El aborto en las portadas: así se divide a la sociedad por un puñado de votos

¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? Esta pregunta no la formulo yo, es la que el CIS planteó a 4.122 españoles en su barómetro de septiembre. De las cincuenta respuestas más repetidas, ninguna es el aborto. Nadie lo consideró, lo que permite concluir demoscópicamente que es un asunto que no preocupa a la sociedad española. Sí lo son la vivienda (para el 28,3%), la situación económica (22,1%), el Gobierno y los partidos (22%) o la inmigración (21,1%) en una pregunta abierta que se responde de manera espontánea.

La gran frase de Adolfo Suárez fue aquella de hacer normal en la política lo que ya es normal en la calle. Ese es el mejor Suárez, el que dio un salto de décadas a la forma de hablar de la política en España, el carismático y seductor que hablaba como la gente. Lo diferencial de esa frase es que la entendía todo el mundo y que venía a decir que la política debe saber escuchar a la calle.

Cuarenta años después, la clase política española acaba de hacer una nada sofisticada demostración de que vive instalada en todo lo contrario: lejos de escuchar al ciudadano, les crea un problema nuevo, un conflicto donde para la mayoría no lo hay. Y todo por un puñado de votos. Trasladar tensión y polarizar. Un flaco favor para una sociedad bastante estresada.

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Más allá de la contundencia del dato que arroja el CIS hay dos indicios más que confirman que este asunto tampoco concitaba la atención de los políticos. El primero tiene que ver con el Gobierno: en su discurso de investidura, Pedro Sánchez no propuso ninguna medida al respecto, y el Plan Normativo de 2025 tampoco. Ni siquiera el elefantiásico aparato de propaganda de La Moncloa lo tenía en sus planes.

El segundo tiene que ver con el Partido Popular: cuando el 9 de mayo de 2023 el Tribunal Constitucional reconoció al derecho al aborto (con cuatro votos en contra, eso sí), el PP asumió la sentencia sin rechistar y no hubo apenas debate social. Es decir, el partido más votado de España asumía como buena la Ley de plazos que aprobó la izquierda en 2010, con José Luis Rodríguez Zapatero. Apenas hubo manifestaciones, ni una gran contestación social. Eso es lo que se llama consenso.

¿Quiere esto decir que no hay posiciones en contra? No. Es más, las hay a la derecha y a la izquierda: la palabra "consenso" es hoy denostada por los provida y por los abortistas. A la derecha, Vox considera que hay que derogar inmediatamente esa ley; y en la izquierda, Sumar y Podemos consideran que hay que ir más allá y elevar el aborto a un derecho fundamental reconocido en la Constitución, a pesar de que la Carta Magna reconoce en su artículo 15 el derecho a la vida.

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Y hete aquí que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se descolgó con unas declaraciones que hablaban de un síndrome postaborto que no es científico y destapó la caja de los truenos. Luego rectificó, pero ya era tarde. Al Gobierno se le abrió el cielo para enarbolar una nueva bandera que le saque de la escandalera y la ingobernabilidad en la que vive. Ahí llegó el presidente para sumarse a la izquierda radical (y a Emmanuel Macron) para llevar el aborto a la Constitución, a pesar de que sabe que es una propuesta que no concita ni de lejos los apoyos necesarios. Pero la cosa ya no va de consensos, va de tacticismo electoral y de votos.

Y en ese contexto aparece la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para mostrar su lado más conservador, frente a una trayectoria hasta ahora principalmente liberal. Conclusión: una vez más, para frenar el ímpetu de Vox el PP se ha tenido que mover, generando un conflicto interno sobre un asunto que Feijóo dio por zanjado en su congreso del mes de julio sin que nadie se lo reprochara, ni en su partido ni en la calle.

¿Quiere esto decir que el aborto es un asunto que no debe merecer la atención de los gobernantes? No. Parto de la base de que un país en el que en 2023 se realizaron 103.097 (+4,8%) interrupciones voluntarias del embarazo es un país que tiene un problema. Afirmar que esa cifra es una barbaridad no es negar el derecho de una mujer a abortar según la legislación vigente, que -insisto- concita un acuerdo social, aunque evidentemente no unanimidad.

Hay una posición moderada que jamás satisfará a los extremos, una posición en la que se encuentran la mayoría de los españoles: reconocer el derecho a abortar de las mujeres según la legislación vigente sobre la base racional de que hacerlo no deja de ser un fracaso y un trance complicado; reclamar a los gobernantes recursos para que la mujer que se vea abocada a tomar esa decisión no lo haga por carecer de recursos, de respaldo o de información; y ofrecer, especialmente a los más jóvenes, una mayor educación sexual (nada que ver con acosos en la puerta de las clínicas). Dicho de otro modo: poner medios económicos y educativos para intentar reducir unas cifras a todas luces excesivas sin negar el derecho de las mujeres a abortar según la ley. Es decir: hacer normal en la política lo que es normal en la calle.