Tres pactos para una alternativa

Luis Bárcenas no sólo condiciona la gestión del Gobierno, sino que también traza la senda para la estrategia de la oposición. Aunque la presunta financiación ilegal del PP destapada por las filtraciones de su extesorero dista mucho de ser el único caso de corrupción política, es el más grave porque afecta al partido en el Gobierno y justifica por sí solo que quienes aspiran a ser la alternativa hagan bandera de “la regeneración democrática”, un compromiso que ha sido recurrente en todos los programas de la oposición -sea cual sea su color- desde que se cerró la transición de la dictadura a la democracia con el triunfo del PSOE en 1982. Ahora, una vez más, se repite la secuencia, lo que viene a demostrar que ni unos ni otros cumplieron al llegar al Gobierno los compromisos adquiridos en la oposición y/o que el virus está enquistado en la idiosincrasia española.

La influencia del factor Bárcenas en lo que Alfredo Pérez Rubalcaba quiere presentar como el “nuevo discurso” del PSOE tiene su reflejo directo en la incorporación a su proyecto político de una nueva propuesta para combatir la corrupción: “Quienes compatibilicen un cargo público con una responsabilidad orgánica, no deben recibir sobresueldo alguno por el desempeño de esta última actividad, incluso cuando las normas lo permitan” (en el caso de los miembros del Gobierno, está prohibido expresamente por la Ley de Incompatibilidades).

Así consta en la ponencia que, tras pasar este viernes por el Comité Federal, se someterá al debate y aprobación de la Conferencia Política convocada para los días 8 al 10 de noviembre. De las 390 páginas del documento, 25 se dedican a las medidas para dar “un impulso regenerador a nuestras instituciones” y específicamente tres a “la lucha contra la corrupción”. A la cabeza de las propuestas figura la prohibición de las donaciones privadas de empresas a los partidos: “Erradicar la financiación opaca de las organizaciones políticas. Para ello, reformar la Ley de financiación de partidos prohibiendo las donaciones privadas de empresas y entidades mercantiles a las organizaciones políticas, y de particulares vinculados a empresas que mantengan contratos con las administraciones públicas”.

Del resto de medidas que el PSOE propone en este capítulo, las más relevantes son:

-Crear un tipo penal específico de financiación ilegal de los partidos, revisando al alza las penas privativas de derechos así como las multas y los plazos de prescripción.

-Agravar el régimen de prohibiciones de contratar, no inferior a diez años, con todas las administraciones públicas, organismos autónomos y sector público empresarial para todas aquellas empresas condenadas por delitos vinculados con la corrupción política.

-Rebajar en un 50% el umbral delictivo del delito fiscal y restringir la posibilidad del indulto a casos muy excepcionales.

-Ampliar las declaraciones de actividades y bienes patrimoniales de los parlamentarios incluyendo la manifestación de otros intereses específicos o sectoriales, por las tareas desarrolladas recientemente, por la titularidad de participaciones o por cualquier otra circunstancia que no se deduzca claramente de sus declaraciones.

-Restringir la inmunidad que protege a los parlamentarios y el aforamiento para circunscribirlos a posibles delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones representativas, lo que requiere modificar la Constitución.

Un triple pacto constitucional

El “pacto por la regeneración democrática” es uno de los tres “grandes acuerdos” que sirven de vigas maestras al proyecto del PSOE “para resolver las crisis que atraviesa España”, cuyo colofón habría de ser la reforma de la Constitución. Las otras dos patas del triple pacto constitucional, son: “un acuerdo político y social por la creación de empleo” y un nuevo pacto territorialEl “pacto por la regeneración democrática” es uno de los tres “grandes acuerdos” que sirven de vigas maestras al proyecto del PSOE “para resolver las crisis que atraviesa España”, cuyo colofón habría de ser la reforma de la Constitución, imprescindible para muchos de los cambios que se proponen.

Las otras dos patas del triple pacto constitucional, son: “un acuerdo político y social por la creación de empleo”, que incluya un pacto de rentas y la “reforma integral del sistema fiscal”; y un nuevo pacto territorial, cuyo diseño se estableció el pasado fin de semana en Granada y ha quedado excluido de la agenda de la Conferencia Política, ya que en la misma se reconocerá el derecho de voto a personas que no son militantes del PSOE: 250 invitados de movimientos sociales sobre un total de 1.097 participantes.

Aunque se trata de un documento interno que no compromete como programa electoral, para el que servirá de fundamento, la ponencia anticipa el rechazo del PSOE a la “definición de un nuevo factor de sostenibilidad en el sistema de pensiones” recomendado por la comisión de expertos que nombró el Gobierno y también el compromiso de suprimir los copagos sanitarios.

Entre los grandes objetivos genéricos, identifica la inversión del 7% del PIB en sanidad pública en el horizonte de dos legislaturas, superar el 5% en educación y recuperar el propósito de alcanzar en 2020 el 3% en I+D+i, así como garantizar por ley una inversión anual en políticas activas de empleo de al menos el 1,5%. Además, propone que, en el ámbito de la Unión Europea, se garantice “una pensión mínima, calculada en base a la renta media y el coste de vida en cada Estado miembro”; y que también se establezca “un mínimo social” de gasto de esta naturaleza en los presupuestos públicos, que debería ser el 20% en 2020.

Primarias de ‘multiuso’

A las puertas del cónclave convocado para renovar el proyecto político del PSOE, desde la Ejecutiva se reitera el compromiso de convocar primarias abiertas para elegir a su candidato presidencial, como se aprobó en el último congreso, y también la voluntad de abrir el debate sobre la posible aplicación de este procedimiento para la elección del secretario general. A este respecto, la idea de la dirección es que la Conferencia acuerde una “recomendación” para que el procedimiento se apruebe en el próximo congreso (febrero 2016, si Rubalcaba agota su mandato).

En el horizonte más inmediato, el propósito de la dirección es aprovechar las primarias no sólo como procedimiento para avalar el liderazgo de quien resulte elegido y como plataforma de lanzamiento de su candidato presidencial, sino también como cauce para ampliar su base social, fuertemente deteriorada en todos los segmentos sociales y estratos de edad. Con poco más de 200.000 militantes, el PSOE ha perdido 24.000 afiliados en los dos últimos años, una tendencia general en la familia socialista (en el mismo periodo, el SPD alemán perdió 200.000 y los socialistas franceses, 60.000).

Al calor de esa convocatoria abierta de elecciones internas, el PSOE redefinirá su militancia en tres niveles: militantes, afiliados directos y simpatizantes. Esta última es la condición formal que se espera que adquieran la mayoría de quienes quieran votar en las primarias. Tendrán que pagar una cuota (uno a tres euros), suscribir un documento de principios progresistas y, aunque no será obligatorio, se les pedirá autorización para incorporarlos a una base de datos.