¿Y si una huelga paraliza las ocho torres de control de Canarias?

Si todas las torres de control de Canarias estuvieran privatizadas —incluyendo las de Gran Canaria y Tenerife, como así se pretende—, y en un momento dado las ocho torres se vieran afectadas por una huelga, un escenario en absoluto descartable, Aena gestionaría el tráfico de aviones en el aire pero no habría quien los aterrizara. Una hipótesis algo improbable, pero en absoluto descartable, que en las islas dispara las pulsaciones y, sin duda, las dudas. La pretensión de continuar privatizando el control aéreo, incubada en los despachos del ala socialista del Gobierno, ha provocado que en la comunidad resuciten los fantasmas de la huelga que en diciembre de 2010 dejó aislada a Canarias.

Absueltos los controladores aéreos cuya huelga provocó el estado de alarma

Beatriz Parera

Un archipiélago curtido en situaciones especialmente exigentes vivió aquellos días una pesadilla que, una vez ha trascendido que se quiere extender la privatización más allá de lo ya privatizado, vuelve con fuerza a la agenda política e informativa, y lo hace generando tantos recelos como inquietud. Las diferencias en el seno del Ejecutivo han aterrizado en el pacto de Gobierno en Canarias. Y no lo disimulan. La coordinadora general de Podemos en las islas, Laura Fuentes, ha adelantado que se oponen a que se privaticen las torres de control de los aeropuertos.

Cuando la geografía niega la alternativa de una red de autopistas o de los trenes de alta velocidad —por razones tan obvias como a veces ignoradas— cualquier decisión que afecte a los aeropuertos o al tráfico aéreo adquiere la categoría de asunto de Estado, especialmente cuando más de dos millones de contribuyentes viven a mil doscientos kilómetros del continente. Así se explica que con la intención de ir a más con la privatización del control aéreo salten las alarmas para, acto seguido, reabrirse la caja de los truenos del repliegue de lo público en servicios que se consideran esenciales, demasiado estratégicos para dejarlos en manos de las cuentas de resultados u objetivos de las empresas.

Entreabrir la puerta a nuevas privatizaciones estimula la memoria y devuelve a los canarios a aquellos días de diciembre de 2010, cuando las islas quedaron incomunicadas, permitiéndose que aterrizaran únicamente los aviones que estaban en el aire para, de inmediato, suspender despegues y aterrizajes en los aeropuertos. Aquel conflicto entre los controladores y el Ministerio de Fomento —que vació de personal las torres de control— desembocó en el cierre del espacio aéreo en otras Comunidades Autónomas, pero tampoco en este caso las consecuencias que trajo consigo en Canarias fueron equiparables a las de otras regiones que sí disponen de alternativas.

Cuando se vive, trabaja o descansa en un archipiélago tan alejado de la península el impacto de vuelos cancelados o de pasajeros ya embarcados obligados a bajar del avión es muy superior, no solo económica sino incluso emocional o anímicamente, porque la experiencia de sentirse incomunicado no tiene una digestión sencilla. En aquella ocasión las bajas de los controladores pusieron a la economía de las islas —con el turismo como motor principal y secundario— contra las cuerdas de una huelga que desató las iras del Gobierno canario.

La nueva privatización del control aéreo abre otro cisma entre el PSOE y sus socios

Juan Cruz Peña Iván Gil

Ahora, apenas doce años después, o nada más y nada menos que doce años después, el recuerdo de aquellos días sacude a quienes advierten de los riesgos que para las islas supondría que las privatizaciones invadan espacios que hasta el momento han sido protagonizados desde el ámbito de los gobiernos o administraciones. En situaciones de conflicto y jornadas problemáticas, el Estado está obligado a dar la cara ante los contribuyentes, no así en el ámbito privado porque las empresas responden solo ante sus accionistas. Si el servicio que se presta es esencial, como es el caso, los contribuyentes se saben atados de pies y manos para exigir responsabilidades y soluciones.

El Estatuto de Autonomía de Canarias, en su artículo 161, indica que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre puertos, aeropuertos, helipuertos y demás infraestructuras del transporte que no tengan la calificación de interés general por el Estado y la competencia de ejecución sobre puertos y aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa. Fin de la cita. Comienzo de la polémica. Muchas voces en las islas —especialmente desde las filas de Coalición Canaria—consideran que poner las torres de control en manos de un gestor privado perjudica a la comunidad porque redunda en el abaratamiento y pérdida de calidad del servicio. El Gobierno no parece haber tenido demasiado interés en escuchar la opinión de Canarias sobre decisiones que afectan a sus aeropuertos. No sería la primera vez. Tampoco será la última.

En las islas siempre se ha demandado que la Comunidad Autónoma se siente en las mesas donde se toman las decisiones que, con Aena en primera linea de fuego, afectan a los aeropuertos del archipiélago, instalaciones que pueden presumir de situarse en el grupo de cabeza de la liga de las rentabilidades. Tantas veces se ha solicitado participar, contar con un asiento en los ámbitos de decisión, otras tantas ha caído esa reivindicación en saco roto.

Al Gobierno autonómico le ha pillado por sorpresa la voluntad del Ejecutivo central de impulsar una nueva privatización incluyendo los dos aeropuertos tinerfeños y el de Gando, en Gran Canaria; instalaciones, las tres, con un tráfico de pasajeros tan intenso como lo requiere dar salida o entrada a los más de diez millones de turistas que aterrizan o despegan todos los años en las islas. Si la intención de privatizar ha abierto otra zanja entre los socios del Gobierno en Madrid, también en Canarias las posiciones de PSOE y Podemos no parece que avancen codo con codo sino a codazos. Mientras los socialistas prefieren no entrar en el cuerpo a cuerpo, optando por callar o bajar la voz a la espera de acontecimientos, en Podemos, uno de los tres socios del PSOE en el Ejecutivo regional, admiten que solo fueron advertidos por sus compañeros en Baleares de las intenciones del ala socialista del Gobierno. A juicio de la coordinadora general de Podemos, Laura Fuentes, es incomprensible que el PSOE pretenda privatizar en Canarias un sector estratégico. Se oponen y opondrán. Vamos a trabajar para que la gestión de estas instalaciones siga siendo pública porque lo público no se toca —ha dicho Fuentes—.

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Juan Cruz Peña

A la espera de conocer a qué ritmo y cómo avanza el proceso que una parte del Gobierno quiere impulsar, cabe recordar que parte de las infraestructuras y servicios aeroportuarios ya están privatizados en Canarias. Las torres de control de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y El Hierro ya son gestionadas por empresas —el aeropuerto de La Gomera no tiene controladores en la torre porque se apoya en un sistema informatizado—. No es el caso de las torres de control de Gran Canaria y Tenerife, que ahora se quieren incorporar al paquete de privatizaciones en curso.

Debe distinguirse la gestión de las torres, operativamente encargadas de controlar despegues, aterrizajes y rodaduras, del control del tráfico o tránsito aéreo que sigue en manos de Aena, lo que lleva de la mano a la pregunta inicial. ¿Qué pasaría si las ocho torres quedaran inoperativas a raíz de una huelga? La respuesta anima a considerar que los tres principales aeropuertos del archipiélago merecen el estatus que se le da a Barajas o El Prat. Caso contrario se alimentaría la sospecha de que Canarias podría volver a quedar incomunicada, sin que desde lo público pudiera hacerse demasiado en la defensa de un servicio que abre y cierra las puertas del archipiélago.