Renovar el CGPJ para seguir haciendo lo mismo

El pasado miércoles se produjo finalmente la renovación de 23 altos cargos judiciales en la reunión del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), después del intento fallido del 12 de febrero pasado. Aunque este nuevo Consejo trajo cierto aire de esperanza en sus inicios al nombrar para la presidencia a una magistrada que no había sido propuesta por Moncloa, este gesto punk no fue más que un espejismo que maquillaba fugazmente la carcoma que lleva destruyendo el órgano desde 1985.

Es ciertamente difícil defender la independencia intrínseca de la Carrera Judicial cuando nuestro órgano de gobierno –en cuya elección los jueces y magistrados de a pie somos convidados de piedra– se divide de forma visual en dos bloques, como si se trazara una perfecta línea divisoria con escuadra y cartabón. Ahora bien, nuestro corporativismo no puede seguir echando la culpa a los políticos, ese comodín tan resultón, porque la Carrera Judicial tiene lo que se merece. Sin la cooperación necesaria de los jueces y magistrados que se prestan a este juego; sin la acción positiva de las asociaciones judiciales que actúan de proveedores de vocales de uno y otro partido en el poder y funcionan como agencias de colocación; y sin el silencio omisivo o las protestas con boca pequeña de las demás asociaciones, nada de esto sería posible.

En los últimos años, la gravísima irregularidad democrática que ha supuesto que el CGPJ haya estado en situación de interinidad más de cinco años por el bloqueo de ambos partidos enfrentados ha sido el reflejo de la decadencia de un sistema colapsado y caduco. La forma de elección parlamentaria de los vocales ha propiciado el espectáculo de politización al que hemos asistido. Esta situación devino insostenible con la prohibición de nombrar cargos discrecionales durante tres años, provocando la merma de las Salas del Tribunal Supremo y la falta de renovación de muchas presidencias de órganos colegiados, acumulándose más de 100 cargos por elegir.

Con la renovación del órgano de gobierno de los jueces llevada a cabo en el verano de 2024, las escasas esperanzas de que las cosas fueran a mejorar, se han derrumbado en unos meses. En primer lugar, el CGPJ ha incumplido el mandato de la Ley Orgánica 3/2024, de 2 de agosto, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la que se le otorgaba un plazo de seis meses para que aprobara por mayoría de tres quintos una propuesta de reforma del sistema de elección de los 12 vocales judiciales designados “entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales” (artículo 122.3 de la Constitución). Haciéndose trampas al solitario, el CGPJ remitió una propuesta aprobada por unanimidad, pero con dos alternativas: la del bloque progresista, con intervención del Parlamento en la elección de los vocales (como ahora, con matices) y la del bloque conservador, donde no se contempla la participación de ninguno de los otros dos poderes el Estado. Revestir de consenso un disenso tan significativo es, en mi opinión, incumplir el mandato legislativo. Para este viaje no se necesitaban alforjas.

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En segundo lugar, en la elección de los primeros 27 cargos discrecionales el pasado enero y en la de los 23 del 25 de febrero, el CGPJ no solo ha incurrido en las mismas inercias y vicios que los Consejos precedentes, sino que el descaro en el reparto de cargos se ha naturalizado sin ningún tipo de pudor. El hecho de que se tengan que nombrar tantos cargos de golpe hace más llamativo el juego de las sillas, donde la música suena con tres segundos de antelación para los asociados a la mayoritaria, Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y a la tercera, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). Los candidatos de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda en representación, Foro Judicial Independiente (FJI), cuarta, y los no asociados (un 42,34% de la Carrera) siguen bailando al son de una música desacompasada y, cuando van a sentarse, tienen las sillas ocupadas.

Con una escandalosa e invariable unanimidad en los nombramientos, este CGPJ, lejos de dar muestras de consenso, evidencia un obsceno mercadeo. Decía Ulpiano que “Justicia es dar a cada uno lo suyo”. Debe ser que solo merecen “lo suyo” los jueces que pertenecen a las asociaciones cuyos vocales en el CGPJ han sido propuestos por PSOE-Sumar y los propuestos por el PP. Por eso, la “unanimidad” es el resultado de tratar de forma global los nombramientos, sin examinar a cada candidato de forma individualizada. Más de las tres cuartas partes de las designaciones efectuadas han ido a parar a miembros o ex miembros de APM o de JJpD, las dos únicas asociaciones que tienen vocales en el CGPJ y que juntas no suman ni el 35% de los jueces españoles.

Un país debe aspirar a tener en la cúspide de todos los órganos judiciales a los mejores, con independencia de su adscripción asociativa

Es significativo que JJpD, una asociación minoritaria con 436 asociados, un 8,05% de la Carrera, haya obtenido el 26% de los nombramientos. La mayoritaria, APM, con 1.412 asociados (un 26,07%) ha obtenido el 50%. Sin embargo, pertenecían a AJFV (933 asociados, un 17,23% de la carrera) solo un 8% de los nombrados, a FJI (342 asociados, un 6,31%) un 2% y a no asociados (42,34% de la Carrera), un 14%. El sesgo asociativo es tan evidente que es imposible de justificar.

Entiendo que un país debe aspirar a tener en la cúspide de todos los órganos judiciales a los mejores, con independencia de su adscripción asociativa. Para ello, es imprescindible cumplir el mandato del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, que ha advertido en diversas ocasiones a España para que lleve a cabo un cambio legislativo que establezca criterios objetivos y requisitos de evaluación para el nombramiento de altos cargos de la judicatura, con el fin de evitar la injerencia de los otros dos poderes en dicha designación. El pecado original de la designación partidista de los vocales envenena cualquier proceso de designación posterior.

Por más vueltas que queramos darle a la politización del órgano de gobierno de los jueces, es, en mi opinión, un debate incompleto en el que nos enzarzamos una y otra vez jueces, ciudadanos, políticos y asociaciones judiciales. No basta con reclamar que los jueces elijamos a 12 de los 20 vocales, hay que afinar un poco más.

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Un sistema de elección de los vocales del CGPJ conforme a la propuesta “conservadora” no garantizará la independencia del órgano más que la propuesta “progresista”, puesto que con aquél se permite trasladar desde los partidos a las asociaciones judiciales las luchas de poder. Para que la elección de los vocales judiciales por los jueces garantice la independencia de aquellos, es imprescindible establecer un mecanismo de contrapesos que impida a las asociaciones mayoritarias aplicar el rodillo ventajista que el mayor número de asociados les da. Ese contrapeso pasa por limitar el número de candidatos que pueda votar cada juez con el fin de evitar el voto cautivo de listas cerradas, que daría la mayoría de los vocales a una o varias asociaciones, previo pacto. Aunque la asociación mayoritaria, APM, propone un sistema de elección sin intervención parlamentaria, no acepta la propuesta de las asociaciones AJFV y FJI (las preteridas) de establecer este sistema de contrapesos. Es fácil saber por qué: la ausencia de limitación del voto podría otorgarle el 100% de los vocales, como sucedió en el único CGPJ de nuestra democracia que fue elegido por los jueces, el anterior a la reforma de 1985. Por eso, su propuesta debe ser tomada con toda la cautela que merece.

Los ciudadanos, que no diferencian entre el CGPJ y el Poder Judicial, tienen una imagen de justicia politizada, producto de la politización del órgano de gobierno de los jueces y de la forma de elección de los cargos discrecionales. De poco sirve que los jueces defendamos la independencia real de la Carrera Judicial que, créanme, es intachable, mientras las asociaciones judiciales no dejen de participar en las luchas de poder.