:format(png)/f.elconfidencial.com%2Fjournalist%2F5ef%2F2c6%2F06a%2F5ef2c606a2777e0b5ef30f2545fc259e.png)
Mapa mental
Por
Justicia a la carta: así se coloca a los magistrados afines
El proyecto de ley orgánica del Gobierno por el que se modifica el sistema de acceso a la Carrera Judicial allana el camino del partido en el poder para colocar a jueces en tribunales
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F61b%2Ff5e%2Fe4a%2F61bf5ee4a798f7fe4d39bb679093a245.jpg)
En 2002, Sylvain Timsit publicó el artículo Stratégies de manipulation —erróneamente atribuido a Noam Chomsky— donde desarrollaba un decálogo de las estrategias que son utilizadas por políticos y medios de comunicación para manipular a las masas. Una de ellas consiste en crear problemas para ofrecer soluciones, de tal manera que se construye artificialmente un problema y se denuncia machaconamente hasta convencer a la población de que constituye una verdadera amenaza para la convivencia. Una vez se ha creado el pretendido estado de opinión, la ciudadanía reclama una acción de los poderes públicos, momento en el que se propone la solución predeterminada, que es acogida con entusiasmo.
Sectores cercanos a Podemos llevan años reclamando un cambio en el acceso a la Carrera Judicial, pero, recientemente, el PSOE se ha apropiado de la idea y la ha convertido en prioridad. Con la previa campaña de desvalorización de las oposiciones como "sistema memorístico que no garantiza el conocimiento ni la excelencia profesional" y la difusión de la consigna de que a la Carrera Judicial solo se accede si eres hijo de magistrado o si procedes de una familia acomodada, se ha preparado a la sociedad para la "solución". En un artículo anterior ya hablé de la supuesta procedencia social de los jueces que, pese a que los datos demoscópicos demostraban que pertenecían a clases sociales diversas, eran considerados un colectivo endogámico gracias a la ingeniería comunicativa al servicio de Moncloa, capaz de convencer a los ciudadanos de cosas como que los incendios forestales en la Antártida son una amenaza ecológica.
El sistema de oposición a judicaturas se parece al de los diplomáticos, los notarios o los registradores. Sin embargo, a nadie parece preocuparle que en los otros cuerpos del Estado se dediquen horas y horas de estudio memorístico para superar la oposición. Tampoco ha reparado nadie en por qué las clases más desfavorecidas no pueden tener acceso a estas profesiones, ya que las becas que el gobierno pretende consolidar por ley no cubren las oposiciones más elitistas. El sistema memorístico es cuestionable, pero es el más objetivo y el que menos margen de adulteración permite. Por otro lado, quienes hemos estudiado arduamente sabemos que es imposible memorizar tantos conceptos abstractos sin comprenderlos y relacionar unos con otros.
El proyecto de Ley Orgánica presentada por el Gobierno hace unos días modifica la oposición por turno libre al sustituir uno de los dos exámenes orales por un caso práctico escrito, manteniendo el otro oral y el eliminatorio test inicial. En los años ochenta y noventa, los exámenes a judicaturas incorporaban un examen práctico, por lo que sería volver a un sistema parecido al utilizado entonces. El caso práctico permitirá evaluar con anterioridad la capacidad de resolver problemas jurídicos, algo que actualmente se hace en la fase formativa de Escuela Judicial. Ahora bien, pese a que el proyecto prevé la anonimización, nada más aleatorio y transparente que sacar unas fichas con los temas y desarrollarlos en público, como en el sistema actual. La constitución del Centro de Estudios Jurídicos —dependiente del Ministerio de Justicia— como escuela pública para preparar estas oposiciones (no otras), constituye una tentación para el gobierno de turno, que puede preseleccionar a ciertos estudiantes y favorecer su acceso, dando información acerca de la prueba escrita o el test, suspicacia auspiciada por el indisimulado esfuerzo del gobierno por controlar el acceso a la Carrera Judicial.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F973%2F279%2Fd0d%2F973279d0d27105be6957d2a526b933de.jpg)
Pero este no es el nudo gordiano de la reforma. Este proyecto funciona como la alimentación infantil: para conseguir tragar una cucharada de puré de acelgas, se engaña a los sentidos ofreciendo una cucharada previa de natillas. Cada medida razonable viene acompañada de un caramelo envenenado. La verdadera catarsis del sistema de acceso viene en el refuerzo del denominado "cuarto turno" y en la regularización extraordinaria de 900 jueces sustitutos.
