Amnistía: una chapuza de ley, unos magistrados valientes

No es de extrañar que el presidente del Gobierno tenga, junto a los medios de comunicación libres, a los jueces y fiscales en su punto de mira. La resolución de la Sala Penal del Tribunal Supremo, con Manuel Marchena como ponente y suscrita por otros cinco magistrados con el único voto particular de Ana Ferrer, que sí entiende que la malversación debía ser amnistiada y elevada al TJUE una cuestión prejudicial, supone una auténtica enmienda a la totalidad de la ley de Amnistía de Pedro Sánchez, la clave de bóveda sobre la que ha basado la arquitectura de esta nueva legislatura apoyada en la contraprestación de los siete votos de Puigdemont y los suyos a su investidura.

La resolución que declara "no amnistiado el delito de malversación" no ahorra ni un solo calificativo a la redacción de una ley de Amnistía hecha "a ritmo de alta velocidad" y que la Sala tacha de falta de coherencia, inexacta, imprecisa y que, además, acaba con la "inderogable seguridad jurídica que han de presidir tanto la redacción de la norma que crea un hecho delictivo, como la de aquella que declara extinguida la responsabilidad criminal por efecto de la amnistía".

El ponente no se ahorra ningún calificativo -"valoraciones políticas innecesarias", las llama el PSOE- para describir la "la precipitación con la que este texto legal ha visto la luz" y la distancia "entre la redacción inicial y la que finalmente ha sido publicada" —fruto de los constantes chalaneos políticos entre el PSOE y Junts, entre el enviado de Ferraz, Santos Cerdán, y Puigdemont bajo una inmensa foto del referéndum ilegal del 1-O— y que han acabado, según los magistrados, "de manera decisiva a dificultar la labor interpretativa" de este artefacto de ley de Amnistía.

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Como ya adelantó José Antonio Zarzalejos en El Confidencial, la Sala no ha tenido ni siquiera que elevar una cuestión prejudicial al TJUE porque la redacción definitiva de la ley que aprobó el Congreso —tras las continuas exigencias de Puigdemont y el temor de que Europa acabara sacando los colores al Gobierno— contenía tantos vacíos que, finalmente, "el texto legal producido no alcanzó a perfilar con claridad ese legítimo objetivo y la jurisprudencia ha de guardar fidelidad a la legalidad, no a la etérea figura de un legislador (el ponente no escatima en la redacción la crítica al legislativo) resultante de la confluencia de aspiraciones distintas y a veces contrapuestas: el texto legal cobra vida propia al margen de sus plurales coautores". Lo que acabó siendo el hijo legal de un Gobierno frankenstein…

Pero hay más en esta resolución del Supremo que deja las vergüenzas al aire de una ley fruto de la coyuntura política y la necesidad de Sánchez de contar con los votos de Puigdemont. Los magistrados, directamente, señalan el contraste entre la protección reforzada que la Unión Europea atribuye al delito de malversación de caudales públicos y “la lenidad del legislador español” que no duda en perdonar graves delitos y sus consecuencias económicas.

El TS afea la acción política de este Gobierno: "El legislador ha estimado necesario abrir un paréntesis a cien años de jurisprudencia"

Para los magistrados, como también entiende el común de los mortales, no casa la lucha de la UE contra la corrupción, que prohíbe el indulto o la amnistía del delito de malversación, con esta ley española. "Es especialmente difícil conciliar el esfuerzo de la Unión Europea por eliminar márgenes de impunidad para los malversadores con la voluntad del legislador español de dispensar un tratamiento excepcional y personalizado a unos delitos de especial gravedad, por el simple hecho de haber sido cometidos por unos concretos responsables políticos y en una determinada franja histórica que alcanza desde el día 1 de noviembre del año 2011 hasta el día 13 del mismo mes del año 2023".

Y aquí llega el varapalo mayor del Supremo a la acción política de este Gobierno: "El legislador ha estimado necesario abrir un paréntesis a cien años de jurisprudencia y hacerlo para unos hechos y unos protagonistas muy concretos. Un paréntesis que volverá a cerrarse para todos los demás ciudadanos que han sido condenados por un delito de la misma naturaleza". Todo un alegato en defensa de la igualdad de los españoles ante la ley, que esta amnistía exprés negociada a control remoto, varias veces corregida en su redactado y finalmente aprobada por los siete votos que Sánchez necesitaba, pretende borrar de un plumazo.

Y añade Marchena otra frase para esculpir en el frontispicio de este Congreso de los Diputados: "El castigo en los delitos patrimoniales no se justifica por 'quedarse con las cosas de otro', sino por 'quitarle a otro las cosas".

De momento, la reacción de Puigdemont, comparando a los magistrados del Supremo con la mafia ("La Toga Nostra", ha sido su lacónico mensaje en X), o la de Rull tildándola de "nueva infamia de la cúpula judicial española"- auguran próximas acometidas contra los jueces y acusaciones de lawfare que volverán a ser replicadas desde la tribuna del Congreso con nombres y apellidos. Marchena, Llarena o los fiscales que se enfrentaron a García Ortiz ya están curados de espanto.