Mentiras y verdades en el discurso de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso

Casi tres meses después de las elecciones generales del 28-A, el Congreso de los Diputados acoge hoy y mañana la sesión de investidura de Pedro Sánchez, candidato del PSOE, a ocupar durante los cuatro próximos años La Moncloa. Sánchez llega a la investidura sin cerrar un acuerdo con su principal aliado político, Unidas Podemos, por lo que la incertidumbre se antoja como la principal protagonista de estas dos jornadas de discursos, que concluirán mañana martes con la votación a favor o en contra de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. En La Chistera estamos verificando las afirmaciones manifestadas por Pedro Sánchez en su discurso de investidura y las de los líderes de las principales formaciones políticas: Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Santiago Abascal.

Intervención de Albert Rivera

Los 26.000 millones de euros a los que Rivera se refiere -y no es la primera vez que lo hace- corresponden al aumento de la recaudación que figura en el Plan de Estabilidad 2019-2022 que el Gobierno de Pedro Sánchez envió a Bruselas en mayo de este año.

Pero no todo este aumento deriva de un incremento de impuestos, ya que, por ejemplo, el Estado puede recaudar más por una mayor actividad económica o un aumento de los salarios. Este crecimiento se contempla como consecuencia del incremento de presión fiscal que haría crecer los ingresos del 38,9% del PIB en 2018 al 40,7%, según el propio proyecto del Ejecutivo.

Tal y como explicó El País en su momento, esto no se consideraría una subida de impuestos, sino una diferencia de ingresos provocada por un hipotético crecimiento de la economía, que traería consigo más actividad, más empleo y más recaudación empresarial. Es más, en el Plan de Estabilidad, el Gobierno de Sánchez da la cifra concreta de la subida de impuestos: 5.654 millones de euros para 2020.

No es la primera vez que Albert Rivera defiende que la gestación subrogada no está regulada en España para defender a las familias que acuden al extranjero. Lo cierto es que si lo está, nada menos que desde 1988, cuando se establecía que “será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero”. La ley actual sobre Técnicas de Reproducción Humana asistida, que data de 2006, introdujo algunos cambios en el texto, pero no tocó el que se refería a este tipo de intervenciones.

Además, Albert Rivera comete una doble falsedad en esta afirmación al citar a Portugal. Actualmente no existe ninguna ley que contemple los vientres de alquiler en el país, porque en enero de este año el Tribunal Constitucional tumbó la ley que la regulaba desde 2017 sólo para las mujeres sin útero. Aunque los diputados lusos del bloque de izquierdas propusieron una nueva ley, actualmente se encuentra bloqueada después de que el Constitucional la rechazase de nuevo por un punto que contemplaba el arrepentimiento de la madre gestante.

De acuerdo a las últimas cifras de la educación en España, correspondientes al curso 2016-2017, País Vasco es la comunidad que más gasta por alumno público y concertado (6.500 euros), pero no llega al doble que la comunidad que menos gasta, Madrid, con menos de 4.000 euros. De hecho, en el último año, el gasto público en educación alcanzó el punto más bajo en dos décadas, con un gasto del 4,22% del PIB.

​Intervención de Pablo Casado

Es cierto que el impuesto al diésel era una medida que estaba incluida en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado de Pedro Sánchez, pero el Congreso rechazó el proyecto -lo que motivó el adelanto electoral-, por lo que esta medida impositiva, como otras incluidas en el mismo proyecto, como la denominada ‘tasa Google’, no se han aplicado. En las últimas semanas, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cifró en más de 1.300 millones de euros el aumento de recaudación si se equiparase fiscalmente el gasóleo y la gasolina.

La inversión extranjera en España en el primer trimestre del año ha caído drásticamente respecto a los anteriores trimestres. Si en el segundo trimestre de 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa tras la moción de censura, España recibió más de 20.000 millones de euros en inversión extranjera, los últimos datos de DataInvex muestran que la inversión extranjera en los tres primeros meses del año ha superado los 4.500 millones. Entre medias, la inversión fue de 10.000 millones en cada uno de los dos últimos trimestre de 2018.

