A la fuerza ahorcan
Ante este panorama, ¿pueden unas nuevas elecciones en dos meses ser una alternativa? Excepto en el círculo que rodea a Puigdemont, nadie quiere contemplar este escenario
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Dos meses después de las elecciones catalanas, el relato independentista continúa intenso, con una inagotable dosis de improvisación trufada de ocurrencias. Día sí y día también, fugaces iniciativas ocupan el banal quehacer político de los dirigentes soberanistas. Para la opinión pública, se representa un guion propio del teatro de lo absurdo. Los protagonistas persiguen desesperadamente la supervivencia política. Esta última, condiciona el futuro inmediato de los actores. En efecto, no se trata tanto de encontrar una solución idónea para Cataluña, cuanto de mantener viva la presión política y mediática que la trayectoria separatista exige. Se mueve esta entre la presión judicial y las explícitas exigencias de una ciudadanía cansada, y manifiestamente harta de tanto planteamiento extremista. No se impone la razón, predomina más bien la acuciante necesidad.
JxCAT, plataforma de Carles Puigdemont, insiste una y otra vez en la legitimidad institucional de lo que dice representar. Pretende llevar hasta las últimas consecuencias el frágil simbolismo de su república independiente. En ello radican las posibilidades de supervivencia. El dramático simbolismo del exilio fundamenta su estrategia.
El encarcelamiento de Junqueras está resultando letal para el desarrollo de una acción política sustantiva de los republicanos de izquierdas
Las contradicciones de ERC crecen con el paso del tiempo. Los nacionalistas republicanos parecen haber descubierto, con profunda sorpresa, las inclemencias del tiempo de la Justicia. No se hacen los sorprendidos, lo están. No disimulan, están desconcertados. De ahí, su endeble rectificación, aún muy tímida. Han constatado preocupados que la cantera de sus dirigentes es escasa. ERC es un partido de cuadros con un núcleo de líderes sorprendentemente pequeño. Junqueras, Rovira, Forcadell y Mundó, se encuentran ante insalvables dificultades con la Justicia española, y Torrent, 'president' del Parlament, se mueve con calculada cautela para evitarlas. Es una dirección en apuros. El encarcelamiento de Oriol Junqueras está resultando letal para el desarrollo de una acción política sustantiva de los republicanos de izquierdas. Más brevemente, le echan de menos. Nada harán que pueda complicar su delicada situación legal. Y esa determinación, les dificulta tomar decisiones arriesgadas. Claman por una actuación discreta y contenida en el marco de la ley, que no deje de lado las expectativas de Junqueras como posible vicepresidente de la Generalitat.
En el mundo del PDeCAT se ha instalado, a partes iguales, la decepción y la resignación. No saben resolver la contradicción entre la pertenencia de Puigdemont a su partido, y la estrategia personal que él mismo encarna. Se preguntan melancólicos, sin encontrar explicación, ¿para qué les necesita el presidente? La dura respuesta, les sume en un profundo desasosiego. Duele decirlo, pero su papel político-institucional, va camino de convertirse en totalmente irrelevante. La aparente buena voluntad de alguno de sus gobernantes más significativos, empeora las cosas. Los cuadros y militantes del PDeCAT, ni comparten, ni aceptan, la rectificación pública ensayada por Marta Pascal.
Ante este panorama, ¿pueden unas nuevas elecciones en dos meses ser una alternativa? Excepto en el círculo que rodea a Puigdemont, nadie quiere contemplar este peligroso escenario. Rotundamente, nadie quiere elecciones, y el mismo expresidente ha acabado por no quererlas. Sospecha, con razón, que cualquier movimiento en esa dirección comportará su inmediata inhabilitación, y reducirá a cero sus posibilidades de volver a encabezar la candidatura. Las consecuencias de una más que segura inhabilitación las pagaría, con antelación, él y una parte considerable de la clase política catalana. Dudo, que en la más disparatada de las posibilidades —convocar elecciones— el Gobierno español permaneciera impasible. Si se produjera cualquier tipo de intervención en este sentido de los gobernantes españoles, todos respirarían aliviados. No conviene evidenciar las debilidades presentes y futuras de cada cual. Hay que esconderlas.
Discrepan entre ellos. Se acusan veladamente. Pero a la fuerza ahorcan. No queda otro camino que constituir lo que los independentistas han bautizado como 'Gobierno efectivo'. Sorprende este término, ¿puede constituirse cualquier gobierno que no tenga la inatacable pretensión de actuar efectivamente? Habrá Gobierno, y el debate está centrado ahora, no tanto en sus funciones como en su composición, y más allá de esta, en quién ha de ser el vicario de Puigdemont al frente de la Generalitat. Para el 'expresident', la liturgia del simbolismo, y para el 'president' efectivo, una representación auxiliar al servicio de la causa independentista. No importa que sea Turull, Sánchez o Rull. Convendrá que el finalmente escogido tenga cuentas pendientes con la Justicia. Acarician algunos la idea de cuan rentable sería, políticamente, ver al 'president' de la Generalitat sentado en el banquillo de los acusados. Sueñan con el impacto internacional que esta imagen supondría para su causa, y los dividendos, en forma del pretendido reconocimiento, que les reportaría. En un horizonte como el señalado, la legislatura de los tres presidentes, en un artículo anterior explicado, sería con el tiempo un hecho firme.
No importa que sea Turull, Sánchez o Rull. Convendrá que el finalmente escogido tenga cuentas pendientes con la Justicia
Una cosa bien distinta es cómo debería actuar un nuevo Govern que no quiere agravar la situación de los dirigentes separatistas encarcelados, una acción que no endurezca la posición de los jueces en el futuro juicio, y al tiempo ser sensible a las pretensiones de sus bases electorales, hoy muy desconcertadas. He aquí, la clave del problema. Reside ahí, el principio del fin del 'procés' tal como lo ha entendido hasta hoy el independentismo catalán. La solución que se le dé a este monumental entuerto condicionará la evolución de la política catalana por muchos años. No quiero acabar sin señalar que en este asunto no deben ser menospreciados los intereses políticos y electorales, a corto y a medio plazo, de los populares y los socialistas españoles. A mi juicio, el crecimiento político de Cs condicionará el margen de maniobra de unos y otros, pero en cualquier caso, el gobierno español podría actuar en una dirección que complicaría aún más las cosas en Cataluña. No sabría decir si también las agravaría en España.
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