Percepción sobre la Justicia: un juego de inercia

Hace dos semanas hablábamos de que, junto al descrédito que podía sufrir la política en un país, corría la suerte de la prensa de ese mismo país. No podemos obviar que por aquello que preguntaba Pew Research era por la calidad de la democracia en el país en cuestión, no solo por su Gobierno.

Revisados el primer, segundo y cuarto poder, nos queda echar un vistazo a la percepción que sobre el tercero tienen los ciudadanos. Vayamos por tanto a ver el grado de aprecio que una serie de países, en este caso de la Unión Europea, tienen por sus respectivos poderes judiciales.

¿Recuerdan que, en nuestro artículo anterior, la comparativa entre la valoración de la prensa y la de la democracia por países daba una correlación de 0,74 (siendo 1 una correlación perfecta)?

Pues bien, hemos acudido al reciente informe de la Comisión Europea sobre valoración de sistemas judiciales para 2017, lo hemos cruzado con aquella valoración de democracia en los países que coinciden en ambos estudios y el valor obtenido en esa correlación es de 0,75, una centésima más.

De hecho, lo más relevante es el caso de Grecia, país en el que vemos un muy bajo aprecio por el funcionamiento de su democracia, pero una relevante evaluación de su sistema judicial. Si considerásemos a los helenos como 'outliers' y los eliminásemos de la muestra, nuestro R2 ascendería a 0,89.

¿Es una percepción sólida y fundamentada en las actuaciones judiciales o es producto de una percepción basada en cómo se relaciona la justicia con las fuerzas políticas y la prensa? La relación tan estrecha entre percepción de la prensa, percepción de la política y percepción de la justicia que hemos visto en estos últimos dos artículos, unida a que el informe de la Comisión Europea revela que solo un 6% de los españoles (la media UE es del 5%) se ha visto envuelto en algún tipo de litigio que ha terminado en un tribunal, nos hace pensar que la más realista sería la segunda parte de la pregunta.

Por poner un ejemplo reciente: ¿se acuerdan de la percepción que el independentismo catalán tenía del juez Llarena frente a la de la jueza Lamela antes del 24 de noviembre de 2017? ¿Y cómo es la percepción actual? El magistrado es el mismo y la ley es la misma, con lo que la interpretación de la ley varía mínimamente o nada… ¿Qué cambia para que de un día a otro un juez del Supremo pase a ser un nuevo enemigo de la democracia?

Pues cambia que en cualquier caso judicial la instrucción avanza, los indicios se acumulan y todo ello va ajustando a la (permitan el símil) plantilla que supone la ley escrita y dando menos espacio a la especulación.

Pero en casos con hechos probados y límites conocidos, el margen de interpretación se reduce y volvemos al símil de la plantilla que hablábamos

Así que solo queda por concluir que el término 'democracia' parece que no es ya un término con cinco acepciones en el diccionario —todas referidas al mismo principio— sino que se convierte en un universo en el que se inyecta todo lo que se esperaba conseguir con una 'justicia' no escrita, pero que la escrita no ve viable. Si a esto le unen el permanente ejercicio de 'sentencias' de culpabilidad o inocencia que alegremente se lanzan a diario a cargo de terceros sin que se haya producido un juicio, pues el cóctel está servido.

El fallecido juez del Tribunal Supremo de los EEUU Antonin Scalia fue el máximo exponente en dicha corte de dos corrientes de interpretación llamadas 'textualismo' (ante las leyes) y 'originalismo' (ante la Constitución). Entendía que la interpretación de la ley tenía que ser textual a cómo el legislador la había escrito en su momento. De hecho, afirmaba que la escritura de las leyes y su aprobación son las herramientas esenciales del representante electo y el juez debía interpretarlas y aplicarlas lo más rigurosamente posible a como fueron escritas.

¿Creen que el textualismo no tiene corrientes contrarias? ¿Creen que Scalia no tenía enemigos? Muchos y muy influyentes en la opinión pública. Algunos de ellos le reconocían ser una magnífica persona, de una profundidad humana enorme, pero a la hora de valorar su interpretación de la ley o la Constitución, por mucho que se ajustara al texto, cuando las decisiones no gustan, falta tiempo para criticar a la persona y, de paso, llevarse por delante la institución.

