El paso atrás en la atención al ciudadano (las colas de la vergüenza en la Seguridad Social)

El terremoto de la pandemia ha dejado, entre otras réplicas, dos secuelas en la Administración: el abuso de la cita previa y del teletrabajo. Así lo percibe el ejército de contribuyentes que sufre a diario el paso atrás que ha dado la atención al ciudadano por culpa de las malas herencias recibidas. ¿Resaca administrativa de la pandemia o mala gestión? Esas dos secuelas han sido denunciadas ante el Parlamento de Canarias el Diputado del Común —así se denomina al Defensor del Pueblo en su traducción insular—. No ahorra en críticas ni calificativos en su informe. Nada de paños calientes. Con los partidos poniéndose de perfil (para que funcionarios, familiares y amigos no les pasen factura en las urnas), el Diputado del Común, Rafael Yanes, ha tirado a dar. Sin medias tintas. Al grano. La cita previa no puede ser obligatoria porque margina al sector más débil de la sociedad. El teletrabajo debe rechazarse cuando trae consigo una disminución de la productividad. Fin de la cita.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

El acuartelamiento del caso Mediador

Jaime Pérez-Llombet

La pandemia precipitó decisiones que han mejorado la vida de muchos empleados públicos empeorando la de quienes, contribuyentes de a pie, han quedado atrás, ciudadanos desatendidos, gente abandonada a su suerte, a su edad avanzada o a sus desconocimientos informáticos, a la falta de herramientas que son imprescindibles para realizar las gestiones con las administraciones autonómica, insular o municipal; en definitiva, vecinos que han sido cazados por la brecha digital, alcanzados por la onda expansiva del corralito informático, pillados por las réplicas de medidas que tuvieron sentido durante la desescalada pero dejaron de tenerlo cuando el resto de los mortales fue incorporándose a sus oficinas combinando lo presencial con el teletrabajo pero sin incurrir en abusos; y, a diferencia de lo que ocurre en demasiadas ocasiones en lo público, con la productividad monitorizada. El teletrabajo mejora el medioambiente y facilita la conciliación, pero se consolida la sensación de que perjudica la calidad de los servicios públicos —ha dicho el Diputado del Común en su informe—.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

El dolor de cabeza (con rastas) de Podemos en Canarias

Jaime Pérez-Llombet

Aunque de forma mayoritaria la política parece que ha decidido mirar para otro lado, huyendo de quemarse con un problema que bien merece estar en lo alto de sus agendas, algunas voces han querido sumarse al diagnóstico que ha hecho el Diputado confirmando el retroceso que en el archipiélago se está padeciendo en la relación cada vez menos fluida entre administraciones y administrados.

Siendo la casuística de las desatenciones un mal generalizado, este cóctel de desentendimiento e inmovilismo tiene en la Seguridad Social (en las Islas, como también ocurre en el conjunto del país) uno de sus puntos negros. Ante la mirada indiferente de los responsables directos e indirectos, las colas de la vergüenza en las puertas de las principales oficinas de la Seguridad Social en Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife resumen de forma gráfica la situación que se está dando en las administraciones. Colas a las cinco de la mañana. Gente, mayoritariamente de edad bastante avanzada, cruzando la ciudad de madrugada a ver si hay suerte y consiguen alguno de contados números que dan derecho a ser atendido o, caso contrario, de vuelta a casa todavía de amanecida. Una situación, tercermundista, decimonónica, a la que los competentes —o incompetentes— dan la espalda.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Los apóstoles de la última cena con el compañero Fuentes

Jaime Pérez-Llombet

Hay quienes no bajan la mirada. Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria, ha tachado de indignidad lo que está ocurriendo. En marzo de 2022, hace ahora un año, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, admitió en el Congreso un déficit de personal en la Seguridad Social, situando en la congelación y falta de reposición de plazas el nudo que alimenta las colas ante las oficinas y el caos con las citas denunciadas por plantillas, sindicatos o usuarios. Si es que algo ha cambiado, doce meses después de aquella sesión parlamentaria, ha sido a peor. Mismo problema, idéntica indignidad.

Tampoco el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, se ha mordido la lengua. Las largas colas que se producen cada día son un atentado brutal contra los derechos de la ciudadanía —ha dicho Morales—. Ha ido más allá. A su juicio, en una sociedad que se considere democrática, moderna e inclusiva es inadmisible que se produzcan este tipo de situaciones. Es inaceptable que el Gobierno de España haga oídos sordos ante una situación que profundiza en la brecha digital, ha denunciado el presidente de la corporación insular. Ocurre de todo, pero no pasa nada. Nadie hace nada. Un día tras otro, desde hace ya una eternidad, quienes necesitan gestionar sus urgencias con la Seguridad Social regresan al siglo pasado cada vez que cruzan las ciudades de madrugada con la esperanza de que, esta vez sí, hoy sí, tal vez no, lleguen entre los quince primeros a las colas de la vergüenza.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Las bombas que el caso Mediador tiene debajo del sofá

Jaime Pérez-Llombet

Desgraciadamente, las secuelas de las que habla el Diputado del Común —esas que la pandemia o los errores cometidos con posteridad han incrustado en el tuétano de los servicios públicos— no hacen excepciones con la sanidad pública. ¿Resaca del estado de emergencia o déficit de gestión? Valga una situación como resumen. Estos últimos días las ambulancias han tenido que esperar hasta tres horas para poder dejar a los pacientes en uno de los mayores hospitales de Gran Canaria, llegando a bloquearse los ascensores para poder ubicar junto a sus puertas las camillas.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

La omnipresencia y caída del clan Fuentes

Jaime Pérez-Llombet

No hay oasis donde refugiarse del retroceso que la atención al ciudadano ha dado en los distintos escalones de la Administración. Con los responsables públicos apelando al mantra de que falta personal —¿faltan trabajadores o falla la política de recursos humanos?— el abuso de la cita previa levanta un muro entre las ventanillas y aquellos que no saben, no pueden o no entienden qué deben hacer para solicitar desde casa la cita que necesitan; y, empeorándolo, el limbo donde sigue la regulación del teletrabajo está perpetuando que muchos edificios públicos luzcan desérticos, qué decir si, como pretenden los sindicatos, después de las elecciones autonómicas de mayo —dado que la negociación se ha aparcado, de momento— se aprueba la posibilidad de que muchos empleados públicos trabajen hasta tres días a la semana en casa. Basta tirar de una calculadora de bolsillo para caer en la cuenta de que, caso de salir adelante esa propuesta, solo tendrían que ir a la oficina ocho días al mes; un escenario, este último, que anima a preguntarse para qué harán falta tantos edificios públicos si a un porcentaje importante de la plantilla ni se les ve ni se les espera.