Ahorrar a costa del empleo

En la Administración Pública española hay órganos, organillos y organilleros, según reconocen todas las fuerzas políticas, aunque no siempre apuntan en la misma dirección. Pero la cura de adelgazamiento debe aplicarse con extremo cuidado si no se quiere que el remedio sea peor que la enfermedad.

El proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que el Consejo de Ministros aprobó el 26 de julio permitirá, según el Gobierno, un ahorro estimado en más de 8.000 millones de euros entre 2013 y 2015. Pero, según el PSOE, también acarreará la desaparición de 250.000 puestos de trabajo, prácticamente la mitad de los aproximadamente 550.000 que hay en las entidades locales, contabilizando ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares.

Si se cumple este cálculo, que coincide sustancialmente con el de los sindicatos de la función pública, penalizará a los empleados laborales, que representan el 60% del total, y tendrá un impacto especialmente negativo en los 80.000 que trabajan en los servicios sociales, tales como ayuda a domicilio y centros de día para personas con dependencia.

La ley de racionalización acarreará la desaparición de 250.000 puestos de trabajo, prácticamente la mitad de los que hay en las entidades locales

El calendario del Gobierno implica que, para cumplir con los compromisos asumidos con Bruselas, la reforma debe entrar en vigor el 1 de enero de 2014 y, por lo tanto, debe culminar su tramitación parlamentaria antes de fin de año para, además, poder recoger sus aspectos económicos en los presupuestos del Estado para al año próximo.

El PSOE ya ha anunciado su propósito de presentar una enmienda de totalidad, aunque, según denuncia, todavía no conoce con exactitud el texto finalmente aprobado por el Consejo de Ministros, ya que ni ha sido todavía calificado por la Mesa del Congreso, paso previo para que puedan acceder al mismo los grupos parlamentarios, ni está colgado en la web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en su redacción actualizada. Y los socialistas se proponen llevar su oposición más allá, incluso hasta el Tribunal Constitucional.

Un recurso inédito

El secretario de Política Municipal de PSOE, Gaspar Zarrías, ya ha entablado conversaciones exploratorias con CiU y PNV con vistas a estudiar la posibilidad de presentar ante el TC un conflicto de competencias por invasión de la autonomía municipal. Los dos partidos nacionalistas, que gobiernan en Cataluña y País Vasco respectivamente, ya manifestaron su rechazo a la reforma cuando, en febrero de 2013, se conoció el informe previo sobre el anteproyecto de ley, y su concurso es indispensable para poder acudir al arbitrio del Alto Tribunal.

Los socialistas gobiernan el número suficiente de municipios para poder cumplir por sí solos uno de los requisitos exigidos (la firma de la séptima parte de los ayuntamientos, 1.160 sobre un total de 8.116); pero necesitan del concurso de CiU y PNV para cumplir el otro requisito: la firma de ayuntamientos que representen la sexta parte del conjunto de la población (7,8 millones de habitantes, sobre un total de 46,7 millones, según el censo cerrado a 1 de enero de este año). De llevarse adelante, sería un recurso inédito, porque hasta ahora sólo se ha apelado a esta vía en media docena de ocasiones y para casos muy concretos.

Para el PSOE, el proyecto no cumple con su principal objetivo oficial: el ahorro. A su juicio, se trata tan sólo de “un señuelo” para facilitar la privatización de los servicios públicos locales en dos tiempos: primero, con la previsión de reserva pública de los servicios de abastecimiento y depuración de aguas, recogida y tratamiento de residuos, y transporte público de viajeros; y, después, una vez asegurado ese régimen de monopolio, garantizando a las empresas concesionarias que realizarán así la prestación sin competencia posible, un incremento de las tasas con el argumento de cubrir “el coste real” de los servicios.

Si el servicio lo presta un órgano que no es votado por los ciudadanos, como son las diputaciones, los ciudadanos no podrán exigir cuentas, como pueden hacer ahora con sus alcaldes

Entre los argumentos esgrimidos por el PSOE contra la reforma propuesta por el Gobierno, destaca que, en contradicción con la proclama de que está guiada por el principio “una Administración, una competencia”, el proyecto de ley viene a consagrar la existencia de hasta cuatro entidades supramunicipales: diputaciones, mancomunidades y consorcios, además de incorporar el procedimiento para crear comarcas -una exigencia del PAR, socio regionalista del PP en el gobierno de Aragón-. Y, sin embargo, evita derogar la ley de Grandes Ciudades que permitió la creación de distritos, tribunales de reclamaciones y defensores del ciudadano.

Los alcaldes, “figuras decorativas”

Además, la previsión de que en los municipios de menos de 20.000 habitantes -el 95% del total- las diputaciones asuman la prestación de servicios que hasta ahora eran competencia de los ayuntamientos tiene especial gravedad, a juicio del PSOE. “Si el servicio lo presta un órgano que no es votado por los ciudadanos, como son las diputaciones, los ciudadanos no podrán exigir cuentas, como pueden hacer ahora con sus alcaldes”, subraya Zarrías. En su opinión, la reforma aboca a que los acaldes se conviertan en “figuras decorativas”.

Del conjunto de cambios que diseña la reforma del Gobierno, los más perjudicados serían los habitantes de los núcleos rurales, precisamente donde la remuneración de los cargos públicos es menor o inexistente. Los socialistas también consideran trucado el debate sobre los sueldos de los cargos locales ya que el 85% de los concejales no percibe retribución salarial.