Modificar la Constitución: muchas justificaciones y pocos motivos
Los resultados de las encuestas hablan de que el pueblo español está claramente a favor de una reforma de la Constitución. ¿En qué términos? ¿De qué títulos? ¿En qué artículos?
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Las distintas corrientes políticas han tenido una larga historia de, si no opuestos, sí contrapuntos: jacobinos frente a monárquicos; progresistas frente a conservadores; bolcheviques frente a mencheviques; keynesianos frente a monetaristas… son sólo enumeraciones de posiciones enfrentadas, algunas de forma más racional que otras.
De hecho, si lo planteamos a día de hoy, tenemos en la mesa “pueblo”, o “gente”, o “ciudadanía” contra “élite”, términos con menor identificación y mayor acusación que los de arriba.
Pero hay una contraposición de la que en España se debería empezar a hablar en breve (al menos con sustantivos, porque por propuestas ya se habla) que es la relativa a la reforma de la Constitución. A este respecto, en un país de una muy larga, extensa, intensa e interesante tradición democrática como son los Estados Unidos, existen actualmente dos corrientes que puede que nos apliquen como referencia en el nuestro: por un lado, los Originalistas, que postulan que la Constitución está escrita, enmendada y que la interpretación que se pueda hacer ante conflictos ha de salir de lo que ya hay escrito. En el contrapunto se encuentran los que creen que la Constitución es un texto vivo y que, por tanto, ha de ser actualizado según la sociedad vaya avanzando.
Antes de profundizar, vamos a ver qué piensan los españoles a raíz de dos recientes encuestas publicadas en diciembre con motivo del aniversario de la Constitución:
NC Report y Sigma Dos realizaron esta encuesta hace poco más de un mes y, como podemos ver, los resultados de ambas hablan de que el pueblo español está claramente a favor de una reforma de la Constitución. ¿En qué términos? ¿De qué títulos? ¿En qué artículos? Ninguna contesta a esto salvo porque, obligadas por la actualidad, ambas plantean si debería ser modificada para permitir los referéndums de autodeterminación y, en ambas, la respuesta es “No” y también por goleada. Parece que hay humor para modificarla, no sabemos si hay un criterio claro de en qué, pero, al menos, sabemos en qué no.
Vayamos por otro lado, pues. El pasado miércoles 24 de enero el Rey Felipe VI (por cierto; muchas felicidades, Majestad) afirmó en el foro de Davos que "las desavenencias y disputas políticas deben discutirse en el marco de la Constitución, que no es algo ornamental, sino el pilar fundamental de nuestra coexistencia democrática y se merece el mayor respeto".
¿No será que no hay ideas o voluntad, no ya para nuevas leyes, sino para reformar las existentes?
No vamos a entrar en si el Rey es de la opinión de modificar o no la Constitución porque lo desconocemos, pero estamos hablando de una norma que regula la convivencia entre todos los españoles, que cuenta con alrededor de 100 páginas en una edición de bolsillo y que da el marco al desarrollo de otras leyes, recogidas en otros códigos. ¿No será que no hay ideas o voluntad, no ya para nuevas leyes, sino para reformar las existentes? ¿No será que ir a por la Constitución es un órdago a la grande para no dejar al descubierto el resto de una partida para la que no hay cartas? En otras palabras ¿Es necesario modificarla?
Por ejemplo, la tan viajada organización territorial: ¿están los españoles de acuerdo (mayoritariamente) con el sistema que tenemos? El artículo 137 de la Constitución dice que “el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.” Y añade: “Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.”
Es más, en la Carta Magna no se habla de un número determinado de CC.AA. dentro del territorio español (algo que Ciudadanos quiere tocar) de tal forma que, mediante acuerdo requerido y condicionado por la geografía, se podría dar origen a una nueva comunidad autónoma. Imaginen que las históricas regiones de La Mancha o León así lo quieran disponer, pues podrían si cumplen las condiciones recogidas en el Capítulo Tercero.
Pero ¿están contentos los españoles con la actual organización territorial? Parece que sí y, además, de manera constante. De hecho, la mayor parte de la discrepancia radica en las atribuciones de competencias, pero no en la división territorial.
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