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El Gobierno siembra la calle de concertinas
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Gonzalo López Alba

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El Gobierno siembra la calle de concertinas

El Gobierno ha puesto la proa a los derechos personales sembrando las calles de concertinas, con medidas que ofenden a los ciudadanos

Foto: Fernández díaz ve enaltecimiento del terrorismo en los homenajes a etarras
Fernández díaz ve enaltecimiento del terrorismo en los homenajes a etarras

Después de haber desmantelado los derechos sociales, el Gobierno de Mariano Rajoy ha puesto la proa a los derechos personales sembrando las calles de concertinas, con medidas de orden público que ofenden a los ciudadanos por su desmesura e incongruencia con el pacífico comportamiento de un pueblo templado y abnegado en la adversidad, que no ha dejado de demostrar un sentido nacional inmensamente superior al de sus gobernantes y al de quienes –los hay– están sacando tajada de la crisis. En este desandar el camino recorrido en la conquista de los derechos ciudadanos, asusta pensar si también le puede llegar el turno a los derechos políticos.

“Sin derechos políticos, la gente no puede estar segura de sus derechos personales; pero sin derechos sociales, los derechos políticos seguirán siendo un sueño inalcanzable, una ficción inútil o una broma cruel”, y a “lo máximo a lo que podrán aspirar los pobres es a ser destinatarios de transferencias, no sujetos de derechos”, advirtió el sociólogo Zygmunt Bauman (Tiempos líquidos, Tusquets). En eso estamos.

Habiendo renunciado al control de los mercados, con importantes dosis de soberanía cedida a la Unión Europea, el papel de los estados-nación parecía constreñido a recaudar impuestos, garantizar la seguridad/libertad de sus habitantes y propiciar las mejores condiciones para el desarrollo económico. Pero, por lo que vamos viendo, el PP quiere ‘jibarizar’ aún más el Estado y dejar reducidas sus funciones a la tarea de cobrar impuestos. ¿Para cuándo prevé el señor Montoro regular que los cobradores del frac puedan también recaudar impuestos?

La ‘jibarización’ del Estado

Las reformas de orden público ofenden a un pueblo que ha respondido a la crisis con templanza y sentido nacional

A la Ley de Seguridad Ciudadana, que intenta reprimir las protestas sociales con severos castigos, hasta el extremo de suprimir las “faltas” como pecado venial y derivar así los conflictos con la autoridad al ámbito de una Justicia que ya no es gratuita, ha venido a añadirse la Ley de Seguridad Privada, cuyo promotor, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, no ha tenido reparo en justificar afirmando que persigue potenciar un sector que ya factura 3.600 millones de euros anuales. Es un negocio propio de las sociedades duales, el modelo hacia el que galopa España.

No sólo se trata de una privatización a las claras y a las bravas –sin paso por el Pleno del Congreso– de la seguridad, un bien de creciente demanda a causa de la creciente desigualdad, sino de una reforma que atenta directamente contra los derechos ciudadanos. ¿Cómo puede velar igual por nuestra libertad/seguridad un policía al que se exigen dos años de formación que un vigilante privado que consigue su titulación con 180 horas lectivas y un examen de 80 preguntas? ¿Cómo podemos sentirnos libremente seguros o seguros en libertad si hemos de salir de casa con el carné en la boca?

Rajoy ‘jibariza’ el Estado, reduciendo sus funciones a recaudar impuestos

Pero la pregunta de fondo que subyace tras el giro autoritario del PP es: si el Estado tampoco se hace cargo de la seguridad, es decir, de la protección y garantía de las libertades y derechos de sus ciudadanos, ¿para qué sirve? Si la democracia es sólo el Gobierno de la mayoría, en poco o en nada se distingue de los movimientos populistas que utilizan los procedimientos democráticos para conquistar el poder y luego lo ejercen a su libre albedrío. Nadie puede discutir la legitimidad de origen del Gobierno, pero con su actitud de arrogante prepotencia, que alcanza a la pretensión de dictar la moral social, su legitimidad de ejercicio empieza a ser discutible.

Una senda peligrosa

La senda emprendida por el PP es extremadamente peligrosa, como pone de manifiesto un ejemplo recogido por José María Maravall en Las promesas políticas (Galaxia Gutenberg). El Latinobarómetro de octubre de 2003 reflejó que, en ese año, un 57,4% de los ciudadanos de Chile aceptaba que “no le importaría que un gobierno no democrático llegase al poder, si pudiera resolver los problemas”. El Gobierno de Rajoy ejerce el poder como una dictablanda vestida con ropajes democráticos y, además, no resuelve los problemas.

Como ha ironizado con irritación Felipe González, si no deciden los Gobiernos sino los mercados, entonces ¿por qué no votamos directamente a los mercados? El expresidente responde con lo obvio: “Si se eligen representantes políticos no es para que luego a ellos les gobiernen los mercados, sino para que sean ellos quienes gobiernen” (En busca de respuestas, Ed. Debate). Pero su respuesta resulta insuficiente. Como sentenció Heráclito, “un pueblo debe luchar por las leyes de su ciudad como si fueran sus muros”. Los muros no están sólo en las fronteras exteriores y no hay peor médico que aquel que confunde la enfermedad con los síntomas.

Vale –porque no nos queda más remedio– que estemos corriendo detrás del futuro que ya llegó y nos sorprendió ensimismados, pero resulta irritante que tengamos que volver a correr delante de las porras por exteriorizar un malestar cargado de razones. 

Después de haber desmantelado los derechos sociales, el Gobierno de Mariano Rajoy ha puesto la proa a los derechos personales sembrando las calles de concertinas, con medidas de orden público que ofenden a los ciudadanos por su desmesura e incongruencia con el pacífico comportamiento de un pueblo templado y abnegado en la adversidad, que no ha dejado de demostrar un sentido nacional inmensamente superior al de sus gobernantes y al de quienes –los hay– están sacando tajada de la crisis. En este desandar el camino recorrido en la conquista de los derechos ciudadanos, asusta pensar si también le puede llegar el turno a los derechos políticos.