La Ley Orgánica del Poder Judicial prevé dos maneras de acceder a la Carrera Judicial: por turno libre (oposición pura) y por cuarto turno (concurso-oposición). La misma ley obliga a que una cuarta parte de las plazas de magistrado sean cubiertas por concurso-oposición, algo que actualmente no se hace (no llegan al 10%). Cumplir la ley parece razonable. Los autores intelectuales del proyecto, procedentes de cierto sector de la asociación de jueces denominada "progresista", siempre han querido potenciar esta forma de acceso, al entender que, incorporando juristas que hayan desarrollado previamente diez años en otras profesiones jurídicas, se "democratiza" la Carrera Judicial y se la dota de mayor pluralidad. Creado el problema de que los jueces son todos conservadores —salvo los asociados a Juezas y Jueces para la Democracia, 436— la explicación entra sola, sin necesidad de cucharada de natillas.
Si bien la mayoría de los de cuarto turno ejercen su función con total competencia y responsabilidad, es un sistema que puede dar lugar a una mayor discrecionalidad. Al baremarse méritos de difícil concreción y de sencilla adquisición con ayuda de terceros con intereses políticos, bajo una apariencia de legalidad, se evalúan méritos difícilmente fiscalizables por los tribunales.
Si bien la mayoría de los de cuarto turno ejercen su función con total competencia, puede dar lugar a una mayor discrecionalidad
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria hizo público un estudio en el año 2022 en el que se denunciaba que antes de 2031 se iba a jubilar un 30 % de la Carrera Judicial. El CGPJ advirtió en 2024 que, para evitar el colapso, el Ministerio de Justicia debía convocar 350 plazas anuales de jueces de manera sostenida durante los próximos años. El Ministerio de Justicia, sin embargo, convocó únicamente 120 plazas para este año. Con estos datos ya tenemos los ingredientes para la maquiavélica construcción de un nuevo orden judicial: jubilaciones masivas, necesidad de incrementar el número de efectivos para no colapsar, anuncio del Ministro Bolaños de aumentar el número de plazas y objetivo de alcanzar el 25% de jueces de cuarto turno previstos en la Ley. Las convocatorias de concurso-oposición y la regularización extraordinaria de jueces sustitutos —en un sistema parecido al anterior— inyectarán a la Carrera Judicial más de mil jueces que accederán a través de un sistema que permite cierta intromisión, algo que no sucede en la oposición libre, absolutamente objetiva.
Dos propuestas del proyecto apuntalan la sospecha de las verdaderas intenciones del gobierno. La primera de ellas es la eliminación de la limitación de destinos de los magistrados que acceden por concurso-oposición. Hasta el momento, quien así accedía únicamente podía desarrollar su función jurisdiccional en la materia en la que había aprobado (civil, penal, administrativo o social). Esta limitación impedía que un magistrado de cuarto turno pudiera ser nombrado discrecionalmente como presidente de un órgano colegiado, al englobar todos estos tribunales dos o más disciplinas. Por ejemplo, un magistrado de cuarto turno penal no podría presidir la Audiencia Nacional puesto que, además de asuntos penales, es competente en materia administrativa y social. Con la reforma, un CGPJ politizado, podrá nombrar discrecionalmente a magistrados de cuarto turno sin importar su procedencia jurisdiccional. La segunda, establecer, por ley, que quien acceda a la condición de magistrado por esta vía empiece su andadura profesional con cinco años de antigüedad en la carrera judicial a sus espaldas, automáticamente. Esta medida tiene por finalidad acelerar las posibilidades nombrar discrecionalmente a un magistrado de cuarto turno para un cargo discrecional, porque a menudo se exigen diez o quince años de antigüedad en la carrera.
En definitiva, el ataque al Poder Judicial es constante, inflexible y maquiavélico. El desconocimiento generalizado del funcionamiento de la Carrera Judicial hace que no se vea con malos ojos que se reforme el sistema de acceso, aunque sea arbitrario y solo centrado en los jueces y fiscales. La mala noticia es que nadie vendrá después a enmendar esta metástasis del Estado de Derecho, en la medida en la que el control al Poder Judicial beneficia siempre al que gobierna, sea del color que sea.
En 2002, Sylvain Timsit publicó el artículo Stratégies de manipulation —erróneamente atribuido a Noam Chomsky— donde desarrollaba un decálogo de las estrategias que son utilizadas por políticos y medios de comunicación para manipular a las masas. Una de ellas consiste en crear problemas para ofrecer soluciones, de tal manera que se construye artificialmente un problema y se denuncia machaconamente hasta convencer a la población de que constituye una verdadera amenaza para la convivencia. Una vez se ha creado el pretendido estado de opinión, la ciudadanía reclama una acción de los poderes públicos, momento en el que se propone la solución predeterminada, que es acogida con entusiasmo.