La corrupción judicial existe: se llama nepotismo

La trama Ábalos está sacando a la luz las miserias que subyacen debajo de nuestra democracia, afectando a miembros de los tres poderes del Estado.

Hace unos días, El Mundo hizo públicos unos mensajes de WhatsApp entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez, entre los que figuraba el reenvío de una comunicación del entonces presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro. Dos meses antes de que se hiciera pública la sentencia de la Sala de la Audiencia Nacional en la que se absolvía al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, de su implicación en la trama del procés, el magistrado parece que le adelantó al entonces Ministro el sentido del fallo. En un tono que reflejaba confianza entre los interlocutores, el mensaje atribuido a Navarro decía "¡¡Buenas tardes, José Luis!! A los efectos que procedan, ¡en la segunda quincena de septiembre se notificará la sentencia absolviendo a Trapero! Mientras tanto, ¡no puede ser público! Fuerte abrazo y ¡descansa!". En la exclusiva de El Mundo también salía otro reenvío de mensaje del 30 de septiembre de 2020, en el que Navarro advertía a Ábalos de que la prensa andaba detrás de la sentencia y que en cualquier momento saldría publicada la absolución. "Para que lo manejéis", finalizaba. El autor de la pieza aseguraba que Navarro no había negado la existencia de esos mensajes, aunque no recordaba los detalles.

A los pocos días de la exclusiva se presentó una querella contra el expresidente de la Audiencia Nacional por presunto delito de revelación de secretos, al filo de agotar el plazo de la prescripción. No es la primera vez: en 2023 el exchófer de Luis Bárcenas se querelló contra Navarro por el intercambio de mensajes con el exsecretario de Estado de Interior durante la instrucción de la causa "Kitchen", si bien, en esa ocasión, el Tribunal Supremo la inadmitió.

Es alarmante que alguien en posición de conocer el contenido de un procedimiento judicial haya podido filtrar a terceros esa información para que hagan con ella un uso político, pero es igual de alarmante que algún miembro del tribunal sentenciador le haya podido comunicar al presidente del órgano el sentido del fallo. El artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial obliga a los magistrados de órganos colegiados a guardar el secreto de la deliberación, votación y fallo, que significa que únicamente puedan conocer su contenido los integrantes del tribunal enjuiciador, no quien, como presidente, ejerza funciones gubernativas. Por tanto, de existir revelación de secretos, sería también responsable el magistrado del tribunal sentenciador que hubiera informado a Navarro.

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La filtración de actuaciones judiciales daría para una columna de opinión aparte, pero no puedo dejar de apuntar que, siendo todas ellas conductas reprobables, tiene mayor reproche penal —y, en mi opinión, enorme reproche moral— que el filtrador sea un miembro del Poder Judicial. Una cosa es que las partes filtren actuaciones procesales para obtener reacciones sociales favorables y otra que los máximos garantes del Estado de Derecho, los magistrados, sean quienes den ventaja procesal a alguien frente al adversario o, como en este caso, deslicen información privilegiada a políticos para su beneficio.

El pasado miércoles, a raíz de la publicación del Capítulo relativo a España en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2025 y la situación del Estado de Derecho en la Unión Europea. Félix Bolaños se felicitaba en X porque, según él, la Comisión Europea había avalado sus reformas en la Justicia. Para no-sorpresa de muchos, obviamente, el informe no es positivo para España, aunque reconozca avances en algunas materias. Si bien es cierto que el tono de la Comisión es siempre constructivo, es aventurado y falaz pregonar que reconocen que se ha reforzado el Estado de Derecho y la independencia judicial, cuando el documento se hace eco de los movimientos de jueces y fiscales contra los proyectos de reforma y realiza una exhibición inicial de la baja valoración de nuestra independencia judicial.

Opinión

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De todas las frases de autobombo del ministro me quedo con la referida a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es cierto que el informe de la Comisión Europea reconoce que el CGPJ se renovó en 2024 gracias a su intermediación, y que se habrían tomado medidas para impulsar el proceso de adaptación del procedimiento de nombramiento de sus vocales, elegidos entre jueces y magistrados. De hecho, a lo que se refiere la Comisión es a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial acometida para la renovación del Consejo, en la que se otorgaba el plazo de seis meses para que el Pleno del CGPJ aprobara un informe sobre los sistemas europeos de elección de los vocales y elaborara una propuesta de cambio, lo cual se llevó a efecto. Ahora bien, el informe del CGPJ fue una pantomima. Aprobado por unanimidad, contenía dos propuestas antagónicas entre sí: la del denominado "bloque conservador", que proponía que los doce vocales de procedencia judicial del total de veinte fueran elegidos por sus pares; y la del "bloque progresista", que mantenía el modelo actual de que tanto los doce judiciales como los ocho de otras profesiones jurídicas fueran elegidos por el Parlamento. Esta "propuesta" ha salvado formalmente el compromiso de España con la Comisión, pero, materialmente, supone volver a la casilla de salida, consolidando las inamovibles posturas de unos y otros. Nada nuevo.

La Comisión Europea recomienda en su informe que España impulse el proceso de adaptación del procedimiento de nombramiento de los jueces miembros del CGPJ, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los consejos del poder judicial y no se da por satisfecha en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las negociaciones para la renovación del órgano. Tampoco el Consejo de Europa, que ha hecho saber recientemente que, a través de la Comisión de Venecia —órgano dependiente de aquel que vigila la calidad democrática—, se ha designado un equipo de tres relatores para visitar España en septiembre y averiguar por qué desde las instituciones no se impulsa un sistema que se adecúe a los estándares europeos.

El motivo por el que el gobierno no ha promovido la iniciativa legislativa para cambiar el sistema de elección de los vocales judiciales es porque no quiere perder poder de influencia en los nombramientos discrecionales. Tampoco el Partido Popular, no se engañen. Prueba de ello es su silencio cómplice. No me cansaré de decir que este partido, ahora en la oposición, cuando gobernó con mayoría absoluta en 2012, llevaba en su programa reformar el sistema de elección de los vocales según los estándares europeos de elección de los jueces por los jueces y no lo hizo. Las filtraciones a las que hacía referencia al inicio de este artículo son la prueba evidente de por qué ningún partido político deseará jamás que los nombramientos discrecionales —el del presidente de la Audiencia Nacional lo es— se escapen del control partidista. La corrupción judicial existe y no necesariamente consiste en obtener un beneficio económico o en fallar a favor propio o en contra del adversario político por indicaciones de quien procuró ese nombramiento. La corrupción judicial tiene que ver con el Poder con mayúsculas, como un fin en sí mismo ausente de ideología y que se manifiesta a través de filtraciones, información y presiones sutiles a compañeros. La corrupción judicial busca la perpetuación en el Poder cuando el nombramiento discrecional finaliza, se alimenta de nepotismo y clientelismo.

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Por tanto, es imprescindible que, como ciudadanos, exijamos que los cargos judiciales discrecionales sean los menos posibles, ya que hay un exceso de ellos de forma injustificada. Los que subsistan, deberían ser elegidos conforme a baremos objetivos de méritos publicados en la convocatoria que permitan su fiscalización cuando se produzca el nombramiento, que tendría que ser motivado. Nada de esto sucede en la actualidad, lo que hace difícil la revisión judicial y permite la arbitrariedad y la compra de conciencias. Finalmente, los cargos discrecionales deberían ser designados por un CGPJ que haya sido elegido en parte por los jueces, no por los políticos, tal y como existe en otros países de nuestro entorno. Para acabar con la corrupción, hay que exigir cambios estructurales en los tres poderes del Estado. En el judicial, también.