Los jueces y Europa: ¿quién nos gobierna?

En algo tienen razón quienes reniegan de la Constitución de 1978 y es en considerar que, en ciertos aspectos, se ha revelado como una herramienta insuficiente para contener los excesos de poder. El legislador constituyente o pecó de bisoño o no quiso incomodar la concordia alcanzada entre rivales ideológicos. O ambas cosas. La joven democracia española no previó consecuencias ante incumplimientos graves de la Constitución, como el bloqueo en la renovación del CGPJ, la decisión de no presentar Presupuestos Generales del Estado o las intromisiones en la independencia judicial por parte de miembros de los otros poderes. Quizá nadie cayó en la cuenta de que estas cosas podrían suceder.

Cuando las virtudes morales son inexistentes en la clase política, el honor es una cualidad caduca y la falta de ética se normaliza, la sociedad deja de confiar en respuestas honestas a conductas reprobables. Nadie ya espera dimisiones, colaboración en las investigaciones judiciales y ni la asunción de consecuencias de los propios errores, por lo que se ensayan vías jurídicas alternativas en un desesperado intento de coerción frente a estos comportamientos. La falta de valores, paralelamente, ha elevado el Código Penal a la condición de común denominador de las conductas públicas, considerando que si algo no es delictivo, es válido.

¿Cuál es la inmediata consecuencia de esta deriva? La judicialización de la política.

Llevamos años de dejación absoluta de responsabilidades por quienes dirigen nuestros destinos, lo que ha convertido al Poder Judicial en protagonista. La judicatura no está concebida para arbitrar conflictos políticos ni para decidir cuestiones que atañen al Ejecutivo. Los jueces no debieron ser el muro de contención del procés, algo que se debió atajar en los despachos, aunque no quedara más remedio que su intervención, una vez se produjeron ilícitos penales. Los tribunales no debieron decidir cómo y cuándo se recluía la gente o con cuántas personas podían cenar durante la pandemia. La falta de previsión legal y la distinta forma en la que se reguló la crisis sanitaria en cada administración autonómica llevó al dictado de resoluciones judiciales contradictorias y a una sensación de inseguridad jurídica generalizada. Sirvan estos dos ejemplos para ilustrar hasta qué punto los gobiernos han decidido no decidir y dejar que las cosas se cuezan en su propio jugo, pasándole la patata caliente a los jueces.

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La instrumentalización del Poder Judicial sí es un verdadero lawfare, pero no con la acepción que algunos sectores ideológicos se empeñan en utilizar. El uso de los jueces con fines políticos se puede hacer por acción u omisión. Poco se puede hacer al respecto porque, una vez un asunto es presentado ante el juzgado competente y cumple con todos los requisitos procesales formales, el juez está obligado a tramitarlo. Estamos ante un Poder cautivo de las veleidades de grupos de poder que se aprovechan de la parálisis institucional para obtener beneficios propios.

La fortaleza del Poder Judicial, de momento, radica en su independencia e inamovilidad, ya que no depende de designaciones políticas ni extingue su mandato con las legislaturas. Ahora bien, es peligroso pensar que el Poder Judicial "sustenta la democracia" y es el "último bastión" frente a los abusos de poder. Aunque las consignas en este sentido puedan parecer inocentes y sirvan de desahogo civil, representan la decadencia creciente de nuestras instituciones.

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Cuando en un avión falla un motor, los pilotos están entrenados para planear con el otro motor hasta aterrizar. Los buceadores, además del regulador por el que respiran bajo el agua, llevan un segundo regulador denominado "Octopus" por si falla el primero. En democracia, las instituciones también tienen sistemas de seguridad que denominamos contrapesos y uno de ellos es el Poder Judicial. Pero no se puede planear con un motor ni bucear con el Octopus eternamente, ignorando que ambos son elementos de rescate en situaciones de emergencia, no el medio acostumbrado de desarrollo de ambas actividades. De la misma forma, no se puede judicializar todo convirtiendo lo patológico en ordinario.

