El lanzamiento de 'jueces-sonda'

La difícil situación política por la que atraviesa este gobierno le está llevando a buscar vías de escape que desvíen el foco de atención de realidades como que no le salen los presupuestos, ni las leyes, ni los apoyos. Además, está rodeado de procedimientos judiciales incómodos. Sin saber si fue antes el huevo (“por culpa de los jueces tenemos un problema”) o la gallina (“tenemos un filón con el lanzamiento de 'jueces-sonda'”), el Poder Judicial se ha convertido en el comodín semanal al que poder echar las culpas.

Ya he dicho en otras ocasiones que los insultos y asedios directos a los jueces han sido tradicionalmente producto de la nueva política e íntimamente vinculados al populismo. Echenique llamó “Rubiales con toga” a los jueces que rebajaron la condena de algunos de los condenados por La Manada. Irene Montero, acusó a los jueces de rebajar penas por delitos sexuales gracias a la ley del “solo sí es sí” que ella impulsó acusándoles de incumplirla por “machismo”. La ex secretaria de estado de igualdad, Ángela Rodríguez Pam, defendía esta ley achacando a los jueces su falta de perspectiva de género y, con el aplomo que da la soberbia dijo “fórmense, señores jueces, fórmense”. El copyright de la anti-judicatura no la tiene Podemos. Alvise, eurodiputado de la formación populista Se acabó la fiesta, también ha acusado a jueces, políticos y periodistas de haber “saqueado España”. Miriam Nogueras, portavoz de Junts clamó contra la justicia de “prevaricadora”, al truncarse los objetivos pretendidos por la Ley de Amnistía. Pilar Valluguera, diputada de ERC, acusó a los de Junts de “caer en la trampa de jueces prevaricadores”. Ejemplos hay por decenas.
Y tampoco es una excentricidad patria. Orban, Le Pen, Trump, Meloni o Milei han protagonizado pataletas contra jueces que han osado investigar sus excesos de poder, acusándoles de enemigos de la democracia e identificando los procedimientos contra ellos con acciones contra sus respectivos países.

En el último año, el PSOE ha pasado de guardar silencio ante los ataques de sus socios de gobierno a tomar la cabecera en la confrontación con el Poder Judicial.

Con ocasión de la sentencia dictada en apelación por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el “caso Dani Alves”, hace una semana, la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, se vino arriba en un mitin de su partido. Tras calificarla de “vergüenza”, pregonó su ignorancia –por ser benévola y no achacarle mala fe– clamando que ya estaba bien de que la presunción de inocencia estuviera por encima del testimonio de mujeres jóvenes y valientes (parece ser que las mujeres mayores engrosamos, junto a los varones, una categoría inferior de víctimas). Expresaba así su disgusto con una resolución que no encajaba con la sentencia dictada por las redes sociales y parte de la opinión pública. Una resolución que, sobre todo, no encajaba con un pretendido discurso feminista. Y digo “pretendido”, porque un feminismo que niega derechos fundamentales es indigno de ser llamado así.

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Después de echársele encima las cuatro asociaciones de jueces, las tres de fiscales, la abogacía, el CGPJ, periodistas y medios de todo el espectro ideológico y tras pinchar en hueso con la inverosímil versión de que sus más que nítidas palabras habían sido manipuladas por el PP, tres días más tarde, la vicepresidenta se vio en la obligación de rectificar.

La frase no solamente era una barbaridad, sino que negaba la esencia del Estado de Derecho y ponía en duda que Montero creyese en el resto de derechos fundamentales. Con la boca pequeña, argumentó que no quería decir lo que se entendió y que el error se debía a que no era jurista. La presunción de inocencia no es cosa de juristas, sino de gente con una mínima formación en valores democráticos, porque es la base de nuestro sistema judicial penal. Sin ella, volveríamos al derecho penal de autor, aquel en el que la mera pertenencia a un colectivo vulnerable, a una clase social o a la disidencia política te hacía acreedor de sospechas, detenciones o condenas. Bastando la delación de un vecino o compañero de trabajo, un excluido social podía cargar con la responsabilidad de un crimen sin haber pasado por un juicio justo. La negación de este derecho es algo inaceptable para quien tiene las responsabilidades políticas que tiene Montero.