Pablo Casado ya hizo un comentario parecido en julio de 2019 cuando la Seguridad Social publicó los nuevos datos del paro registrado, refiriéndose a la variación entre los meses de mayo y junio, que este año fue de -2,07%. Sin embargo, este no es el peor dato de los últimos diez años: en 2011, el número de parados tan solo cayó un 1,62%, la peor cifra desde 2009.

Discurso de Pedro Sánchez

El resultado de las urnas del 28-A deparó un empate entre el PSOE (123 diputados) y la suma de PP (66 escaños) y Ciudadanos (57). Con las bajas de algunos diputados durante las últimas semana, el grupo parlamentario socialista aparecía en la página web del Congreso con más miembros que la suma de PP y Ciudadanos, pero al inicio de la sesión investidura han tomado posesión dos nuevos diputados del PP, uno del PSOE y otro de Ciudadanos, equiparando nuevamente los miembros de los grupos parlamentarios con los resultados obtenidos por las tres fuerzas el 28-A.

En la legislatura 1979-1982 tan solo había 18 mujeres diputadas en el Congreso de los Diputados, representando tan solo el 5% de los 350 escaños del Congreso. Tras las elecciones del 28-A, tal y como publicó el propio Congreso de los Diputados, la cifra aumentó hasta las 164 mujeres diputadas, disparando ese porcentaje al 46,85%. Tras esta incorporación, el European Institute for Gender Equality situó al Congreso español a la cabeza de la paridad parlamentaria en la Unión Europea, superando a dos cámaras líderes en materia de igualdad: la de Suecia (46,4%) y la de Finlandia (41,5%).

En 2018, la OCDE publicó el estudio “Compara tu país” analizando la situación económica de los Estados miembro y otros países fuera de la Unión Europea (con datos correspondientes al año 2015). Según este análisis, España supera con casi un 15% de trabajadores bajo el umbral de la pobreza al resto de países europeos, quedando tan solo por detrás de China, India, Costa Rica, Brasil, Turquía y México.

Según los datos publicados por el Ministerio del Interior en sus Balances Trimestrales de Criminalidad, entre los meses de enero y diciembre de 2018 se registraron un total de 289 homicidios dolosos y asesinatos consumados. Sin embargo, las mujeres asesinadas por la violencia machista en 2018 fueron 47, una cifra que corresponde a la sexta parte de los homicidios, no a la quinta parte. Lo que sí es cierto es que en apenas década y media han sido asesinadas más de 1.000 mujeres, desde que en 2003 comenzó la estadística oficial.

Según los datos del INE, en el tercer trimestre de 1976 (el dato más antiguo de la serie histórica) había 13,4 millones de activos. A día de hoy, con los datos correspondientes al primer trimestre de 2019, la cifra alcanza los 22,8 millones. Eso quiere decir que el aumento ha sido de un total de 9,4 millones de trabajadores activos.

Tal y como explica el Informe sobre el progreso digital en Europa (EPDR) 2017, cada vez hay más empresas españolas que aprovechan las ventajas de venta que internet ofrece: un 19% de las pymes vendieron por internet (por encima del 17% de la media europea). Además, una cuarta parte de las pymes utiliza la facturación electrónica, un porcentaje muy superior a la media de la UE.

El pasado 5 de julio, el Consejo de Ministros aprobó destinar 100 millones de euros al Programa de Protección a la familia y atención a la pobreza infantil, repartidos entre las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla. Según explicó la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, de ese centenar, específicamente 15 millones son para el Programa para la Garantía de los Derechos a la Alimentación, Ocio y Cultura de los Menores durante las Vacaciones Escolares (VECA). El resto se destinarán a proyectos de intervención social (45 millones) y a las prestaciones básicas de servicios sociales gestionadas por los ayuntamientos (40 millones).