El 'síndrome del juez hervido'

En el libro La rana que no sabía que estaba hervida y otras lecciones de vida (2005) de Oliver Clerc, se cuenta una parábola que se ha hecho tan conocida que ha adquirido entidad para designar el "síndrome de la rana hervida". La banalización de las irregularidades, las corruptelas y las contradicciones son el producto de este síndrome colectivo del anfibio escaldado, que demuestra cómo las personas nos adaptamos peligrosamente a escenarios dañinos cuando los cambios son graduales.

En 2018, el entonces Ministro Rafael Catalá, se estrenó en esto de la deslealtad institucional. Al conocer el fallo de la primera sentencia de ‘La Manada’ dijo que le sorprendía que, pese a que "todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación singular, el Consejo no actúe", refiriéndose al magistrado del voto particular. En 2020, Pablo Iglesias manifestó públicamente, a raíz del juicio del procès que "muchos tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces. Eso es una humillación para el Estado español", algo que motivó la protesta del CGPJ. Sin embargo, estas declaraciones, que entonces levantaron en armas a asociaciones de jueces y miembros de la sociedad civil, hoy en día parecen leves en comparación con el tono en el que ministros, diputados y Presidente del Gobierno, lanzan inmisericordes y constantes ataques a magistrados como Peinado, Biedma o Hurtado. Empezamos a estar hervidos.

Nuestra democracia nació basada en los principios de confianza, negociación y esperanza. Fue tan difícil llegar a una paz jurídico-política de forma incruenta, que el legislador constituyente asumió ciertas fragilidades y diseñó un traje que empieza a desbordar por las costuras un veneno que carcome la convivencia poco a poco. El nuestro es un sistema que ampara la acción de sus enemigos, a sabiendas de que aspiran a destruirlo. La separación de poderes, con el paso de las legislaturas, ha mutado en un Ejecutivo omnipotente que tiende al presidencialismo, un Legislativo donde no se legisla ni se debate –sino que se vota en bloque a favor o en contra del Gobierno–, y un Judicial que, pese a su poder, está atado de pies y manos a un exiguo presupuesto económico y que carece de mecanismos de defensa.

Los miembros del Poder Judicial están sometidos a un régimen sancionador disciplinario cuando, en el ejercicio de su cargo, dirigen censuras o felicitaciones a miembros de los otros dos poderes. Ahora bien, los ataques de políticos a jueces no tienen consecuencias. La Ley Orgánica del Poder Judicial prevé en su artículo 14 el mecanismo del amparo, que pretende proteger la independencia judicial frente a posibles injerencias o perturbaciones de terceros, especialmente cuando puedan afectar a la libre capacidad de resolución de los jueces en el ejercicio de sus funciones. Cuando un juez pide amparo –no está regulado otorgarlo de oficio– y este es admitido a trámite, el CGPJ puede requerir el cese de la conducta perturbadora y tomar medidas para restaurar la independencia judicial dañada, sin regular cuáles son esas medidas y sin que el amparo vaya más allá de una declaración institucional y, anecdóticamente, la posible comunicación a Fiscalía si hay indicios delictivos. La concesión del amparo viene a ser un tirón de orejas al perturbador, algo a todas luces insuficiente cuando los ataques se han convertido en una forma populista de hacer política. Me puedo imaginar la hipotética reacción de cualquiera de los habituales políticos acosadores de jueces ante una reprimenda institucional del Consejo y su risa contenida.

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Por si fuera poco, el órgano de gobierno de los jueces no se prodiga amparando togados. No existe una estadística anual accesible y centralizada sobre los amparos solicitados y concedidos por el CGPJ, pero es de sobra conocida su infrecuente concesión: de los 39 amparos solicitados entre 2013 y 2020, solo se concedieron 4. Los informes estadísticos anuales del CGPJ no desagregan explícitamente el número de amparos solicitados y concedidos año a año. No consta que en 2021 se otorgara amparo alguno, y entre 2022 y 2025 sólo se han dado a conocer públicamente las peticiones de amparo del magistrado José Ricardo de Prada –tras acusaciones del senador Monago (2022)–, del magistrado Manuel García-Castellón –por presiones públicas de responsables políticos tras sus resoluciones en el ‘caso Tsunami Democràtic’ (2023)– y de la magistrada Aurora Angulo, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada, en el llamado ‘caso Juana Rivas’ (2024). El CGPJ no amparó al primero, no ha trascendido si se amparó al segundo y aún está pendiente de resolver la tercera petición. Recientemente se ha conocido la denegación de amparo al magistrado Adolfo Carretero, quien lo solicitó este año por las presiones mediáticas sufridas por su interrogatorio en el ‘caso Errejón’.