Flaco favor hacemos a las víctimas de delitos contra la libertad sexual aprovechando el ruido mediático con fines políticos

Para demostrar que el gobierno no dejaba sola a la vicepresidenta, otros de sus miembros se encargaron de dejar claro que las “disculpas” de Montero habían sido un “cruz y raya” de patio de colegio y que, en el fondo, mantenían la deslealtad institucional contenida en el exceso verbal de la lenguaraz Montero, excediéndose en sus críticas a los jueces. La ministra Pilar Alegría compareció el mismo día en rueda de prensa diciendo que el gobierno respetaba las resoluciones judiciales, lo que no era incompatible con expresar el desconcierto que producía que, en menos de un año, hubiera habido dos sentencias “radicalmente distintas”, algo que había llevado a Montero a expresarlo con naturalidad. Alegría se refería al hecho de que la Audiencia Provincial de Barcelona hubiera condenado a Alves por violación y, sin embargo, el TSJ le hubiera absuelto en apelación. El contexto y el tono trasladaban la idea de que el gobierno estaba con el pueblo y que era sospechosa la discrepancia entre sentencias. La ministra, que tampoco es jurista, estaba diciendo en público que era sorprendente que funcionaran las garantías procesales y el Estado de Derecho ¿Qué piensa la Sra. Alegría que es el derecho al recurso? ¿En qué cree que consiste la revisión de una sentencia por parte de un tribunal superior? Recurrir no solo es que te den la razón en segunda instancia cuando te la quitan en primera. Recurrir es someter a un nuevo tribunal la misma cuestión jurídica con el fin de aquilatar condenas, revocarlas, confirmarlas e, incluso, elevarlas. Este tipo de revocaciones pasan a diario en todos los órdenes jurisdiccionales, por lo que no hay nada “sorprendente” en ello.

Junto a Alegría se encontraba Fernando Grande Marlaska, ministro de Interior y otrora magistrado de la Audiencia Nacional. Para rematar la exteriorización del “respeto” del gobierno a los jueces, lanzó un mensaje a estos, incluyéndose en el grupo: “Debemos explicar muy bien nuestras manifestaciones y nuestras resoluciones” con el objetivo de que las víctimas "no se sientan desprotegidas" y "no pierdan la confianza en las instituciones". Es decir: el gobierno lanza una bomba contra la Sala sentenciadora del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña calificando de “vergüenza” su resolución; arroja una acusación de prevaricación del tribunal sentenciador al insinuar que ha resuelto en beneficio de “los poderosos, los grandes y los famosos”; y califica de desconcertante que la sentencia de apelación contradiga a la de primera instancia “en menos de un año” dictando resoluciones “radicalmente distintas” y ¿son los jueces los que tienen que crear confianza en la justicia?

La culpa, sin duda, es de los jueces, que obligan al gobierno a comportarse así.

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Olvida el ministro que los primeros que tienen que trasladar confianza en las instituciones son quienes están en ellas. Tanto tiempo lleva ocupando una cartera ministerial que ha olvidado que el trabajo de los jueces no es ni lanzar mensajes, ni apoyar nada, sino hacer su trabajo, que es juzgar y ejecutar lo juzgado.

Flaco favor hacemos a las víctimas de delitos contra la libertad sexual aprovechando el ruido mediático con fines políticos en lugar de reforzar la confianza en las instituciones explicando que, pese a que en derecho no hay nada seguro y que los delitos perpetrados en la intimidad son de difícil prueba, la denuncia es la única vía posible para lograr una condena penal del autor. Es importante trasladarles que la absolución del acusado únicamente significa que el hecho no ha podido ser probado, no que no haya sucedido. Tampoco significa que el tribunal no haya creído a la denunciante, sino que la presencia de otras pruebas que hacen dudar de la culpabilidad del acusado llevarán a su absolución, por el principio de in dubio pro reo.

Pero, sobre todo, es importante que los otros poderes respeten de verdad las sentencias. No basta con decir que se respetan las sentencias. Háganlo.