La resaca del volcán de La Palma (dos años después)

El 19 de septiembre de 2021 un volcán de problemas, daños, damnificados y expectativas cambió para siempre la vida de miles de vecinos del Valle de Aridane, en La Palma. Aquel día, hace ahora dos años, la erupción del Tajogaite (o Cumbre Vieja) provocó que durante semanas el volcán palmero se colara, dentro y fuera de España, en el día a día de millones de espectadores —de curiosos—. La lava disparó el interés de guionistas, productores y conductores de programas de radio y televisión que, conscientes de la demanda que generaba el espectáculo hipnótico que la naturaleza estaba ofreciéndoles sin coste alguno, corrieron a la isla a contarlo con las lenguas de fuego y los temblores aderezando el relato.

Opinión

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En aquellos primeros días y semanas el país clavó sus ojos en La Palma y, entre otros efectos colaterales, el multitudinario interés que desató el fenómeno hizo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solo o animado por sus asesores, adoptara aquella emergencia, la hiciera suya, yendo en incontables ocasiones a la isla, visitándola una y otra vez el propio presidente, los ministros, y otra vez el presidente, y otra, y otra vez más, tantas reuniones y anuncios se hicieron en el transcurso de aquellas semanas que, inevitablemente, las expectativas se dispararon entre los afectados directos e indirectos. De aquella narrativa de apoyo, solidaridad, soluciones e inversiones multitudinarias, estos lodos de frustración. Cuánto más alto se sitúa el listón de las expectativas más duro es el golpe cuando lo anunciado muere en el tránsito de las palabras a los hechos. Más de setecientos días después, si algo dejó aquella pirotécnica de anuncios y promesas ha sido un mar de decepción, lava, protestas y, sobre todo, de expectativas incumplidas. La burocracia, los ritmos decimonónicos de lo público, los olvidos, los errores y la maraña competencial —la realidad, en definitiva— radiografían el balance de la gestión de una crisis inacabada (cerrada en falso) que tuvo consecuencias electorales en mayo y que ahora, dos años después, tendrá fiel reflejo en la asamblea que los afectados convocan lamentando que veinticuatro días después quede mucho por hacer (demasiado) y resolver.

Hay quienes han recibido ayudas, claro que sí. Muchos han logrado alcanzar o acercarse a las soluciones que estaban esperando, por supuesto. Algunos damnificados consideran que las cosas se han ido gestionado razonablemente bien, faltaría más. Sin embargo, lo que más pesa en el aire es la lentitud, el desacierto en las apuestas —habitacionales, especialmente— y la percepción de que cámaras de televisión, planes interdepartamentales, fotógrafos, medidas, presidente y ministros abandonaron la isla (olvidaron) antes de tiempo. Ahora muchos de los afectados se reunirán con representantes de algunas Administraciones para hacer balance de los trabajos y tareas que hay que comenzar o culminar, para reconstruir lo que la lava permita rehacer; y, en paralelo, para corregir e impulsar las acciones que contribuyan a la recuperación socioeconómica de la zona.

A los damnificados no se les escapa que las elecciones autonómicas y locales han marcado, también para ellos, un antes y un después. Siempre ocurre, qué decir en La Palma —en particular— y en Canarias —en general— con el cambio que las urnas trajeron consigo, propiciando que en un buen puñado de corporaciones el PSOE haya sido sustituido por Coalición Canaria y Partido Popular. A la espera de que eche a andar el próximo Gobierno central (más que previsiblemente con idéntico presidente) los damnificados quieren marcar objetivos a los equipos entrantes y hacerles ver que deben terminar con el catálogo de incertidumbres que continúa despertándolos cada mañana. Los afectados celebrarán el segundo aniversario de la erupción entregando a las autoridades competentes —todas y ninguna, si nos atenemos a los pecados precedentes— un listado con lo que consideran que son los problemas que en mayor medida requieren respuestas inmediatas.

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Decepción. Frustración. Incertidumbres. Nada nuevo bajo el mar de lava. Ya a finales de 2022 los afectados pusieron el grito en el cielo y cargaron contra la forma en que el Defensor del Pueblo tramitó y dio carpetazo —así lo entendieron— a la investigación sobre la gestión de la emergencia que el volcán dejó en herencia. En las conclusiones del informe se apuntó que la respuesta fue adecuada y que los miles de damnificados habían visto atendidas sus demandas en un plazo razonable. Distorsión de la realidad. Versión edulcorada. Oxígeno inmerecido. Así retrataron los colectivos el pronunciamiento de la oficina del Defensor del Pueblo. Y así, en términos similares, siguen describiendo el discurso que escuchan desde lo público cuando la política se pronuncia sobre lo que se ha hecho, silenciando lo que sigue sin hacerse.

Dudas sobre si se procedió correctamente con las decisiones de evacuar o no a la población cuando el volcán comenzó a vomitar lenguas de lava —sabiéndose, como se sabía, que todos los indicadores geológicos anunciaban la inminencia de la erupción—. Retrasos en la entrega de las ayudas a quienes perdieron vivienda y enseres. Una lentitud tan congénita como desesperante por parte de los legisladores ante el reto de proceder a las reformas normativas que, sí o sí, se requieren para poder abordar situaciones tan extraordinarias y excepcionales (la planificación del territorio que dejó el volcán ha brillado por su ausencia, optándose en incontables casos por la improvisación, con decisiones que han dado salida solo a situaciones puntuales). Duele la tardanza en la entrega de contenedores o casetas prefabricadas que, consideradas viviendas provisionales, se han revelado como una mala opción.

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No hay sombras sin luces. El Consorcio de Compensación de Seguros anunció en junio que ha abonado más de 230 millones de euros en indemnizaciones a los afectados —sigue pendiente de peritar el 1,5% de las peticiones recibidas, que suman 12.761 solicitudes—. Deterioros provocados por la ceniza generada por la erupción del volcán, daños en viviendas y comunidades de propietarios, comercios, hoteles, locales de oficina e inmuebles de uso no industrial han acaparado los pagos del Consorcio. ¿Y los autónomos? El Gobierno decidió prorrogar hasta el 31 de diciembre algunas ayudas de las que pueden beneficiarse autónomos y empleados; sin embargo, siguen siendo insuficientes para que muchos de ellos puedan empezar de cero.

Más de setecientos días después de que el Cumbre Vieja (o Tajogaite) entrara en erupción, lo que más pesa son las expectativas —altas, altísimas— que se generaron con la constante presencia del presidente del Gobierno y con los incontables anuncios de sus ministros en las innumerables visitas que —sobradamente fotografiadas— realizaron a una isla donde dos años después los afectados siguen temiéndose que muchas de sus demandas acaben bajo un mar de lava, olvido, burocracia y limbos competenciales.