Mujeres en la cúpula judicial, sí, pero con transparencia
La decisión de este CGPJ de potenciar la presencia femenina en la cúpula judicial no es un avance en igualdad si no se objetiva la forma en la que el género es determinante para los nombramientos
Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer, algo sobradamente conocido. Pero menos saben que el lunes, día 10, es el de las Mujeres Juezas, efeméride instaurada en 2021 por la Organización de las Naciones Unidas. Su creación obedecía al espíritu de que «La representación de las mujeres en el poder judicial es fundamental para garantizar que los tribunales representen a sus ciudadanas y ciudadanos, aborden sus preocupaciones y dicten sentencias sólidas. Con su mera presencia, las juezas aumentan la legitimidad de los tribunales, enviando una poderosa señal de que están abiertos y son accesibles para quienes buscan recurrir a la Justicia». Ciertamente, el poder judicial debe ser reflejo de la sociedad a la que sirve y, por ello, debe ser paritario.
Hay que recordar que, en la mayoría de los países europeos, hay más mujeres que hombres en la judicatura. Sin embargo, la presencia de la mujer en los órganos judiciales superiores es muy inferior a la de los varones, diferencia que se acrecienta aún más en las presidencias de los tribunales supremos.
Desde septiembre, tenemos una presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, que alcanzó tan alto honor de forma imprevista, al no lograr la mayoría necesaria ninguno de los candidatos propuestos por cada uno de los bloques del CGPJ. Se puso entonces el foco en que Perelló no era la candidata deseada por el gobierno y en que era una buena noticia que, por fin, la quinta autoridad del Estado —si excluimos a la Casa Real— fuera una persona libremente elegida por los vocales y no por los otros poderes. Además, se daba la circunstancia de que era una mujer. Ha tenido que haber diez presidentes varones desde 1980 para que, 44 años después, una mujer alcance tan alto honor.
Lo cierto es que la figura de Perelló se acerca bastante al juez medio español: mujer, de acceso por turno libre, de familia de clase trabajadora, primera jurista de la familia y con las puñetas desgastadas de haberse dedicado a dictar sentencias durante la mayor parte de su vida profesional. Su discurso en la entrega de despachos de la 73ª promoción de jueces en Barcelona el pasado 24 de enero le valió, además, el reconocimiento de la Carrera, harta del acoso al que le tiene sometida la clase política y gran parte de la prensa, desmintiendo uno a uno los bulos con los que se desacredita sistemáticamente a quienes impartimos justicia en este país.
Ahora bien, una cosa es reconocer el satisfactorio desempeño de la labor institucional de representación y defensa de la Carrera Judicial que realiza la presidenta, y otra, la criticable actuación de este CGPJ, que sigue la misma estela politizada de los Consejos anteriores.
Retomando el papel de la mujer en la judicatura, este CGPJ nació con el objetivo autoimpuesto de terminar con la endémica desigualdad en la cúpula judicial. Aunque en España un 57,2 % de los jueces son mujeres, en los altos cargos de la judicatura la representación femenina ha sido raquítica. Según el informe del servicio de inspección del CGPJ de 2024, la presencia de magistradas en órganos colegiados (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales) se había visto incrementada en casi diez puntos en la última década, pasando del 32,7 % al 42,3 %. Este dato, sin embargo, es engañoso. Salvo el caso del Tribunal Supremo, el acceso a los órganos colegiados se produce por mero concurso de antigüedad, no por elección discrecional del CGPJ, por lo que el acrecentamiento de mujeres en la judicatura y el hecho de que vayamos adquiriendo cierta antigüedad incrementa naturalmente este porcentaje. Lo verdaderamente relevante es conocer qué proporción de los cargos discrecionales son ocupados por mujeres. Así, según el informe, en 2024 había 12 mujeres en el Tribunal Supremo, un 12 % del total.