Hacer depender de los jueces el destino del país es un error, aunque inevitable. Las conductas delictivas son las únicas que mueven gobiernos, consejerías y ejecutivas de partidos, y no siempre. Esta simplificación inmoral acaba abocando a los ciudadanos a esperar portadas en los periódicos con filtraciones de los informes de la UCO, a interesarse por resoluciones judiciales de procesamiento o a aplaudir medidas cautelares personales. El foco mediático se centra en los jueces, a quienes se examina con lupa y se vilipendia colectivamente por pandilleros del bando al que afectan negativamente sus resoluciones. Sicarios del periodismo ponen al servicio del poder tertulias, portadas o tuits donde se manipula la información a sabiendas de su falsedad; donde se presenta a juezas incómodas como participantes de inexistentes manifestaciones con miembros de VOX; donde se difunde que otro juez odioso tiene dos DNI para acaparar más propiedades; donde se acusa a una jueza insolente de escribir lo que su maridito le dicta, tan torpe ella. Con este clima de polarización, se inocula en los jueces una sensación de acoso e intromisión en sus funciones que no favorece a nadie y que acaba asomando en redes y en torpes manifestaciones públicas, abonando el relato de su supuesta falta de imparcialidad. El legislador constituyente no previó que todo esto podía suceder y no dotó al Consejo General del Poder Judicial de potestad alguna para defender el trabajo de los jueces, más allá de manifestaciones públicas que no van a ningún lado.

La colonización de las instituciones ha convertido en inútil nuestro sistema de contrapesos. El Tribunal Constitucional —quizá el más importante de ellos— no sorprende en sus resoluciones cuando en un vergonzante 7-5 falla sistemáticamente a favor del partido en el gobierno o de sus aliados. Como ya dije en otro artículo, la composición del mismo, plena de magistrados que previamente habían sido designados en otros cargos en etapas inmediatamente anteriores a su nombramiento, ayuda a que tengamos la percepción de ser el Tribunal Constitucional más politizado de la historia de nuestra democracia. Pero el derecho, como el agua, siempre busca una salida. Allí donde los jueces no llegan o donde son topados por el Tribunal Constitucional, aparece Europa, ese nuevo segundo motor, ese nuevo Octopus.

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Varias son las vías abiertas en Europa, la más importante es la que hemos conocido esta semana en relación a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas en relación con los condenados por malversación en el juicio del procés. Pese a que el Tribunal Constitucional, en una sentencia cuyo fallo fue conocido semanas antes de la deliberación y que no sorprendió a nadie, había declarado la constitucionalidad del texto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá que pronunciarse aún acerca de si la Ley Orgánica de Amnistía contraviene la normativa de la Unión Europea en materia económica, que es el objeto del recurso. Pudimos asistir a un demoledor informe del Abogado de la Comisión Europea donde manifestó que, a juicio de Bruselas, no parece que la ley de amnistía responda a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura. El elefante en la habitación puesto delante de los 15 magistrados de la Gran Sala.

Aún queda por ver qué sucederá con la cuestión prejudicial planteada por la Audiencia de Sevilla en la que plantean al TJUE si la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se concedió el amparo a los condenados por los casos ERE de Andalucía puede contravenir el Derecho de la Unión. Y puede que la Sala Segunda, ante la respuesta a su cuestión de constitucionalidad del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía, declarándola acorde a nuestra Carta Magna, opte por seguir el sendero marcado por el Tribunal de Cuentas y presente su propia cuestión prejudicial, algo que ha reconocido como posible la Abogada del Estado ante el TJUE.

Cuando los resortes fallan, los sistemas de rescate pueden ser una solución. Pero recurrir constantemente a ellos los desnaturaliza y pone en evidencia que nuestro Estado no funciona. Por ello, cuidado con acostumbrarnos al gobierno de los jueces o a la cesión de soberanía a Europa. No es buena noticia.