Izquierda y derecha, vivas y coleando

Las recientes elecciones municipales y autonómicas anticipan que el marco legal vigente en nuestro país permite una revolución política sin traumas

Foto: Manuela Carmena y Antonio Miguel Carmona. (EFE)
Manuela Carmena y Antonio Miguel Carmona. (EFE)

Los pactos poselectorales tras los comicios municipales y autonómicos han venido a demostrar que la dialéctica política tradicional entre izquierda y derecha sigue vigente, aunque ahora esté trufada por una nueva polaridad entre “los de arriba” y “los de abajo”, que añade la división supraideológica entre las castas dominantes y el pueblo. Salvo excepciones, el entendimiento ha primado entre PSOE, Podemos, Izquierda Unida o Compromís, por una parte, y PP y Ciudadanos, por otra.

Pero, en la forma en que han sido criticados por el PP –el gran perjudicado– subyacen no sólo el anticipo de un renacer de la estrategia de la crispación y la razón coyuntural de que, en un escenario de fragmentación partidista como el actual y de extremo desgaste del partido en el Gobierno, la derecha ve cómo –por los votos representativos– se le escurre el poder entre las manos. En el fondo hay una fuerte corriente de cuestionamiento de la democracia representativa, que es el modelo constitucional de España.

Los ahora tan denostados pactos forman parte del paisaje político español desde las primeras elecciones posconstitucionales de 1979, sin que el sistema democrático se haya resentido por ello. 

Han sido una característica local desde que, en aquel año, permitieron a PSOE y PCE conquistar la hegemonía municipal, pero –aunque en menor medida- a esta legítima estrategia tampoco ha permanecido ajena la derecha. Por poner un ejemplo, en 2007 el PSOE ganó las elecciones autonómicas en Canarias, con el exministro Juan Fernando López Aguilar como candidato, que aventajó en nueve escaños y más de 10 puntos a Coalición Canaria, pero los socialistas no pudieron formar gobierno al imponerse en el Parlamento una alianza entre los nacionalistas y el PP.

En el cuestionamiento de las alianzas entre partidos para gobernar subyace una corriente de fondo que cuestiona la democracia representativa

La diferencia cuantitativa entre los pactos a izquierda o a derecha obedece a que, desde la desaparición de UCD en 1982, la fragmentación partidista ha sido mayor en la izquierda y el espacio de un segundo partido de derechas ha sido ocupado en la práctica por los nacionalistas catalanes de CiU o, según los territorios, por formaciones regionalistas, pero no por otros partidos con implantación nacional. Salvo en la década de hegemonía absoluta de Felipe González y desde la reagrupación de la derecha que pilotó José María Aznar, el PP ha tenido mucha menor competencia que el PSOE en su espacio ideológico, pero también menos opciones de alianza.

Si esto es lo que ha ocurrido en el ámbito local y regional, en la política nacional prácticamente se dividen por mitades los periodos con gobiernos de mayoría absoluta y de mayoría relativa, en los que el partido mayoritario ha precisado de acuerdos con otros para gobernar. Aquí, la diferencia estriba en que, a diferencia de la práctica local, hasta la fecha nunca se ha puesto en cuestión que la iniciativa de formar Gobierno correspondía al candidato del partido con más escaños.

Susana Díaz ha sido investida con el apoyo de Ciudadanos.
Susana Díaz ha sido investida con el apoyo de Ciudadanos.

¿Democracia representativa o directa?

¿Por qué entonces desde el PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, se afirma que las alianzas poselectorales suponen “saltarse la voluntad democrática de los españoles” y se amaga con una reforma legal para asegurar el gobierno de la lista más votada? ¿Por qué la socialista Susana Díaz aboga, con esta misma finalidad última, por procedimientos electorales de doble vuelta que, en la práctica, equivalen a celebrar elecciones para elegir quién se puede presentar a las eleccionesnbsp;

El problema es que la democracia representativa ya no nos satisface, y por ello reclamamos 'más democracia', lo que quiere decir, en concreto, dosis crecientes de directismo, de democracia directa”, como anticipó a finales de la década de los noventa Giovanni Sartori (Homo Videns. La sociedad teledirigida. Taurus), que atribuye esta tendencia a la nueva 'tele-democracia', causa a la que habría que añadir ahora el descontento con el funcionamiento de la democracia.

El descontento español con el funcionamiento de la democracia ha alcanzado un máximo histórico del 68%, sin parangón en Europa occidental

Esta insatisfacción alcanzó en 2012 el máximo histórico del 68% de los españoles, según el banco de datos del Centro de Investigaciones Sociológicas –que dejó de incluir la pregunta a partir de ese año–, un incremento que no tiene parangón en ningún otro país de Europa Occidental y que tiene mucho que ver con el peso que en la toma de decisiones que afectan directamente a la vida de los ciudadanos han adquirido instituciones no representativas (Comisión Europea, FMI, BCE…), según se destaca en el Informe sobre la Democracia en España 2015 elaborado por la Fundación Alternativas.

Sartori alerta de que, aunque “la teoría postula la belleza del directismo”, para que este modelo pueda funcionar se requiere de “la transformación del ciudadano puro y simple en el hiper-ciudadano que debe –debería– conocer las cuestiones sobre las que decide y ser en cierta medida competente en las materias asignadas a su competencia”. Pero, puesto que en la realidad dista mucho de ser así, el politólogo galardonado con el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales concluye que acaba siendo un planteamiento “suicida” por cuanto “confía la conducción del gobierno de un país a conductores que no tienen permiso de conducir”.

Emiliano García Page (d) ha pactado con Podemos para facilitar su investidura. (EFE)
Emiliano García Page (d) ha pactado con Podemos para facilitar su investidura. (EFE)

La era de las coaliciones

Lo que sabemos, por la experiencia comparada, es que los gobiernos que se sustentan en pactos entre varios partidos reducen la corrupción, por la vigilancia que los socios ejercen entre ellos, y que introducen mayores dosis de pluralismo, por cuanto ningún partido puede aplicar estrictamente su programa, como acabamos de ver con Ciudadanos obligando al PP de Madrid a asumir las primarias o Podemos forzando al PSOE a aceptar en Castilla-La Mancha la dación en pago retroactiva.

Y lo que estamos presenciando es que el modelo de democracia representativa y el sistema electoral vigentes, a pesar de sus defectos y fallas, han permitido la irrupción de nuevos partidos con opciones reales de desplazar e incluso sustituir a los que hasta ahora habían sido los actores principales; es decir, se está demostrado que nuestro marco legal permite una revolución política sin traumas ni rupturas regimentales.

Como señala Sandra León, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de York (Reino Unido), “España se parece más a Europa tras las últimas elecciones locales y autonómicas”, al menos en lo que a su sistema de partidos se refiere, porque “lo que aquí hasta ahora era una excepción, en los países de nuestro entorno era la norma”. Y, añade, “no parece que ello vaya a cambiar en el medio plazo, pues los gobiernos de coalición son cada vez más predominantes en el panorama político europeo, mientras los de un solo partido languidecen” (¿Falta cultura de pacto en España? Eldiario.es. 18/6/15).

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