Se suele explicar la ausencia de las mujeres en la cúpula judicial apelando al lugar común de la dedicación de estas a la familia con el consecuente sacrificio de la propia carrera profesional. En el lado contrario, se justifica ese mismo déficit en el hecho de que, si bien hay una mayoría de mujeres en la judicatura, en la franja de edad de los 61 a los 70 años, la presencia masculina es mayoritaria, con un 60 % de varones, por lo que será “cuestión de tiempo” que las mujeres lleguen a ser mayoría también en las presidencias de los tribunales y en el Tribunal Supremo, a los que se accede siendo mayor. La diferencia de edad por sexos no justifica esa brecha de género tan palpable que hace que en Europa nos saquen los colores. En el cuadro de indicadores de la Justicia del Consejo de Europa de 2024, España era el cuarto país por la cola en número de mujeres en el Tribunal Supremo, solo por detrás de la República Checa, Dinamarca y Malta. ¿Acaso las juezas europeas no tienen hijos ni cargas familiares? ¿Las mujeres accedieron a la judicatura en Bulgaria, Rumanía o Letonia antes que en España? Me temo que no.
Desechada la posible explicación de que las juezas españolas seamos más torpes que los jueces (que es lo que parece desprenderse de la letanía “yo no quiero que se nombren mujeres por ser mujeres, sino que se escoja a los mejores”), en mi opinión hay dos causas que nos han llevado a esta situación. En primer lugar, es incontestable que las mujeres nos postulamos en menor medida que los hombres para los cargos discrecionales. En el II Plan de Igualdad de la Carrera Judicial de 2020 se contenía como uno de los ejes de actuación “la realización de un estudio sociológico que analice en profundidad las causas de la baja participación de mujeres en estos procesos”. El estudio, a día de hoy, no se ha realizado. En cómputo global, menos de un tercio de los candidatos son mujeres, lo que hace estadísticamente más probable que el elegido sea un hombre. Las causas son variadas, aunque yo me inclino por pensar que es algo cultural muy relacionado con el “síndrome de la impostora” y con la sensación de estar aspirando a ocupar un lugar público que no nos corresponde.
En segundo lugar, el arbitrario sistema de elección de los cargos discrecionales, opaco y politizado, es caldo de cultivo favorable al nepotismo alimentado por lobbies de poder tradicionalmente masculinos. Los afterwork, los cursos, y, en definitiva, el compadreo patrio, se producen tradicionalmente más entre hombres, que se conocen entre sí y no eligen a mujeres, ajenas a su círculo. La falta de baremación objetiva de los méritos mediante un sistema tasado de elección en el que se puedan fiscalizar las decisiones, favorece la elección de jueces por motivaciones subjetivas, de conveniencia o de favor, terreno menos transitado por las féminas.
La decisión de este CGPJ de paliar la desigualdad en los cargos discrecionales aplicando la Ley Orgánica 7/2003 de igualdad efectiva de mujeres y hombres sería una buena noticia si no fuera porque no se ha objetivado la forma en la que se aplicarán los factores de corrección o las cuotas. No basta decir que se va a priorizar la presencia femenina en la cúpula judicial, sino que es imprescindible regular la forma en la que se va a hacer y en qué medida el género del candidato será tenido en cuenta a la hora de decidir. En la práctica, la excusa de la cuota se ha convertido en una arbitrariedad más y en un instrumento político de quita y pon para poder seguir eligiendo a quienes tienen vinculaciones asociativas y políticas con los vocales del órgano de gobierno de los jueces.
No nos engañemos: ser mujer se ha convertido en un pretexto más para justificar unos nombramientos y no otros, donde las candidatas mujeres eran mejores que el elegido, pero no convenían. Las luchas de poder sigue primando más que la igualdad.
Queremos una carrera judicial con presencia femenina en la cúpula, pero, sobre todo, queremos una cúpula judicial transparente y elegida por mérito y capacidad. No es ningún avance que el género sirva como coartada para seguir repartiéndose el pastel entre los (y las) de siempre.
Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer, algo sobradamente conocido. Pero menos saben que el lunes, día 10, es el de las Mujeres Juezas, efeméride instaurada en 2021 por la Organización de las Naciones Unidas. Su creación obedecía al espíritu de que «La representación de las mujeres en el poder judicial es fundamental para garantizar que los tribunales representen a sus ciudadanas y ciudadanos, aborden sus preocupaciones y dicten sentencias sólidas. Con su mera presencia, las juezas aumentan la legitimidad de los tribunales, enviando una poderosa señal de que están abiertos y son accesibles para quienes buscan recurrir a la Justicia». Ciertamente, el poder judicial debe ser reflejo de la sociedad a la que sirve y, por ello, debe ser paritario.