El mecanismo de amparo, por tanto, no solo es un instrumento insuficiente para preservar la independencia judicial de los jueces, sino que el CGPJ lo administra con cuentagotas y de manera casi reservada, eliminando así el único resarcimiento posible, la reparación pública.

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La falta de protección a los jueces de los ataques de los políticos trae como consecuencia que algunos de ellos se decidan a emprender acciones legales, como Juan Carlos Peinado, el instructor del caso de la mujer del Presidente del Gobierno, que ha presentado varias demandas de protección del derecho al honor contra Rufián, Óscar Puente, Grande Marlaska o Pablo Iglesias, entre otros. García Castellón también presentó demanda civil contra Ione Belarra, si bien, al igual que las presentadas por el primero, se encuentra pendiente de resolución.

Paralelamente, existe un creciente malestar del colectivo judicial, que, como gremio, se siente atacado a diario. El Poder Judicial, como poder difuso, carece de una eficaz oficina de prensa y su portavoz, Isabel Perelló, hace un papel necesario pero limitado para frenar tanto acoso. Por otra parte, la carencia de competencias mediáticas de los jueces para manejar su indignación, lleva a que algunos de ellos sean utilizados por determinados foros comunicativos e ideológicos que se aprovechan de estas pataletas para patrimonializar al propio Poder Judicial. Bajo una apariencia formal de defensa de la independencia judicial y el Estado de Derecho, se arrojan las puñetas al Gobierno y a sus socios. La apariencia de estar defendiendo un fin loable puede confundir a parte de las asociaciones judiciales y sectores de la judicatura, que bajan la guardia y se convierten en involuntarios cooperadores de la polarización, el populismo y la deslegitimación –en parte– del propio Poder Judicial.

Decía Juan J. Linz en "La quiebra de las democracias" que la supervivencia del sistema exige muchas veces sacrificar no solo los propios intereses particulares, sino a veces los propios intereses ideológicos que se representan, en aras a preservar el valor superior del Estado de Derecho democrático. Defender la independencia judicial pasa por evitar alinearse públicamente con ideología alguna. La convicción íntima de representar a un Poder del Estado y la consciencia de la trascendencia del cargo por encima de la persona, deben llevar a rechazar cualquier posición frentista. Los jueces, al fin y al cabo, son los jueces de todos los ciudadanos, los que les odian y los que no. Comportamientos comprensibles desde el punto de vista humano pero estéticamente inadecuados contribuyen al descrédito de la institución y alimentan la percepción de falta de neutralidad de la judicatura.

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Termino parafraseando a Rodrigo Tena, al referirse a los funcionarios públicos con posición de poder: «La tentación de frenar el abuso de poder con un correlativo abuso de poder que intente neutralizar el primero, es algo psicológicamente muy normal, pero de efectos deletéreos para el sistema». Los jueces no pueden evitar que algunos ciudadanos se expresen con consignas como "no estáis solos" o "#Yo

ConMisJueces", igual que no se podía impedir que algunos se hicieran camisetas con la cara de Marchena y la frase "mire, vamos a ver" durante el juicio del procès. Pero sí pueden evitar dejarse caer en los brazos de la autocomplacencia y del halago fácil, cayendo en dinámicas que aparentemente defienden el Estado de Derecho pero que en realidad son una excusa para atacar al Gobierno.

Por eso, el 28 de junio ante el Tribunal Supremo, la parada de los jueces expulsó banderas y consignas ajenas a la protesta judicial: el Poder Judicial es de todos, no de unos pocos.