La crisis de España y la confusión del PSOE

La estrategia de choque que practican los Gobiernos de España y de Cataluña forma parte de un error de diagnóstico que, si no se corrige, puede acabar siendo letal para todos los españoles, incluidos los catalanes. El secesionismo catalán, como la emergencia de Podemos, no son otra cosa que manifestaciones del mal de fondo que nos aqueja: la crisis de España como idea y proyecto común de convivencia, entre los territorios y entre las clases sociales.

Nada sería tan grave como lo es ahora si, en vez de esperar a la gangrena antes de operar, España estuviera impregnada por la cultura angloamericana del reformismo gradual, pero no es así. Y la situación se agrava porque el PSOE, el único partido español con clara vocación reformista por contraste con el inmovilismo del PP y el rupturismo de Podemos, está sumido en una confusión que se acrecienta por los dispares intereses y criterios tácticos de sus dos principales referentes, Pedro Sánchez y Susana Díaz.

La disparidad de criterios tácticos para frenar la secesión de Cataluña provoca confusión en el PSOE Si nos centramos en el problema de la articulación territorial, la confusión se extiende a los propios cuadros dirigentes del PSOE, que ya no saben si su referencia programática es la Declaración de Granada, aprobada en julio de 2013 durante el mandato de Alfredo Pérez Rubalcaba, o la Declaración de Zaragoza de este mes, pilotada por Sánchez y Díaz. “Es imprescindible una clarificación”, reconocen dirigentes con responsabilidades de ámbito territorial, para quienes la proliferación de documentos alimenta la confusión.

Profusión de declaraciones

El PSOE abordó por primera vez a fondo esta cuestión en noviembre de 2012, en el documento elaborado por la Fundación Alfonso Perales, vinculada al PSOE de Andalucía, por encargo de su entonces líder, José Antonio Griñán. El informe resultante, Por una reforma federal del Estado autonómico, con 89 páginas de análisis y propuestas, tenía como matriz de su planteamiento articular “un Estado federal que sea tanto punto de llegada como de partida para nuestro modelo de organización territorial del Estado; un modelo fruto de un renovado pacto constituyente, concebido como desembocadura “natural” de la experiencia descentralizadora del Estado autonómico y, por tanto, como punto de encuentro que se construye en clave de continuidad, desarrollo y cierre de la racionalidad materialmente federal del Estado autonómico”. Según la entonces vicepresidenta ejecutiva de la fundación, la exministra de Cultura Carmen Calvo, y el coordinador del grupo de expertos que trabajaron en el documento, el catedrático Gregorio Cámara, se trata en definitiva “de aspirar a un modelo territorial más claro y terminado, legitimado en una renovada decisión de alcance constituyente tras más de un tercio de siglo de experiencias a partir del proceso abierto en 1978”.

Sánchez y el PSC hacen causa común frente al intento de Susana Díaz de marcar el paso ante el desafío catalánA este documento siguieron otros elaborados en distintas federaciones y, singularmente, el que se hizo en Cataluña por la Fundación Campalans, vinculada al PSC, cuya autoría corresponde básicamente a la exministra Carmen Chacón. El documento, de 42 páginas y dado a conocer en mayo de 2013, apostaba por el acuerdo político entre la Generalitat y el Gobierno de la nación para promover “un nuevo consenso constituyente” que actualice el encaje de Cataluña en el marco de un Estado federal, achicando así el espacio del secesionismo; y defendía también una “nueva formulación” de la financiación autonómica que, sin reproducir el modelo del Concierto, evite que las comunidades más dinámicas, tras hacer su aportación a la solidaridad interterritorial, bajen sistemáticamente en la clasificación por recursos disponibles.

La síntesis fue el documento Hacia una estructura federal del Estado, aprobado en julio de 2013 en Granada, previos empujones de Griñán y de Felipe González, cuyos posicionamientos públicos a favor de la federalización fueron determinantes para vencer la resistencia de Rubalcaba, quien en el primer acto que protagonizó en Cataluña tras su elección como secretario general, en febrero de 2012, se había negado a pronunciar ni una sola vez la palabra “federalismo” por entender que no tenía anclaje en el PSOE.

Controlar el incendio o apagar el fuego

Este fue el recorrido hasta llegar a la Declaración de Zaragoza, que, más allá de su contenido, estuvo marcada por una declaración de la presidenta de Andalucía: “El título VIII de la Constitución es letra muerta”. Con esta declaración, Susana Díaz parece haberse apuntado también a la política del espectáculo, la de la brocha gorda que consigue titulares con frases de impacto que, lejos de animar a la reflexión, aumentan la confusión porque el título VIII consta de 21 artículos, algunos de ellos de tanta vigencia como el 139.1: “Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”. ¿O es que esto también es letra muerta?

Si el documento andaluz inspirado por Griñán llegó a ser en algunos aspectos incluso más atrevido que el del PSC, el socialismo andaluz de Díaz pretende aparecer como guardián de la unidad de España al tiempo que como el partido nacionalista de Andalucía, con los riesgos que esta dualidad entraña. Con independencia de quién inspirase a quién, en esta línea de pensamiento El País proponía en su editorial del día 12 que el presidente del Gobierno busque el consenso frente al secesionismo catalán con “una ronda de encuentros de alto nivel –en Barcelona, en Sevilla, en Bilbao–”. Osea, un pacto entre Cataluña, Andalucía y Euskadi. ¿Y Galicia?, por no hablar del resto.

La fórmula socialista sería un referéndum de reforma constitucional que midiera el apoyo de los catalanes a su encaje en EspañaLa postura de la presidenta andaluza, en la que algunos socialistas aprecian la influencia de Felipe González –así como la de José Luis Rodríguez Zapatero en la posición de Sánchez–, apunta al criterio de que, puesto que una reforma de la Constitución no se resuelve de la noche a la mañana, y menos cuando el clima político se aleja del consenso requerido para su reforma por la propia Carta Magna, lo que toca es hacer algún movimiento que permita controlar el incendio, aunque no apague el fuego.

Si Artur Mas opta finalmente por intentar agotar la legislatura –ya adelantó las elecciones una vez y lo único que logró fue mutilar su grupo parlamentario–, tendrá que buscar la negociación con Rajoy, porque la Generalitat está asfixiada económicamente, y el presidente del Gobierno tendrá que hacer algún movimiento, aunque Cristóbal Montoro haya descartado la revisión del modelo de financiación antes de las próximas elecciones generales.

Pedro Sánchez, por su parte, pone el énfasis en la solución de largo plazo. Perdido ya el crédito ante quien le encumbró a la secretaría general del PSOE, su posición se alinea con la del PSC de Miquel Iceta y viceversa –los socialistas catalanes siempre han apoyado al líder del PSOE que ha defendido planteamientos más cercanos a los suyos, y ahora Sánchez y PSC, en el que se ha consumado la escisión del sector soberanista, se necesitan mutuamente–. Sánchez propugna abrir una amplia reforma constitucional que incluya no sólo la cuestión territorial sino también otros aspectos, como el blindaje de derechos sociales.

Lo que subyace en este planteamiento es la tesis de fondo del PSC para resolver la crisis de convivencia entre Cataluña y España: una reforma de la Constitución que incluya la cuestión territorial y otros asuntos habrá de someterse a referéndum, de modo que los catalanes verían satisfecha la reivindicación de su “derecho a votar” y el grado de respaldo que esta reforma global obtuviera en Cataluña sería la medida del apoyo de su población a la permanencia en España. Así formulado, parece lo más sensato.