Del globo sonda de las pensiones al caramelo electoral de Sánchez con las prisiones vascas

"La caja de la Seguridad Social no se toca". Corría el año 2016 y en el PSOE una gestora, presidida por el asturiano Javier Fernández, se llevaba las manos a la cabeza ante el pacto de gobierno que la líder del PSE, la sanchista Idoia Mendia, acababa de firmar con el PNV de Iñigo Urkullu. Los términos del acuerdo amenazaban con una nueva guerra entre barones: de un lado, Miquel Iceta, Mendia y los entonces sanchistas César Luena y Óscar López salieron a defender el acuerdo jaleados en la sombra por el hoy presidente del Gobierno. Guillermo Fernández Vara y Juan Cornejo, el hombre de Susana Díaz, se alineaban con la gestora y reclamaban mesura y templanza.

24 de junio de 2018. El lendakari Urkullu se entrevista en la Moncloa con el presidente del Gobierno, el renacido de las cenizas de Ferraz Pedro Sánchez. El vasco venía de aprobar los Presupuestos de Montoro y, también, de tumbar a Rajoy en la moción de censura. Entonces, se consideraba una "dificultad insalvable" transferir la gestión de la Seguridad Social al País Vasco y, aunque "tampoco será fácil", ya se empezaba a divisar en lontananza la cesión de las prisiones vascas.

20 de febrero de 2020. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y el consejero vasco de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, anuncian que en diciembre de 2021 estarán terminadas las negociaciones para transferir al País Vasco la gestión de la 'intocable' caja de la Seguridad Social.

Al PNV le entrega un arma electoral para el 5-A, sobre todo ante Bildu; al PSOE le permite postergar el malestar que provoca tocar las pensiones

Era la exigencia "irrenunciable" del PNV para negociar los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno vasco cumple su palabra: exigiremos esa transferencia —dijeron— desde el día después de que se forme el Ejecutivo (de Sánchez con Unidas Podemos) y "como paso previo a cualquier negociación presupuestaria". Hasta ayer.

El PSOE ha hecho un oportuno cambio de cromos: tras soltar el globo sonda de que estaba dispuesto a negociar ya el traspaso de la gestión de las pensiones, al final ha decidido aplazarlo hasta finales del año próximo —y dentro del Pacto de Toledo— a cambio de ofrecer a su actual socio de gobierno en el País Vasco acelerar el 'caramelo' político de la transferencia de las prisiones vascas. Una oferta que solo tiene ventajas para ambos: al PNV le entrega un arma electoral para la campaña del 5-A, sobre todo frente a Bildu, a quien las encuestas sitúan segundo; al PSOE le permite postergar el malestar que tocar las pensiones provoca entre los socialistas de Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón o Andalucía... Y todo a cambio de "adaptarse a los nuevos tiempos", aprovechar el mantra instalado de que ETA ha sido derrotada, ver normal en las calles los homenajes a los presos y pagar el ya barato precio de asumir el enfado solitario de las víctimas.

En menos de cuatro años, Sánchez ha pasado de tildar de "dificultad insalvable" a fijar el hipotético traspaso de la gestión de la Seguridad Social para finales de 2021 en un paquete de 31 transferencias. Cómo se haga, ya es otra historia. Porque aunque la cotización media anual en el País Vasco es de 7.108 euros (la más alta de España) frente a los 5.859 de la media de todo el país —según 'Las pensiones en las CCAA', que José Antonio Herce publicó en 2018 para el BBVA—, lo cierto es que en el País Vasco hay solo 1,7 trabajadores cotizantes por cada pensionista, cuando la media española es de 1,9, y en Madrid, por ejemplo, son 2,6 trabajadores por cada pensionista.

El déficit de las pensiones vascas irá a peor y quizá a finales de 2021, Vitoria se haya pensado la conveniencia de gestionar un sistema deficitario

¿Qué significa? Un desfase de 2.200 millones en negativo entre lo que aportan los trabajadores vascos y lo que reciben sus pensionistas. Algo que en 2017 pasaba en otras comunidades —la deuda total de todo el sistema, entre cotizaciones y prestaciones, era de 17.661 millones—. Pero contrasta, por ejemplo, con Baleares, Canarias, Murcia y Madrid, que tuvieron saldo positivo.

Como, además, el País Vasco es una de las comunidades donde hay mayor porcentaje de personas mayores de 65 años con respecto a la población en edad laboral y, para más inri, sufre una de las tasas de natalidad más bajas... El panorama es que el déficit de las pensiones vascas va a ir a peor en los próximos años. Así que, al final, puede que el 'regalo' sea un caramelo envenenado y que, para finales de 2021, el Gobierno vasco se haya pensado la conveniencia de gestionar un sistema tan deficitario.

Eso sí, para entonces, ya gestionará las cárceles vascas. Y viendo lo que ha sucedido en Lledoners con los políticos de ERC, siempre será bueno tener la llave de la celda... por lo que pueda pasar.