Dejen trabajar en paz a los jueces

Decir verdades a medias es mentir. Jean Cocteau decía que "un vaso medio vacío de vino es también uno medio lleno, pero una mentira a medias de ningún modo es una media verdad". Mentir para manipular es inmoral. Tiempos difíciles para la verdad.

“La jueza de la DANA” —porque parece ser que las juezas de pueblo no merecen un nombre—, Nuria Ruiz Tobarra, titular del juzgado de primera instancia e instrucción nº 3 de Catarroja, dictó un auto el pasado 10 de marzo en el que desgranaba una serie de indicios que apuntaban a que el aviso a la población el 29 de octubre fue tardío y erróneo, que las autoridades estaban avisadas con antelación por la AEMET y que las decisiones de los responsables autonómicos se tomaron demasiado tarde. En esta fase embrionaria de la instrucción, con estos indicios, ha llamado a declarar en calidad de investigados a la ex Consellera de Justicia y Emergencias y al ex secretario autonómico de ese departamento. También ha invitado a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, a que preste voluntariamente declaración como investigado, ya que, al ser aforado, la jueza carece de competencia para citarle en tal concepto.

Es necesario exponer las condiciones en las que esta instrucción se está desarrollando. Catarroja es un partido judicial con cinco juzgados “mixtos” —con competencia doble en instrucción penal y en civil—, algo muy frecuente en partidos judiciales pequeños. De forma rotativa, cada semana uno de estos cinco juzgados está de guardia de instrucción y, durante las cuatro semanas restantes, se enjuician delitos leves, juicios civiles —reclamaciones bancarias, desahucios, propiedad horizontal, divorcios, etc.—, se toman declaraciones en instrucción y un largo elenco de asuntos variados. Los juzgados mixtos suelen estar bastante colapsados y, en el caso concreto del nº 3 de Catarroja, según el informe de inspección recabado por el Consejo General del Poder Judicial, en 2024 había registrado una carga de trabajo del 143 %. Era de prever que la instrucción de la catástrofe ocasionada por la DANA fuera a sobrecargar extraordinariamente el órgano, que había asumido la instrucción de forma aleatoria al ser el juzgado que estaba de guardia ese aciago 29 de octubre.

Instruir cualquier catástrofe es un esfuerzo ímprobo para cualquier juzgado, pero lo es aún más para uno de pueblo. Además de pedir informes a la policía o tomar declaración a los investigados, hay que realizar ofrecimiento de acciones a los centenares de perjudicados (es decir, darles la oportunidad de personarse en la causa); citar a las aseguradoras y otras entidades como posibles responsables civiles; que el médico forense examine a los heridos para determinar el alcance de sus lesiones, además de realizar las autopsias de los fallecidos; que se emitan infinidad de informes periciales para tasación de los daños materiales; tomar declaración a testigos, y un larguísimo etcétera de actuaciones. Una causa así, literalmente, paraliza un juzgado.

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Víctor Romero. Valencia

Esta semana se ha aprobado por la Comisión Permanente del CGPJ el refuerzo del 3 de Catarroja con un juez de apoyo que lleve el resto de asuntos, liberando a la titular para que se pueda ocupar en exclusiva de la instrucción del caso DANA. Este mecanismo es habitual y cuenta con precedentes conocidos como el refuerzo del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional en 2004 para la instrucción de los atentados del 11-M en Madrid, o el del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Corcubión en 2008, en el asunto Prestige. Reforzar juzgados en grandes catástrofes es algo habitual. El caso de Catarroja no es una excepción.

La iniciativa de designar un juez de refuerzo, únicamente puede partir del Tribunal Superior de Justicia —cuya Sala de Gobierno es, como su nombre indica, la encargada de coordinar y organizar el funcionamiento de los juzgados de su territorio—. La propuesta se eleva al CGPJ, quien, finalmente, determina las condiciones en las que dicho refuerzo se presta.

