El gobierno de Madrid encarga una gran auditoría a lo que Vox llama "chiringuitos"

El gobierno de Madrid ha necesitado a Vox para las votaciones de investidura y de presupuestos pero, por si acaso, tiene que ir cumpliendo con lo pactado porque los de Monasterio siembran la acción legislativa de minas si se les ignora. Ahí está el rechazo a la “Ley de Autonomía Fiscal”, la niña de los ojos liberales de Ayuso, la criptonita contra los “hachazos de Sánchez”, que los socios de legislatura amenazan con tumbar y sobre la que todavía no han dicho la última palabra.

El punto de “mala leche” es que es la norma estrella de Fernández Lasquetty con quien firmó Monasterio el acuerdo de las cuentas de este año. Por eso hay que volver al pacto de presupuestos e ir repasando los puntos. Ayer con la reducción de diputados y hoy, en Consejo de Gobierno, con el cumplimiento la medida 11 del acuerdo: “El Gobierno, con medios propios o mediante encargo a instituciones exteriores como la AIReF, realizará auditorías de todas las subvenciones concedidas en los últimos cuatro años, con el objeto de comprobar el impacto de las mismas en la actividad subvencionada y los resultados conseguidos”... y sigue “la contratación o encargo se iniciará a más tardar en los tres meses siguientes a la aprobación del presupuesto”.

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Se aprobaron el 22 de diciembre y hoy, tres meses y un día después, llega el mandato. Será la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal la que elabore un estudio sobre si esas subvenciones sirven para lo que fueron concedidas y, con el documento final, ver cuánto se gasta o invierte. Y si ese gasto o inversión es eficiente. Este análisis abarcará más de 250 ayudas con presupuesto cercano a los 300 millones entre las que se encuentran las destinadas a organizaciones no gubernamentales y otras asociaciones sin ánimo de lucro, personas físicas y entidades del ámbito local.

Conocido el “cómo” y el “para qué”, se podrán adaptar o readaptar a las necesidades. Monasterio, que lleva años hablando de “los chiringuitos”, en la precampaña electoral anunció que su plan era auditar “a Cáritas, a Save de Children, a todos, para ver qué hacen con los recursos de los madrileños y, según los cálculos de su partido, se podrían ahorrar más de 4.000 millones cerrando entes, duplicidades, chiringuitos, ONGs, etc…” Esto sería algo más de un quinto de todo el presupuesto autonómico.

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Este encargo que saldrá hoy del Consejo de Gobierno, que no abarca tanto como Vox prometía, no es nuevo para la AIReF. El antecedente más importante es del año 2019, cuando Jose Luis Escrivá, hoy Ministro, era su presidente. Entonces elaboró un gran estudio sobre el gasto público y más concretamente sobre las subvenciones definidas en la Ley General de Subvenciones. La principal conclusión de aquel macroinforme es que no había ningún tipo de evaluación de las políticas públicas, que solo había un control legal y contable, pero que no se tenían en cuenta los resultados. También decía Escrivá en la presentación que faltaba estrategia, transparencia y trazabilidad. Esto no permitía saber si hay duplicidades o solapamientos porque es imposible hacer el recorrido desde que ese dinero sale de una administración hasta que llega al beneficiario. Aclaró que “no era para ahorrar” sino para “mejorar”.

Eso mismo es lo que quiere saber el Gobierno de Madrid y su socio de legislatura dentro del compromiso con la estabilidad presupuestaria y eso que se llama “eficiencia en el gasto”. De todo esto se hablaba mucho en los primeros años del gobierno de Rajoy. El propio Montoro, en la presentación de la AIRef ,decía que era un “órgano para reforzar la arquitectura institucional de España en pro de la estabilidad presupuestaria vigente en todas sus administraciones públicas”. Esto también tiene que ver con la necesidad de cumplir lo pactado para que pueda ser aprobada sin sobresaltos la Ley de Autonomía Fiscal, sobre la que Ayuso ha levantado gran parte de su proyecto de gobierno y de confrontación económica con Sánchez.