Opinión

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Y ahí, como diría Hamlet, está la cuestión. No hay dos códigos penales o dos civiles a los que acogernos según convenga, y los conflictos se dan cuando hay espacio a la interpretación ante la definición de un caso que la ley en vigor no recoge con total precisión. Hay nuevos casos todos los días y las leyes se actualizan o modifican en función de nuevos conflictos o necesidades.

Pero en casos con hechos probados y límites conocidos, el margen de interpretación se reduce y volvemos al símil de la plantilla del que hablábamos antes. Es de común uso que, si el resultado es contrario a lo esperado, se agrede a la propia institución clamando, paradójicamente, justicia. Y esto lo hacen, no ya particulares, sino los propios legisladores, que tienen en su mano cambiar esas leyes pero acuden, en cambio, a los medios a exponer su percepción sobre la resolución del caso. Aquí es donde se inicia una rueda en la cual todos los implicados salen perdiendo a tenor de los datos que venimos mostrando.

“La justicia no es independiente y se pliega a la voluntad de políticos y poderes económicos”. Este mantra tan repetido y recurrente en situaciones adversas ha calado, y ha calado en profundidad, en nuestro país. Miren cóomo en percepción negativa estamos a solo cinco puntos porcentuales de quieén peor califica su justicia, que es Bulgaria.

Y esa percepción no es sobre la justicia que se imparte en juzgados de primera instancia y a la que el ciudadano medio tiene más posibilidades de acudir. De hecho, a nivel de eficiencia judicial, España aparece junto a países como Francia o Finlandia en tiempo de resolución de litigios civiles y comerciales, o de Dinamarca en administrativos, por poner dos ejemplos junto a países de los cuales sus ciudadanos tienen una percepción positiva. Es una percepción sobre la justicia como institución y en sus instancias más altas.

Si hacemos 'zoom' sobre naciones de nuestro entorno y ampliamos los niveles de percepción, vemos que el panorama es bastante desolador en lo que a nuestro país se refiere.

España empata prácticamente en todos los niveles con Italia. En cambio, países que tenemos en las últimas semanas muy presentes, como Bélgica o Alemania, cuentan con un gran respaldo de sus ciudadanos en cuestión de justicia. ¿Significa esto que Puigdemont nunca debió salir de Bélgica o que le convendría quedarse en Alemania? No creemos que esa deba ser la interpretación, aunque se oyen voces muy progermánicas que pueden terminar como lo ocurrido con el juez Llarena si el magistrado alemán da luz verde a la extradición.

Vaya por delante que defender la justicia es defender el Estado de derecho, al igual que lo es reconocer el valor de legisladores y gobierno. Desde IdV defendemos el valor de todos ellos, como defendemos una prensa seria y rigurosa como cuarto poder (esto va más que implícito, dado que aquí nos pueden leer).

Si un partido político habla de “despolitizar la justicia”, primero debería asegurarse de que se entiende el sistema actual

Pero si tenemos que hacerle una crítica a la justicia, es que tiene en su mano generar una mayor comprensión hacia la institución con una mayor pedagogía. El Congreso tiene jornadas de puertas abiertas, los políticos se acercan a los ciudadanos para pedirles el voto… Prueben a teclear en YouTube 'supreme court justice' y verán más de 1,6 millones de vídeos entre los que se encuentran foros en escuelas de derecho, entrevistas monográficas a los magistrados, apariciones en 'late shows', documentales, críticas, elogios, etc. Y si teclean en un buscador ya… Hay material más que suficiente para profundizar al nivel que se desee, incluso para discriminar lo útil de la propaganda.

Esa pedagogía implica que se conozca mejor desde qué es un tribunal de primera instancia a por qué unos casos van a la Audiencia Nacional y otros al Supremo o cómo funciona el tema de los recursos. O cómo se eligen y por cuánto tiempo a los magistrados de los distintos tribunales. O cómo hacer más accesibles los autos, por poner ejemplos.

De hecho, es una necesidad que va en la misma rueda en la que gira el actual descrédito general, porque si un partido político habla de “despolitizar la justicia”, primero debería asegurarse de que se entiende el sistema actual y que, sea cual sea el sistema, un juez no es alguien exento de una percepción sobre la interpretación de la ley.