La justicia en huelga, el prófugo y el relato

Los animales heridos y los gobiernos sin apoyos, son peligrosos. Este Ejecutivo, que trata de surfear las arenas movedizas de su propio fango, además de peligroso para la independencia judicial, es indecoroso. Hemos sabido recientemente que el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tomando el relevo del convicto Santos Cerdán, se habría reunido en Suiza con Carles Puigdemont para reclamar su apoyo en la aprobación de las "Leyes Bolaños". Ni a un guionista de Netflix se le habría ocurrido la genialidad de poner en manos de un prófugo la reforma de la Justicia.

Sin una urgencia objetiva, únicamente el deseo de controlar judicatura, fiscalía y UCO pueden estar detrás de la prioridad de este gobierno en aprobar estas leyes. Junts ha presentado treinta enmiendas al texto, que plantean desde la eliminación de la Audiencia Nacional hasta la creación de un Consejo General del Poder Judicial catalán. El alto precio exigido hace tiempo que ha dejado de ser un elemento desincentivador de pactos. No hay acuerdo que se le resista a Pedro Sánchez si con él obtiene un beneficio. A eso fue Zapatero, el recientemente galardonado con la Cruz de San Raimundo de Peñafort, a mendigar siete votos mientras vilipendia la ilustre insignia de la que no es merecedor.

Cerramos una semana en la que cinco asociaciones de jueces y fiscales han planteado una inédita huelga de tres días (las anteriores, de 2009 y 2013, y las dos de 2018, fueron de una jornada) en la que jamás un gobierno había puesto a trabajar un engranaje de tal magnitud en la difusión de bulos contra quienes se han echado a la espalda defender la independencia judicial. La lógica nos lleva a deducir que tanto el parón masivo delante del Tribunal Supremo como la huelga han hecho daño. Tanto esfuerzo se les dedica, tanto se les valora.

La falta de adhesión a las reivindicaciones por parte de las dos asociaciones autodenominadas "progresistas" –Juezas y jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF)– ha servido para alentar ataques contra las convocantes, acusándolas de "derecha judicial". Dejando al margen el atajo mental de clasificar todo entre "progresista" y "conservador", síntoma de un creciente anquilosamiento mental, deben entender que es complicado para las asociaciones disidentes –que cuentan entre sus integrantes con una ministra, secretarios de Estado, directores generales, un Fiscal General del Estado y a gran parte de la cúpula fiscal–, hacerles una huelga a los compañeros. Sin embargo, sí se sumaron a la que se hizo contra Catalá en mayo de 2018 –y contra Delgado en noviembre de ese año, arrastrando los pies– y concurrieron con las demás asociaciones.

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El Consejo General del Poder Judicial se ha puesto de perfil. Pese a las presiones de los vocales "progresistas" para que el órgano de gobierno declarase ilegal la huelga, el acuerdo del 26 de junio pasado rehusó pronunciarse, alegando que la huelga no estaba regulada y que, por tanto, no podían ni darse por enterados, ni fijar servicios mínimos. El CGPJ tiene razón, la huelga no está regulada –alegal, no ilegal–, pero ¿no debería, por tanto, promover su regulación dado que es el órgano de gobierno de los jueces? ¿no podría emitir un informe técnico que pudiera servir de base a una iniciativa legislativa posterior?

La falta de contundencia del CCPJ y su lacónico acuerdo han servido para estructurar un relato contra las convocantes según el cual se estaba realizando una huelga ilegal. Curiosamente, los mismos que compran acríticamente que el Tribunal Constitucional haya consagrado en el refrendo de la Ley de Amnistía el principio de que todo lo que no está prohibido en la Constitución está permitido, sin embargo consideran que un derecho fundamental, el de huelga, si no está reconocido expresamente, está prohibido. Con este nivel de conocimiento jurídico no me extraña que se regalen las cruces de San Raimundo.

