Corrupción en España: ni avances, ni transparencia

Doménikos Theotokópoulos, El Greco, es uno de los principales maestros de la historia del arte. Lo que hace de él un artista inconfundible es la idealización alargada de sus figuras, pintando una belleza sinuosa y deformada. Aunque se decía que su astigmatismo le llevaba a ver la realidad tal como la pintaba, con el tiempo se ha asumido que la figura serpentinata de proporciones estiradas era algo buscado por el pintor, que veía mayor belleza en la modificación que en la realidad.

Con el nombre de GRECO también se conoce a un organismo dependiente del Consejo de Europa, el Grupo de Estados contra la Corrupción, creado en 1999 y del que forman parte los 46 estados miembros del Consejo de Europa, Bielorrusia, Estados Unidos y Kazajistán. Su principal misión es mejorar la capacidad de sus miembros de luchar contra la corrupción, velando por la aplicación de los compromisos aceptados por todos, mediante mutuos procesos de evaluación y de presión. Como la mayoría de los organismos internacionales de los que España forma parte, la fuerza de sus acciones depende del denominado soft law, es decir, de recomendaciones y guías de actuación sin fuerza legal vinculante, pero de cuyo cumplimiento se hace depender la permanencia en la organización.

El Ministerio de Justicia, al igual que El Greco (pintor), también dibuja para los ciudadanos figuras idealizadas de los informes del GRECO (organización) cuando, un Miércoles Santo, con toda España de vacaciones, anuncia en su página web que "El Gobierno comunica al GRECO los avances de España en materia de prevención de la corrupción". En este anuncio, realizado con nocturnidad y alevosía, para que pase desapercibido mientras se escuchan saetas o se toma una cerveza en el chiringuito pre-veraniego, el Ministerio que preside Félix Bolaños se felicita de haber enviado al GRECO un informe del grado de cumplimiento de sus recomendaciones, correspondientes a las IV y V Rondas de Evaluación. Lo que no dice es que sigue sin cumplir sus compromisos y que la organización no ha visto avances desde 2022. El Gobierno considera total o parcialmente cumplidas 24 de las 30 recomendaciones, presentando a España como una figura serpentinata, idealizada y falsa.

Pongámonos en antecedentes. El GRECO tiene en el punto de mira a España desde 2013, formulando recomendaciones tendentes a alcanzar el objetivo común de lucha contra la corrupción. El miércoles pasado hemos podido saber que, en diciembre de 2023, en la IV Ronda de Evaluación, el GRECO había concluido que España no había aplicado plenamente ninguna de las 19 recomendaciones que realizó en 2019, relativas a la prevención de la corrupción y promoción de la integridad de las altas funciones ejecutivas del Gobierno central y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Consideró cumplidas parcialmente 13 de ellas e incumplidas íntegramente 6. Debido a esto, el GRECO le abrió a España un "procedimiento de incumplimiento" de la V Ronda de Evaluación y pidió a las autoridades que informaran sobre los progresos realizados antes del 31 de diciembre de 2024, con el fin de examinarlo en su 100ª sesión plenaria a celebrar en Estrasburgo, los próximos 2 a 5 de junio de 2025. En dicho informe, el GRECO pidió a las autoridades que prestaran más atención a la situación particular de las altas funciones ejecutivas del gobierno central (incluidos los asesores políticos), haciendo especial hincapié en el riesgo de conflicto de intereses y corrupción; en la mejora de la información financiera; en la regulación de los grupos de presión; en las puertas giratorias y en los aforamientos.

