El calendario interno del PSOE condiciona su estrategia de oposición

¿Qué está ocurriendo en un país en el que los dos grandes partidos están de acuerdo en más del 90 por ciento en los contenidos de una ley y, sin embargo, votan el texto en sentido contrario? Eso es lo que ha ocurrido con el proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno aprobado por el pleno del Congreso el día 12, una norma de higiene democrática que, como tal, debería estar desprovista de los sesgos ideológicos que justifican la dialéctica de enfrentamiento entre Gobierno y oposición.

La única respuesta posible al interrogante planteado es la confirmación de que la crisis que empezó siendo financiera se ha metamorfoseado definitivamente en política y que la vida política española ha entrado en una fase cuya característica dominante es el bloqueo, algo que no sería más que una palabra si no fuera porque la esencia de la política es la búsqueda de zonas de entendimiento, y tal objetivo resulta imposible sin diálogo. Cuando esto no se produce, como advierte Zygmunt Bauman (El tiempo apremia), “el conflicto de intereses, que requiere negociación y diálogo, se recicla en el enfrentamiento definitivo entre el bien y el mal, lo cual convierte la posibilidad de llegar a acuerdos en algo inconcebible”. Y en eso estamos, aunque para los ciudadanos el tiempo apremia. ¿Cómo pueden extrañarse entonces nuestros políticos de que la sociedad los perciba como el mayor lastre para la recuperación cuando debieran ser instrumento capital para la solución?

Mariano Rajoy, grogui por el caso Bárcenas y con Esperanza Aguirre bordando el papel de quintacolumnista, se ha refugiado en el papel de mister No al amparo de la coraza de sus 185 diputados. Pero tampoco el PSOE acaba de acertar con la fórmula que le permita resurgir como alternativa, aunque gracias a la continua caída del PP haya logrado situarse por delante del partido que soporta al Gobierno en la estimación de voto que recogen los primeros sondeos del otoño.

El ‘impasse’ socialista

Los socialistas han empezado el otoño en un cierto impasse, condicionados por la ‘bunkerización’ del Gobierno en su mayoría parlamentaria y por su propio calendario interno, ya que buena parte de sus energías están volcadas en los preparativos y la celebración de la Conferencia Política convocada para los días 8 al 10 de noviembre, cónclave del que deben surgir las bases para el proyecto que ofrecerán en las elecciones de 2015. Sin embargo, en él no se despejará la incertidumbre sobre la fecha exacta para las primarias de las que debe surgir su candidato presidencial, que ahora la dirección no prevé convocar hasta la primavera de ese año, antes de los comicios municipales y autonómicos.

Rajoy, al que Bárcenas ha dejado grogui, se acoraza en su mayoría parlamentaria

La viga maestra de ese proyecto, tal como se ha diseñado por el equipo dirigido por Ramón Jáuregui, es una estrategia de “grandes acuerdos”, que todos reconocen imposible en el clima actual de ruptura de relaciones con el Gobierno. Para conciliar esa situación de esquizofrenia política, el PSOE ha decidido sustituir el diálogo con el Gobierno por el diálogo con los grupos parlamentarios, incluido el PP. Si hasta que Bárcenas dinamitó los últimos puentes se acordó con el Gobierno un frente común en Europa, se negociaron bilateralmente los contenidos de la referida ley de transparencia y medidas contra la corrupción, y se pusieron en marcha conversaciones para otros posibles acuerdos, ahora el PSOE intenta subsanar esa quiebra en la interlocución con una “relación multilateral” con los grupos parlamentarios. “Salvo para asuntos de Estado, no vamos a mantener una relación bilateral con el Gobierno, pero sí estamos completamente dispuestos a acordar proposiciones de ley, sobre corrupción o cualquier otro asunto, con todos los grupos parlamentarios, incluido el Gobierno”, se señala desde la dirección socialista.

La autoamnistía del PP

Con esta estrategia, el PSOE intenta poner todo el foco de la culpa en Mariano Rajoy, no ya por su responsabilidad como presidente del Gobierno y del PP, sino por haber “mentido al Parlamento” en su comparecencia del 1 de agosto sobre el caso Bárcenas. Decisiones como la adoptada el viernes por el Consejo de Ministros al incorporar en el Código Penal la financiación ilegal de los partidos no pueden sino merecer un aplauso unánime, pero cuando esa medida la impulsa el mismo partido que ha destruido los discos duros de los ordenadores que utilizaba su extesorero, se hace inevitable pensar que los populares pretenden autoconcederse una amnistía, pues las leyes no tienen carácter retroactivo.

La opción de presentar una moción de censura se mantiene viva en la dirección del PSOE, pero el horizonte inmediato de la Conferencia Política, a la que la Ejecutiva concede la máxima importancia, parece aconsejar la reserva de esta bala de plata hasta el año próximo. Después, dependerá en gran parte de las expectativas que la evolución de los acontecimientos permita albergar ante las elecciones europeas de mayo. Mientras, como los boxeadores que saben que sus puños no tienen la potencia suficiente para noquear al adversario, seguirán castigándole el hígado -moción de reprobación, petición de una comisión de investigación…-, una táctica cuyo principal hándicap es que cansa por igual a quien recibe los golpes y a quien los da.

El bloqueo será ya la tónica de toda la legislatura porque, entre otras razones, tanto al caso Bárcenas como al caso de los ERE fraudulentos en Andalucía les queda al menos un año de recorrido judicial. Y mientras el PSOE espera a que el desgaste del PP se siga acentuando -la congelación de las pensiones fue una de las causas del batacazo socialista en las elecciones municipales y autonómicas de 2011 que precedieron al hundimiento en las generales-, el PP mantiene su confianza en que lleguen a tiempo síntomas evidentes de recuperación económica. Sin embargo, algunos expertos ya empiezan a apuntar que podría darse la situación de que las empresas españolas remonten y el paro no disminuya, o que se cree empleo, pero con contratos de tan baja remuneración que no permitan una auténtica reactivación económica.