Crisis migratoria, cuestión de Estado y estado de la cuestión (vuelva usted mañana)

Si las palabras bastaran, los menores no acompañados, que entran en el país por Canarias, estarían hace meses o años repartidos por todo el territorio, asumiendo cada comunidad el esfuerzo que le corresponde. Si fuera suficiente con lanzar titulares al aire, la solidaridad interterritorial obligatoria estaría en el paisaje del día a día de las distintas regiones, en su realidad, en el mapa de tareas que corresponde a las diferentes autonomías.

Si bastara con las frases que los constructores de mensajes proponen a los ministros o con el bucle de buenas intenciones que protagonizan los secretarios de Estado, si eso fuera suficiente, la gestión de la crisis migratoria sería cosa de todos, asunto o cuestión de Estado, pero de verdad, no de boquilla, ni de puntillas, tampoco de perfil.

Cuando los ministros competentes se toman la molestia de acercarse a Canarias para generar la ficción de que están en ello, para alimentar el espejismo de que están ocupándose, calcan el proceder de los compañeros de gabinete que con anterioridad han participado de la estrategia de presencialidad con la que Moncloa pretende, no ya implicarse o poner de su parte para abordar el asunto, sino entretener a la opinión pública de las Islas con espectáculos de sombras chinescas, adormecerla, abonar la sensación de que se está haciendo algo.

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Los hechos demuestran que, más allá de las palabras, la realidad es que a Canarias siguen dejándola sola con uno de los fenómenos más complejos del siglo, con un éxodo, el africano, que protagonizará estas décadas como igualmente lo hará el agua, la energía, los progresivos desplazamientos hacia el norte o el sur huyendo de los procesos de desertización, como el calentamiento de los océanos o la gestión de residuos.

Si bastasen cien de titulares, ochenta comparecencias, un millón de palabras concebidas para viralizarlas en los informativos de televisión, radio o en digitales, si fuera suficiente con un contenedor de buenas intenciones o con el alud de compromisos que el archipiélago acumula en sus estanterías, Canarias no seguiría afrontando en soledad un proceso que siendo asunto de Estado continúa gestionándose, desde las islas, como una cuestión territorial, estrictamente regional —autonómica, sí, pero en singular; con Canarias conjugándolo en primera persona, y primera línea—.

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Saben los ministros, y su presidente, que no hay imágenes, crónicas o sucesos que mil telediarios duren. Reducir su acción política al objetivo de dormir el partido yendo de cuando en cuando a las Islas para anunciar inminencias que dejan de serlo al cabo de semanas o meses —esa estrategia de refugiarse en un futuro más o menos inmediato para huir de los incumplimientos presentes— consolida la conclusión de que la meta no es remangarse sino ganar tiempo perdiéndolo.

Son conscientes en los ministerios de que llegará el día en que deje de hablarse, de ser noticia, de estar en las conversaciones de moqueta, plató o cafetería del resto del país, la llegada de cayucos, las desapariciones mar adentro o los cuerpos arrojados al océano, el hacinamiento de menores no acompañados, el colapso sanitario, la falta de recursos materiales y humanos o la insuficiente vigilancia o seguimiento de las cajas de cerillas que atraviesan las autopistas de agua que unen el continente africano con Canarias.

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A fecha de hoy, ya descreídos, desesperados de tanto esperar, convencidos de que las palabras morirán antes de alcanzar la costa de los hechos, cabe concluir que la idea es que la crisis migratoria se reconduzca a manos del olvido y no, claro que no, porque el Gobierno de España haya pasado de la palabrería a la solidaridad que tanto reclama a los distintos territorios.

No nos olviden, dijeron con reiteración los palmeros cuando el volcán les desbarató la vida. Sabían en La Palma que cuando las cámaras y micrófonos se cansaran de contar el volcán, porque sin lava no hay entretenimiento, la soledad iba a enfriar o engullir los compromisos asumidos cuando el país miraba hacia la Isla. Canarias tiene algunos doctorados en olvidos, una larga trayectoria en la gestión de situaciones que dejan de ser asunto o cuestión de Estado cuando en el resto del país se deja de hablar de ellos.

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El descomunal trabajo y la enorme coordinación que requiere dar respuesta a la cada vez mayor circulación en la ruta canaria de la inmigración, la necesaria implicación del Estado y de las comunidades autónomas, acabarán en vía muerta cuando al cabo de los meses, quizá años, la llegada de migrantes a las Islas siga formalmente considerándose asunto de Estado pero deje de interesar o conocerse el estado del asunto.

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Algunas preguntas, jamás respondidas, no están de más. ¿Cuántas reuniones ha celebrado o solicitado el Gobierno de España a las autoridades europeas con la ruta canaria de la inmigración en el orden del día? Si no se han realizado o pedido, ¿cuántas videoconferencias para plantear soluciones compartidas y corresponsabilidades en la acción conjunta que exige abordar la llegada de africanos a la Unión Europea entrando por el archipiélago?

Descontando, por inocua, la reciente visita de la comisaria Johansson y qué decir de la nadería con la que la ministra de Inclusión se despachó días atrás su cuota de presencialidad, hay razones sobradas para sospechar que Madrid y Bruselas ni se han tomado la molestia de reunirse para hablar o trabajar en un plan de actuación, y, como los escasos movimientos se acogen al principio de confidencialidad, al comodín del oscurantismo por motivos de seguridad, la nada se multiplica hasta alcanzar la categoría de lo absoluto.

Opinión

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La última mohicana de la política reducida a las cenizas de la mera presencialidad, Elma Saiz, ha anunciado con más bombo y platillo que credibilidad, que ahora sí, faltaría más, el Gobierno se pondrá a trabajar de manera inminente para llevar a cabo las modificaciones legislativas necesarias y que la acogida de menores migrantes, por parte de las comunidades autónomas, no sea opcional. Dijo más. La ministra evangelizó a golpe de futuribles, y enfatizó, por penúltima vez, el afán de cumplir con la palabra dada, para, eso sí, acto seguido curarse en salud recordando que cualquier cambio legislativo tiene su recorrido y debe contar con el respaldo de las Cortes, vaya por Dios, ya sabéis, qué duro es esto, qué difícil es ganar votaciones en el Congreso, a veces, en fin.

Cuando en el escenario europeo surgen discrepancias entre un comisario y su país de procedencia, España, por ejemplo, lo catalogan como un conflicto hispano-español. Puertas adentro, el limbo legal, y la desgana por parte del Estado a la hora de exigir a las regiones que cumplan con su parte, bien podría resumirse en un conflicto hispano-español a ojos de Bruselas. Cosa diferente es que la Unión Europea se desentienda de Canarias sin que al Estado le duela en exceso. Algún día, más tarde que pronto, se sabrá qué acuerdo no escrito ha dado forma a esta inacción. Hasta entonces, solo palabras, poco o nada más. El Gobierno huye de su presente incumplidor y se refugia en el futuro que nunca llega, ya veremos, pronto, será inminente, vuelva usted mañana.