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Dos cuestiones deben llamar nuestra atención. La primera, que es insólito que se abra un procedimiento de incumplimiento a un Estado miembro. La contumacia de España en torear al GRECO y hacer caso omiso de sus recomendaciones es la única razón de tan humillante decisión. No es habitual tampoco que se exijan informes periódicos sobre las acciones emprendidas para poner fin a la situación. La segunda -la publicación de los informes depende de los estados miembros-, es que el Ministerio de Justicia ha decidido que los españoles conozcamos el contenido de dos informes del GRECO meses después de su emisión. Resulta paradójico que el pasado mes de septiembre el Gobierno anunciara un Plan de Acción por la Democracia, para reforzar la transparencia, el pluralismo y el derecho a la información cuando oculta datos relevantes a la ciudadanía y administra la información a su conveniencia.

En plena Semana Santa, hemos podido saber que, hace dieciséis meses, el GRECO abrió un procedimiento de incumplimiento a España, y que hace diez, en junio de 2024, emitió el informe de la IV Ronda de Evaluación. En este segundo informe, el GRECO, si bien aceptaba que se habían cumplido siete de once recomendaciones, consideraba parcialmente cumplidas tres. No se apreciaban avances significativos en la observancia de las recomendaciones en seguimiento desde el anterior informe y se mostraba preocupación por la falta de desempeño de la medida "estrella", la relativa al cambio de sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

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Atando cabos, si en junio de 2024 se alertó a España de la necesidad de cambio del sistema de elección de los vocales del CGPJ, el pacto alcanzado in extremis entre el PSOE y el PP en el mes de julio sobre la renovación del órgano, cobra mayor sentido. Ahora bien, pese a que en su anuncio del pasado miércoles el Ministerio de Justicia se atribuye el cumplimiento de la medida que tanto preocupaba al GRECO, esto es falso.

Como el pintor cretense, el Ministerio dibuja cumplimientos idealizados. La conclusión 35 del informe de la IV Ronda de Evaluación refiere que existe un problema crítico en España en torno al sistema de selección de los miembros del CGPJ y su aparente politización. Dicho escollo habría culminado en el irregular bloqueo de la renovación del órgano durante más de cinco años, por lo que urgía a las autoridades a tomar medidas. Ahora bien, a lo que el GRECO se refiere de forma machacona en sus informes es a que los vocales del turno judicial deban ser elegidos exclusivamente por sus pares, suprimiendo por completo la participación del poder político en cualquier fase del proceso. Sin embargo, el Ministerio de Justicia se cuelga la medalla de haber implementado la última medida incumplida al anunciar que "España ha informado de la renovación del CGPJ, exigencia reiterada desde este organismo. Con ello, se da por cumplida la única recomendación pendiente de esta evaluación". Dar por cumplida la recomendación con la renovación del CGPJ es como dar por curada la enfermedad aplicando sedación, un truco de trilero. La actual renovación del CGPJ ha sido tanto como dar continuidad al mismo sistema criticado por Europa, en el que la intromisión de los otros dos poderes en el judicial compromete gravemente la independencia del Poder Judicial.

El anuncio del Gobierno no es para sacar pecho. El año pasado el GRECO ya le advirtió de que, además del incumplimiento sobre la elección del CGPJ, se habían cumplido parcialmente otras tres recomendaciones: la relativa a la influencia de grupos de presión en el proceso legislativo; la de la adopción de criterios objetivos para el nombramiento de altos cargos judiciales; y la de la garantía de independencia, transparencia y autonomía del Ministerio Fiscal.

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Hace unos meses, Transparency International España hizo público el índice de percepción de la corrupción en España de 2024, donde indicaba que España había bajado cuatro puntos y diez puestos con respecto al índice de percepción de la corrupción del año anterior, siendo superada por Letonia y Esolvenia y compartiendo puntuación con Chipre y la República Checa. Que estemos en los peores niveles de percepción de la corrupción desde Felipe González debería alertarnos de la necesidad de, al menos, hacer caso a las recomendaciones del GRECO.

En junio vuelven a examinarnos en el marco del seguimiento al que estamos sometidos. Entonces veremos si los trucos visuales manieristas con influencias de Tiziano han convencido al GRECO. O no lo veremos: el Gobierno quizá vuelva a ocultar esta información a los españoles.