La iniciativa de designar un juez de refuerzo únicamente puede partir del TSJCV

Es cierto que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes es quien debe dotar presupuestariamente ese refuerzo. Lamentablemente, para la independencia judicial, el CGPJ no tiene autonomía presupuestaria, por lo que, por más que el órgano de gobierno de los jueces considere que se necesiten más medios personales en esta u otra circunstancia, la última palabra la tiene Justicia. Aunque sería más preciso afirmar que quien la tiene es el Ministerio de Hacienda. Ahora bien, aprobar o no el refuerzo no es una decisión política del Ministerio. El artículo 216 bis 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, si bien establece que el beneplácito del CGPJ con el refuerzo precisará la previa aprobación del Ministerio de Justicia, indica que este “únicamente podrá oponerse por razones de disponibilidad presupuestaria” dentro del protocolo aprobado anualmente para la distribución de fondos para los refuerzos de los juzgados. Eso significa que el Ministerio no decide cuál órgano se refuerza y cuál no, sino que aprueba o no el ya acordado por el CGPJ atendiendo a si hay dinero.

Con ocasión de las Fallas de Valencia de este 2025, la Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España y líder del PSPV, Diana Morant, visitó la falla de l’Albufera de Catarroja. La Ministra, no sé bien si por su condición de lega en derecho, por su intención de gobernar la Comunidad Valenciana a cualquier precio o por todo junto, realizó unas declaraciones que encerraban medias verdades manipuladas. Ante los medios dijo que "el Gobierno de España va a reforzar el juzgado de instrucción que está instruyendo la causa de la DANA. (…) Es un compromiso del Gobierno … por fortalecer todas las instituciones que tengan que atender esta tragedia … se va a incorporar un nuevo juez en este juzgado de manera que todos los casos pendientes del juzgado los atenderá este juez y la jueza quedará completamente liberada única y exclusivamente para atender esta causa de la DANA". Con estas declaraciones, la Ministra daba a entender que era el Gobierno el que había decidido reforzar el juzgado nº 3 de Catarroja y que había designado a un juez para que ayudase a la titular. El CGPJ no tardó en reaccionar, manifestando que, reforzar órganos judiciales era "competencia exclusiva" suya. Sin descartar la pura ignorancia, el historial comunicativo del Gobierno lleva a sospechar que con estas declaraciones se trataba de trasmitir el mensaje a los ciudadanos de que el Ejecutivo es quien manda sobre la jueza, negando así la separación de poderes. Había quienes justificaban las declaraciones diciendo que quien decide pagar el refuerzo es el Gobierno. También es cierto que todos los jueces españoles cobran su nómina del Ministerio de Justicia y a nadie se le ocurriría afirmar que los jueces estamos a sueldo del Gobierno. Verdades a medias.

El historial comunicativo del Gobierno lleva a sospechar que con estas declaraciones se trataba de trasmitir que el Ejecutivo es quien manda

La Ministra siguió con su verborrea afirmando que "hemos seguido muy de cerca todos los autos que ha ido presentando y… publicando la jueza en el que va quedando muy claro … negro sobre blanco que se pudo hacer más y se pudo hacer mejor (…) y que la responsabilidad de proteger a la ciudadanía… le pertenece por Ley… a la Generalitat Valenciana". Si bien la utilización de las resoluciones judiciales en contra de los contrincantes políticos no es algo nuevo, el contexto en este caso es importante. Se manipula al oyente haciéndole creer que el Gobierno, a través de la jueza “buena” –porque esta es respetable, no como Biedma, Peinado o Hurtado, instrumentos de la fachosfera– y de otro juez que le habían puesto, estaban ayudando a la ciudadanía a perseguir a los responsables.

Tan intromisión en el trabajo del Poder Judicial es atacar a los jueces desde tribunas de oradores en condición de diputado o miembro del gobierno, como lanzar alabanzas o apoyo a aquellos togados que están al frente de una instrucción. Tan ataque a la separación de poderes es uno como otro comportamiento.

Dejen trabajar a los jueces.