Opinión

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La huelga ha sido un éxito, por más que Bolaños se despertase por la mañana displicente con el seguimiento y por la noche se acostara dando cifras sesgadas de los paros. Las asociaciones lo tienen difícil para rebatirle, puesto que ningún organismo público ha hecho el seguimiento de la huelga y únicamente se cuenta con dos fuentes de datos: los que proporcionan los propios organizadores, basándose en las comunicaciones voluntarias de jueces y fiscales huelguistas –y que han cifrado en un seguimiento medio del 70 %– y las que puedan proporcionar los letrados de la administración de justicia –funcionarios dependientes del Ministerio– a requerimiento de sus secretarios de gobierno. Bolaños ha manifestado que el seguimiento ha sido cercano al 30 %, basándose en los datos proporcionados por estos últimos. Sin embargo, los letrados de la administración de justicia únicamente pueden informar de suspensiones de señalamientos ante el juez, no de si los titulares han hecho huelga. No olvidemos que los jueces y fiscales hacen algo más que celebrar juicios. Menos sesgado parece el comunicado emitido por el Colegio de la Abogacía de Madrid, que, el primer día de huelga, ya manifestó que se habían visto afectados la mitad de los señalamientos.

Otro de los ataques para desacreditar las reivindicaciones por la defensa del Poder Judicial ha sido que los huelguistas no sufren detracción de haberes. Siguiendo con la deficiente formación jurídica social, responsabilizar al trabajador de que su empleador no le reste salario por ejercer el derecho de huelga no parece que sea un argumento bien rematado y, sobre todo, no parece muy progresista. Las asociaciones convocantes han pedido tanto el reconocimiento de la huelga –que han comunicado oportunamente a las autoridades– como que se fijen servicios mínimos –que han acabado siendo establecidos por el comité de huelga ante el silencio del CGPJ y de la Fiscalía General del Estado– y que se detraigan los haberes, como sucedió en la última huelga de noviembre de 2018, en la que, siendo Dolores Delgado ministra de Justicia, se restó el día de huelga de la nómina correspondiente.

No voy a entrar en las descalificaciones absurdas de siempre sobre la supuesta endogamia judicial ni en la mentira acerca de la inexistente disconformidad con el sistema de becas propuesto. Si a estas alturas alguien duda de que las reformas de Bolaños tienen una finalidad muy distinta a la pregonada y que las causas por corrupción que rodean al gobierno hacen sospechar de los motivos por las prisas en cambiar el Poder Judicial y la fiscalía, es su responsabilidad.

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El asedio al que se ha sometido a los huelguistas ha sido grande. Como decía un amigo mío el otro día, la lucha mediática de los jueces con los políticos está perdida de antemano: unos juegan la liga ética del idealismo, mostrándose vulnerables por ello; otros retuercen, falsean y manipulan. No es que jueguen otra liga, es que juegan otro deporte.

El único "gesto" de Bolaños ha sido hacer pública una enmienda presentada por el PSOE al proyecto, en la que se precisa que, en el proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos, podrán presentarse quienes cuenten con, al menos, cinco años de profesiones jurídicas, que ostenten un grado en Derecho y que "tengan encomendadas funciones jurisdiccionales o de actuación ante juzgados o tribunales". Esto viene a significar que pueden ser jueces o fiscales por vía de regularización extraordinaria de sustitutos cualesquiera que lo deseen, hayan sido o no jueces o fiscales sustitutos y, además, se podrán quedar en su provincia. Además, con el texto en la mano, se está dejando una puerta abierta a seguir generando jueces low cost con regularizaciones periódicas.

Este anuncio ha terminado con la posición equidistante de las asociaciones progresistas que han pedido reunirse con Bolaños e, incluso, han amenazado con sumarse a la huelga. La enmienda supone el golpe de gracia que faltaba para desnaturalizar la judicatura y proporciona un trato discriminatorio contra quienes se ven obligados a concursar a muchos kilómetros de su lugar de origen cuando acceden a la carrera por turno libre. Ni las "progresistas" lo toleran.

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En el momento de escribir estas líneas desconozco cuál va a ser la escalada de protestas y si se van a adherir las dos asociaciones que faltaban. Lo que sí sé es que la llave del desmantelamiento del Poder Judicial se ha puesto en la mesa de alguien sobre quien pende una Orden Europea de Detención y Entrega. Saquen sus conclusiones.