Las prisas de Pumpido abocan a un choque institucional con Bruselas

Siempre se dice que la Justicia no es tal cuando llega tarde, y es verdad, pero eso no significa que las prisas sean buenas consejeras. Hagamos un minuto y resultado sobre el embrollo judicial en torno a la ley de amnistía, porque las urgencias del presidente del Tribunal Constitucional en este asunto nos abocan a un choque de trenes no entre nosotros —que ya está mal— , sino con la Justicia europea. No es poca cosa en un país que en los últimos años ha vivido conflictos cruzados entre todos los poderes del Estado: Ejecutivo con Legislativo, Legislativo con Judicial, Congreso con Senado, Supremo con Constitucional y, sobre todo, Ejecutivo con Judicial.

Antes de entrar en faena, repasemos los tribunales implicados en la amnistía: el Supremo, el Constitucional, los superiores de justicia de Cataluña y de Madrid, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). ¿Alguien da más?

El problema es que en el ámbito judicial el orden de los factores sí altera el producto, o al menos la utilización política del producto; cómo se vayan resolviendo estos procedimientos es importante. Si hay alguien que lo sabe bien es el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y tal vez por eso ha querido pisar el acelerador. Ayer comenzó el pleno del órgano de garantías que va a estudiar la ponencia favorable a la amnistía elaborada por la vicepresidenta Inmaculada Montalbán. "Se resolverá antes del verano", dijo Pumpido hace un mes en un desayuno informativo, y va camino de cumplir. A nadie escapa el alcance político de esa decisión, que da validez judicial a la estrategia del Gobierno, aunque sea sólo por unos meses, y permite a Pedro Sánchez decirle a sus socios "yo ya he cumplido".

Pero hay un problema: el Tribunal de Justicia de la UE lleva un año estudiando la primera cuestión prejudicial presentada desde instancias españolas tras la aprobación de la amnistía en el Parlamento. Fue el Tribunal de Cuentas (TCu), que tiene previsto que el TJUE le responda en septiembre como adelantó El Confidencial, en poco más de tres meses. Y aquí llega la novedad relevante, que reveló ayer El Español: en ese procedimiento, la Comisión Europea alega que la amnistía de Sánchez es una "autoamnistía contraria al Estado de Derecho". A la espera de lo que diga finalmente el TJUE, que la Comisión se pronuncie en estos términos es un varapalo monumental al Gobierno, que no es quien para dar lecciones de democracia a la Unión Europea.

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De modo que si el primer posicionamiento de la Justicia europea llega en septiembre en sentido contrario a los intereses del Gobierno, ¿no será que Conde-Pumpido quiere hacer bueno el refrán de quien da primero da dos veces? ¿Será por eso que el Pleno del TC está rechazando los distintos intentos de magistrados conservadores para dejar a la Justicia Europea actuar con anterioridad?

"Más tiempo"

El presidente del TC lo ha impedido al menos en tres ocasiones, una a la petición presentada por Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel; otra a la del PP, que es el firmante del recurso que se estudia estos días; y una tercera en intercambio epistolar de nuevo con Arnaldo, que le solicitó más tiempo para estudiar la ponencia de Montalbán que se está debatiendo en el pleno de estos días. La respuesta del presidente destapó de nuevo sus prisas y su obsesión con resolver el asunto "antes del verano".

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Y, claro, tanta premura destapa las especulaciones sobre los motivos: ¿Es que acaso tiene don Cándido también un compromiso que cumplir? Desde el sector progresista se le da la vuelta a la pregunta: ¿no será que el PP lo quiere retrasar para evitar que Pedro Sánchez se apunte un tanto al recibir el aval constitucional a su amnistía?

Pero en términos institucionales, que es mucho más importante que en términos partidistas, lo relevante es evitar un choque de trenes, sobre todo si no es entre instituciones patrias sino con la Unión Europea. Lo contrario es liar aún más la madeja judicial de la amnistía. La prudencia dicta esperar, sobre todo porque la sentencia que muy próximamente va a dictar el TC no es más que el principio del camino, dado que a los recursos presentados por administraciones públicas controladas por el PP (convenientemente agrupados por don Cándido en aras de la velocidad) hay que añadir los recursos de amparo presentados por particulares. Es decir, el asunto va para largo en el propio TC.

Y otro aspecto a tener en cuenta: el mandato de Pumpido caduca en enero de 2026, momento en el que el Senado deberá elegir a su sustituto, lo que pone sobre la mesa otra pregunta retórica: ¿Estará el PSOE dispuesto a pactar la renovación con el PP en el Senado (hacen falta los dos partidos), o preferirá mantener un bloqueo que cuando se trataba del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le parecía intolerable?

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De modo que, con todos estos ingredientes, intuyendo como intuimos lo que va a hacer el TJUE y anteponiendo por encima de todo la estabilidad institucional, ¿no dicta la prudencia que lo conveniente es esperar? Aunque Víctor Hugo decía que la melancolía es la felicidad de estar triste, es mucho mejor no precipitarse y defender las instituciones. Son nada más que tres o cuatro meses, y todos contentos.