La reforma de las oposiciones es inquietante
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Francesc de Carreras

La funesta manía de escribir

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La reforma de las oposiciones es inquietante

El Ministerio de Administraciones Territoriales está preparando un cambio drástico en el acceso a la función pública, en el que tendrán gran peso la "inteligencia" y la "personalidad"

placeholder Foto: Un examen de oposiciones en Pontevedra. (EFE)
Un examen de oposiciones en Pontevedra. (EFE)

Estos últimos días se ha dado a conocer que el Ministerio de Administraciones Territoriales está preparando un cambio drástico en el sistema de acceso a la función pública: de las actuales oposiciones para comprobar el mérito y capacidad de los aspirantes se pasará a otro sistema "más flexible" en el cual, además de la exigencia de conocimientos, tendrán un gran peso en el balance final la "inteligencia" y la "personalidad" de quienes quieren acceder a la categoría de funcionarios. Lo ha explicado en este periódico la crónica de Héctor G. Barnés el pasado viernes día 7 de mayo bajo el llamativo título "Hay que acabar con las oposiciones".

Por lo visto no hay todavía un anteproyecto sobre el nuevo modelo, pero si una comisión de expertos en la cual uno de sus miembros, el profesor Ramió, catedrático de ciencia política, (en adelante las negritas son mías) considera que "hay que cambiar de forma radical el sistema, tanto para que sea más atractivo para los potenciales candidatos [...] como para tener perfiles más adecuados" (las negritas son mías). Además, sostiene Ramió, mediante test psicológicos puede averiguarse la inteligencia y personalidad de los candidatos.

Otro de los expertos, el profesor Sánchez Morón, catedrático de derecho administrativo, critica el sistema actual por considerar que en las actuales pruebas se valora en exceso el esfuerzo memorístico y no las habilidades y competencias de los candidatos, como son la capacidad de enfrentarse a los problemas y de liderar proyectos, resolver supuestos prácticos, trabajar en grupo o estar comprometido con el servicio.

Este lenguaje es el que han utilizado los pedagogos para las reformas de nuestros diversos niveles de enseñanza

Por último, un tercer experto, el señor Borja Colón, propone un modelo parecido al anglosajón, en el que sostiene se ha pasado de exámenes de conocimientos a simulaciones de trabajo que permitan apreciar las competencias generales del aspirante. Concluye afirmando que en Gran Bretaña "se puede formar parte del Gobierno de su Majestad sin memorizar nada", algo, añado yo, que comprobamos diariamente en España.

Este proyecto de reforma me inquieta profundamente porque el lenguaje empleado me suena, me suena mucho: es el que han utilizado los pedagogos para las reformas de nuestros diversos niveles de enseñanza, en todo caso, de la enseñanza universitaria a partir de la ley de 2007 en lo que se conoció como 'plan Bolonia', que hoy una gran mayoría considera que ha fracasado. Habilidades, competencias, prácticas, contra el esfuerzo, contra la memoria y devaluando el conocimiento. Todo eso me suena.

Lo que se necesita, pues, según la filosofía que inspira el proyecto, son personas inteligentes, cuya aptitud los psicólogos pueden evaluar mediante test, minusvalorando en cambio el esfuerzo para alcanzar "el mérito y la capacidad" que exige el artículo 103.3 de la Constitución, un elemento clave para que se cumpla el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública (que es un derecho fundamental, art. 23.2 Constitución) dentro de una Administración cuya finalidad es servir con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la ley y a los fines que la justifican. Una Administración, y unos funcionarios al servicio de la misma, que debe ser independiente y neutral.

Sin conocimientos no hay ni habilidades ni hay competencias. Lo primero es presupuesto de lo segundo, no son pues equiparables

Por tanto, no conocemos el proyecto, pero sí la inquietante filosofía en que se sustenta y que puede concretarse en dos finalidades básicas: menos conocimientos valorables objetivamente mediante pruebas y más habilidades y competencias valorables mediante test psicológicos. No digo que ambas no sean necesarias pero no tienen, ni de lejos, el mismo valor: sin conocimientos no hay ni habilidades ni hay competencias, por tanto, lo primero es presupuesto de lo segundo, no son pues equiparables.

Es algo semejante a un cierto concepto de clases prácticas en la universidad. La práctica, o es aplicación de la teoría o no es nada. Es decir, la teoría precede a la práctica: o tienes conocimientos teóricos o es imposible elaborar un trabajo práctico. A lo más será un sencillo ejercicio escolar del tipo: ¿si dos y dos son cuatro, dos manzanas y dos manzanas cuánto son? Esto no es conocimiento, el conocimiento es producto de una reflexión, para ello necesitas combinar diversos elementos en un todo complejo y para llegar a ello se necesita una cierta experiencia.

Otro elemento de la filosofía de este plan de reforma, también inquietante, es la obsesión contra la memoria, que tanto daño está provocando en la enseñanza. Naturalmente estoy de acuerdo en no exigir a los futuros funcionarios que se sepan de memoria los artículos de una ley. En mis exámenes de la universidad siempre los estudiantes se examinaban pudiendo consultar los textos legales que consideraran convenientes. No soy sospechoso, por tanto, de exigir conocimientos meramente memorísticos.

La memoria es como un almacén en el que debes encontrar no solo lo que ya sabes sino también aquello sobre lo que dudas

Ahora bien, sin memoria no hay posibilidad alguna de alcanzar conocimientos en la materia que sea. La pedagogía actual en contra de la memoria está provocando un daño incalculable a los estudiantes. La memoria es como un almacén en el que debes encontrar no solo lo que ya sabes sino también aquello sobre lo que dudas. Pero si el almacén está vacío no hay posibilidad de que sepas nada.

En fin, habrá que seguir esta reforma con lupa, es una cuestión determinante para nuestra democracia. Una administración pública neutral es un elemento básico para no seguir degenerando hacia la partidocracia. El mérito y la capacidad que la Constitución exige de nuestros funcionarios debe poder evaluarse ya en el momento de su acceso a la Administración para que esta sea lo más eficaz y objetiva posible y no un coto privado que favorezca los intereses de partido, siempre parciales por naturaleza. Eso es lo que me inquieta.

Estos últimos días se ha dado a conocer que el Ministerio de Administraciones Territoriales está preparando un cambio drástico en el sistema de acceso a la función pública: de las actuales oposiciones para comprobar el mérito y capacidad de los aspirantes se pasará a otro sistema "más flexible" en el cual, además de la exigencia de conocimientos, tendrán un gran peso en el balance final la "inteligencia" y la "personalidad" de quienes quieren acceder a la categoría de funcionarios. Lo ha explicado en este periódico la crónica de Héctor G. Barnés el pasado viernes día 7 de mayo bajo el llamativo título "Hay que acabar con las oposiciones".

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