Amordazar a los jueces

Decía Blaise Pascal, conocido matemático y físico, que "la justicia, sin fuerza, es impotencia; la fuerza, sin justicia, es tiranía". El Poder Judicial, en estos 47 años de democracia, siempre ha andado escaso de fuerzas. La parquedad de recursos constituye una sutil y efectiva forma de control a los jueces, que tienen que resignarse a trabajar con las miserias que les proporcionan las administraciones prestacionales en una sociedad donde operan formas cada vez más sofisticadas de delincuencia. Una justicia lenta e impotente que no siempre alcanza a los poderosos, aunque, cojeando, acabe procesando al cuñado del jefe del Estado o al banquero más poderoso de los noventa.

Sin embargo, en esta era de la polarización y de política de branding, la sutileza se torna irritante para el poder. Coincidiendo con el auge de las redes sociales y de "la nueva política", en los últimos años se ha dado el peligroso paso de buscar la neutralización de la Justicia mediante ataques directos a los jueces. No nos engañemos: bajo la excusa de defender la democracia resultante de las urnas, se busca eludir el incómodo control que el Poder Judicial ejerce sobre los otros dos. Y ya sabemos lo que dice Pascal: si la fuerza no es controlada por la justicia, la democracia se torna en tiranía.

El 10 de enero, el PSOE registró la "proposición de ley orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas" que, aunque se justifica como una forma de mejorar la calidad democrática, asegurando "los derechos fundamentales de los colectivos víctimas de acoso [judicial] y, concretamente, su derecho al honor, a la libertad de expresión y creación, a la participación política y a la tutela judicial efectiva" en primera instancia lograría el blindaje del Fiscal General del Estado y de personas cercanas al presidente y al gobierno en las variadas causas penales abiertas contra ellos. De aprobarse la ley, por un lado, se limitaría la acusación popular hasta su desnaturalización y vaciado –lo que arroja serias dudas de su constitucionalidad–, y, por otro, se aplicaría de forma retroactiva a los procedimientos en curso.

Tras años de asfixia limitando la dotación de medios y enterrando a los jueces en papel; tras insuflar la idea de que el Poder Judicial no es elegido por el pueblo, ignorando que su legitimidad procede directamente de la Constitución y de la Ley; tras convencer a la población de que los jueces son una casta privilegiada patriarcal y franquista; y afirmar abiertamente que el Presidente está siendo víctima de lawfare, esta ley ha llegado mucho más lejos.

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La proposición ha sido el último de los intentos del gobierno de apartar a los incómodos jueces de su camino. El mensaje que subyace en toda la destructiva desviación en la que nos hallamos es que ni los miembros del Poder Ejecutivo, ni sus familiares, ni los cargos de confianza designados por aquel pueden ser fiscalizados. No debería sorprendernos que el PSOE haya dado este paso, cuando, en el pacto de gobierno suscrito con Junts en noviembre de 2023, acordó con esta fuerza política someter a los jueces a comisiones parlamentarias de investigación previendo que "pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto de lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas". Un gobierno que se sustenta en la acusación explícita al Poder Judicial de prevaricación es previsible que no se conduzca posteriormente con lealtad institucional. Al contrario.

La proposición, además de impedir a los jueces admitir querellas que se basen en informaciones periodísticas o medios de comunicación "sin otros datos o elementos fácticos que sirvan para acreditar indiciariamente los hechos denunciados" –lo que introduce una presunción de falsedad de todas las noticias– y de limitar en la práctica la acción penal a la acusación pública (la fiscalía) o a la residual acusación particular, introduce una bizarra causa de recusación que persigue amordazar a los jueces en sus expresiones públicas y privadas. Así, la ley permitirá apartar al juez de un asunto cuando incurra en la causa de "haber manifestado públicamente, invocando su condición de juez o magistrado, o sirviéndose de esta condición, la censura, el acuerdo o desacuerdo con actuaciones desarrolladas por autoridades o funcionarios públicos, partidos políticos, sindicatos, asociaciones u otras entidades, públicas o privadas, que sean parte en el procedimiento o dirigirse a ellos con la misma finalidad de forma privada o participar en actos o concentraciones con idéntico objeto, comprometiendo su independencia o imagen de imparcialidad".

Aunque el PSOE no ha llegado (aún) tan lejos como para proponer modificar la ley y sancionar disciplinariamente a los jueces por opinar, ha recogido una causa de recusación que, en la práctica, supone una afectación severa e indiscriminada a la libertad de expresión y manifestación de los jueces y al principio de inamovilidad de estos. De hecho, todos los jueces de España serán susceptibles de recusación, en la medida en la que su mera participación en la vida pública les lleva a exteriorizar continuamente opiniones de afecto o desafecto que no tienen por qué afectar a su imparcialidad. Con esa redacción, por ejemplo, un juez no podrá manifestar su satisfacción con la gestión de su hipoteca por el Banco X ante personas que sepan su profesión, ni acudir al estadio con la bufanda de su equipo a animarle, ni opinar acerca de la petición de la reducción de jornada laboral de un sindicato, ni manifestarse por el derecho a una vivienda digna. Su libertad quedará constreñida ante la eventualidad de ser vistos o fotografiados y posteriormente tener que resolver un litigio de cualquier índole en el que sea parte cualquiera de estas entidades o sus representantes. Tampoco podrá presentar una reclamación privada o poner una reseña en Google, ni, en definitiva, ser sociedad civil, salvo que actúe emboscado, haciendo uso de pseudónimo o a través de personas interpuestas.

La independencia judicial no es un derecho de los jueces​, sino un derecho fundamental de todos los ciudadanos

La norma propuesta no trata de matizar o adaptar la causa de recusación de profesar "enemistad o amistad manifiesta" con alguna de las partes, que ya podría utilizarse cuando un togado, en sus manifestaciones públicas, mostrase animadversión o adhesión vehemente hacia cualquiera. La causa pretende acallar a los jueces y que desaparezcan de la vida pública. Ni siquiera se podrá dar cumplimiento a los principios de ética judicial que obligan a los jueces a pedir mejoras legales que redunden en beneficio de la independencia judicial como garantía de los ciudadanos, porque esas peticiones siempre se realizan sobre la base de criticar lo existente o acusar la pasividad del legislativo.

Decía António Henriques, presidente del Tribunal Supremo de Portugal, que la independencia judicial no es un derecho de los jueces, sino un derecho fundamental de los ciudadanos. Los ataques a los jueces buscan carcomer su independencia y, con ello, debilitar los derechos de todos. El Poder Judicial y la separación de poderes se encuentran en España en un momento crítico. Si en el pasado los ataques directos al Poder Judicial provenían de partidos populistas y de "la nueva política", en la actualidad el descrédito y el acoso a los jueces proviene también de partidos constitucionalistas. Y, una vez iniciada una senda, no podemos esperar que sea enmendada por otras opciones políticas que puedan acceder al poder en el futuro si también cuentan con investigados por los tribunales.

Mientras se repite machaconamente que existe un grave riesgo de pérdida de derechos y se apela al ejemplo de Argentina o Estados Unidos, paralelamente se están horadando las bases de la democracia. Esto no sería posible sin el beneplácito cómplice de una ciudadanía que desconoce las implicaciones que el debilitamiento del Poder Judicial acarrea para nuestra democracia.