los delitos urbanísticos la reforma del Código Penal aumentará las penas a los delincuentes urbanísticos e impedirá que sean delitos rentables privándoles de las ganancias. Se castigarán también las obras de urbanización ilegales y se regulará de forma más precisa la prevaricación urbanística. Además, los jueces deberán imponer multas de hasta el triple de la cuantía del beneficio cuando la multa ordinaria no supere el importe de éste y las ganancias obtenidas por el delincuente se decomisarán siempre. Hay que destacar que, por primera vez, se castigará penalmente a las autoridades y funcionarios que amparen las obras ilegales incumpliendo intencionadamente sus obligaciones (el silencio cómplice del caso Andratx). Y se aumentarán las penas de prisión, que podrán ser de hasta cuatro años por cada obra ilegal.

    El Govern, en materia urbanística, propone medidas para hacer más transparentes los procesos de recalificación de terrenos y que los ayuntamientos se beneficien de las plusvalías generadas

    Lamentablemente hemos perdido no sólo casi tres años sino una oportunidad para ir más allá, ya que el texto que se publique en el BOCG tendrá casi idéntica redacción que aquel Proyecto de Ley de reforma del Código Penal que se publicó en el BOCG de 15 de enero de 2007 y no llegó a aprobarse. Confiemos en que no corran idéntica suerte. Y que la supresión que se ha hecho del párrafo 2 del art. 320 obedezca a una buena razón (“Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia”).

     

    También podría parecer que el Govern de Cataluña ha cumplido sus compromisos cuando el pasado día 24, y como respuesta al caso Palau y al caso Pretoria, acordó “impulsar medidas para favorecer la transparencia y un mejor gobierno” en relación con los procesos urbanísticos, las subvenciones a las fundaciones y el control de las cuentas municipales. Pero es sorprendente que estas medidas deban ser presentadas y debatidas con el mundo local y los grupos parlamentarios. Teniendo en cuenta que conllevan una reforma legal, ¿cuándo entrarán en vigor? Y es más sorprendente que se aprueben medidas ya previstas en la Ley estatal de Suelo de 2007 y que son, en su mayoría, de obligado cumplimiento en todo el territorio español.

     

    El Govern, en materia urbanística, propone medidas para hacer más transparentes los procesos de recalificación de terrenos y que los ayuntamientos se beneficien de las plusvalías generadas en la recalificación de los mismos. Por ejemplo, en relación con el incremento de la transparencia de los procesos urbanísticos, una medida consiste en la divulgación y acceso telemático al contenido íntegro de los convenios urbanísticos. Otra medida se refiere a la obligación de dar cuenta de los cambios de titularidad de los terrenos objeto de modificaciones del planeamiento general producidos cinco años antes de que éstas se hayan iniciado. En fin, hay otra medida relativa a que las modificaciones del planeamiento general que comporten un incremento del techo edificable, de la densidad del uso residencial o industrial o la transformación de éstas, tendrán que incluir una memoria económica comparativa de la rentabilidad económica de la operación prevista antes y después de la modificación propuesta que incorporará, además, la identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas, sean públicas o privadas. En relación con la mejora de la recuperación pública de las plusvalías, se proponen medidas referidas a la modificación del derecho de cesión por parte de los propietarios, variando entre un 10 y un 20% el aprovechamiento medio, dependiendo de que se trate de AREs (áreas de rehabilitación), modificaciones ordinarias del planeamiento general que supongan incremento de techo, densidad o cambio de usos o modificaciones que supongan una plusvalía extraordinaria en relación con su entorno. También se establece la posibilidad de utilizar total o parcialmente los rendimientos de la cesión que superen el 10% del aprovechamiento medio a la financiación de sistemas urbanísticos no imputables a ningún ámbito de actuación urbanística.

     

    Y llaman la atención todas estas medidas porque, como decía antes, éstas y otras muchas -muy eficaces si se aplicaran- ya aparecen recogidas en la estatal Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, de obligado cumplimiento en su mayor parte para las Comunidades Autónomas, incluida la catalana. Digo esto, porque según el orden competencial instaurado por el bloque de la constitucionalidad -de acuerdo con la interpretación dada por el Tribunal Constitucional- a las CCAA les corresponde diseñar y desarrollar sus políticas propias en materia urbanística, pero al Estado le corresponde a su vez ejercer ciertas competencias que inciden sobre la materia. Y esto lo hizo el Estado aprobando esta Ley, por cierto, con el voto de todos excepto el del Grupo Popular.

     

    Por ejemplo, la Ley estatal de suelo ya menciona en su texto articulado que la ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas que garantizan determinados derechos de los ciudadanos. Por mencionar sólo algunos relacionados con la propuesta del Govern, se recoge, de una parte, el derecho de los ciudadanos y de las entidades representativas de los intereses afectados por los procesos urbanísticos a la información de que dispongan las Administraciones Públicas sobre la ordenación del territorio, la ordenación urbanística y su evaluación ambiental, así como a obtener copia o certificación de las disposiciones o actos administrativos adoptados. O el derecho a ser informados por la Administración competente, de forma completa, por escrito y en plazo razonable, del régimen y las condiciones urbanísticas aplicables a una finca determinada.

     

    De otra, se recoge el derecho a la participación ciudadana en la ordenación y gestión urbanísticas, participando efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobación de cualesquiera instrumentos de ordenación del territorio o de ordenación y ejecución urbanísticas y de su evaluación ambiental mediante la formulación de alegaciones, observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas y a obtener de la Administración una respuesta motivada, conforme a la legislación reguladora del régimen jurídico de dicha Administración y del procedimiento de que se trate. Todos los instrumentos de ordenación territorial y de ordenación y ejecución urbanísticas, incluidos los de distribución de beneficios y cargas, así como los convenios que con ese objeto se suscriban por la Administración competente, deben ser sometidos al trámite de información pública y deben publicarse, con un resumen ejecutivo muy detallado.

     

    También hay que mencionar que ya aparecen en la Ley de Suelo otras medidas para dar publicidad y eficacia a la gestión pública como la relativa a la publicidad telemática del contenido de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor así como del anuncio de su sometimiento a información pública. Y lo dice con tanta claridad la Ley, al modificar la legislación básica local, que no caben dudas: “Las Administraciones Públicas con competencias en la materia, publicarán por medios telemáticos el contenido actualizado de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor, del anuncio de su sometimiento a información pública y de cualesquiera actos de tramitación que sean relevantes para su aprobación o alteración. En los municipios menores de 5.000 habitantes, esta publicación podrá realizarse a través de los entes supramunicipales que tengan atribuida la función de asistencia y cooperación técnica con ellos, que deberán prestarles dicha cooperación”.

     

    La última garantía que establece la Ley de Suelo, por mencionar una más de las aprobadas por el gobierno catalán se refiere a que “cuando una alteración de la ordenación urbanística, que no se efectúe en el marco de un ejercicio pleno de la potestad de ordenación, incremente la edificabilidad o la densidad o modifique los usos del suelo, deberá hacerse constar en el expediente la identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación, según conste en el registro o instrumento utilizado a efectos de notificaciones a los interesados de conformidad con la legislación en la materia”.

     

    En conclusión, sobran los ejemplos. En urbanismo tampoco hay que reinventar la rueda. Sólo dejarla girar.

    Fuera de Gobierno
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